TOLEDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaban este jueves una proposición de ley para elevar al Gobierno de España un proyecto de ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal, y contra la okupación ilegal de viviendas, que hasta el mes de septiembre registraba 467 casos.
Una propuesta que contempla, entre otras medidas, considerar la usurpación de inmuebles como un delito grave, proponiendo el endurecimiento de las penas de hasta tres años de cárcel en caso de uso de la violencia o intimidación, y de prisión o multa de hasta 12 meses en caso de okupación pacífica no consentida. Asimismo recoge un aumento del tiempo de prescripción del delito de 1 a 5 años, y se encomienda a los tribunales un plazo máximo de 48 horas para desalojar al okupa.
Junto a ello recoge también el fortalecimiento del papel de los ayuntamientos y comunidades de vecinos para hacer frente a la okupación ilegal, quedando ambos legitimados para poder denunciar, y del mismo modo propone modificar las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los okupas.
Una proposición de ley que salía adelante con 23 votos a favor, los 19 del PSOE y los 4 de Ciudadanos (Cs), y la abstención de los diputados del PP.
Y es que aunque todos los grupos coincidían en la necesidad de que exista una normativa en esta materia, finalmente no se conseguía cerrar un acuerdo para que la propuesta saliera con la unanimidad del arco parlamentario. Más de una hora de receso al finalizar el orden del día del pleno con el objetivo de negociar la incorporación de enmiendas de la oposición que habían llegado vivas, no fue suficiente.
Así, el presidente del grupo parlamentario de Cs, Alejandro Ruiz, confirmaba el voto favorable a la ley antiokupación, alabando "el interés y voluntad" de llegar a acuerdos, mientras que desde el PP, la diputada Ana Guarinos lamentaba que desde el PSOE no se hubieran aceptado cuestiones para ellos "irrenunciables" como el desalojo exprés en 12 horas o el lanzamiento inmediato, justificando por ello su abstención.
Aun así los diputados del PP votaban a favor de sus enmiendas y de las de la formación naranja que habían sido transadas, salvo en dos en las que se abstenían. Mientras que las de Cs eran aprobadas por la unanimidad de los 33 diputados, las del PP eran rechazadas por los 19 votos del PSOE y la abstención de Cs.
Desde la bancada socialista, su portavoz, Ana Isabel Abengózar, lamentaba la abstención de los populares en la votación del conjunto de la proposición de ley, porque de las 67 enmiendas que presentaba en total había sido aceptado el 80 por ciento de ellas. Algo que había llevado a los socialistas a pensar que la norma podía ser aprobada por unanimidad, aunque "una vez más, el PP demuestra que no ha estado a la altura y que da la espalda a los ciudadanos", les reprochaba.
Por su parte desde Ciudadanos durante el debate, no se había ocultado su temor a que los "socios" del Ejecutivo central no apoyen esta ley cuando llegue a Madrid.
Una ley antiokupación que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, defendía también desde la tribuna de oradores de las Cortes, en la que antes del debate invitaba a todos los grupos parlamentarios a sumarse "a esta oportunidad de oro" para proponer una norma para el conjunto del país que convertirá a Castilla-La Mancha "en la punta de lanza de la defensa de la justicia, de los derechos de los ciudadanos y, especialmente, de aquellos que peor lo están pasando: las familias trabajadoras que son las verdaderas víctimas de la okupación ilegal".
Defendía así una tolerancia "absolutamente cero" contra la okupación ilegal, y detallaba cómo la proposición de ley recogía "mas penas, más agilidad en el proceso, más eficacia, más margen de maniobra para las administraciones". En definitiva, continuaba, "más justicia", puesto que "no puede haber un planteamiento en el que dé la sensación de que el okupa tiene más cobertura legal que la víctima".
Por otra parte, Hernando también subrayaba cómo esta norma pretende "aflorar y visibilizar a otros grupos de víctimas", como son los alcaldes que tiene que enfrentarse a estas situaciones en sus municipios, así como aquellas personas que conviven con la ocupación ilegal en bloques donde se utilizan casas "para la prostitución, para traficar con drogas o para acumular objetos robados".
En la misma línea, la diputada regional del PSOE y ponente del dictamen emitido por la Comisión de Fomento que debatió las 77 enmiendas presentadas en total -de las que aprobó 18, transó siete y rechazó 52 mientras que quedaron vivas 46-, Marisa Sánchez, pedía también el apoyo unánime para una ley que pretende dar una respuesta "integral, ágil y eficaz" al problema de la ocupación ilegal de viviendas.
Defendía así un texto "serio, consensuado y trabajado con quienes sufren el problema".
Una vez aprobada la proposición de ley, las Cortes elevarán el proyecto de ley Antiokupación al Estado, al ser suyas las competencias en esta materia, tal y como contempla la Constitución en su artículo 87.2, en el que se establece que las asambleas de las comunidades autónomas "podrá solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa".
En esta ocasión se ha optado por remitirla al Gobierno de la Nación, por lo que la pelota queda en manos del Ejecutivo central del que dependerá que este proyecto de ley llegue o no a tramitarse y someterse a la votación del Congreso.
