TOLEDO.- Cuatro décadas de progreso y de avances, de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de crecimiento, de solidaridad y de vínculo manchego y castellano, son los frutos de los cuarenta años de autonomía de Castilla-La Mancha,.
Un hito al que se pone fecha un 3 de diciembre de 1981, cuando en la iglesia de Santa María de la localidad conquense de Alarcón, más de un centenar de diputados provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, junto a los representantes de estas demarcaciones en las Cortes Generales, daban luz verde al proyecto del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, como paso previo a su tramitación en el Congreso.
Pero antes de llegar a esa aprobación del proyecto, hubo que dar otros pasos que llevaron casi tres años.
Un camino que comenzaba el 15 de noviembre de 1978, apenas veinte días antes de que los españoles aprobaran en referéndum la Constitución, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-Ley sobre el régimen preautonómico de la Región castellanomanchega.
Se ponía así en marcha el proceso que llevaría al Estatuto de Autonomía, comenzando por la elección el 29 de noviembre del primer presidente preautonómico, Antonio Fernández-Galiano -quien permaneció en el cargo hasta febrero de 1982, cuando fue sustituido por Gonzalo Payo Subiza-, y la primera reunión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el 11 de diciembre en la iglesia de San Agustín de Almagro.
Bases para poder dar comienzo a la elaboración del proyecto de Estatuto de Autonomía, ya que al ser Castilla-La Mancha una comunidad autónoma constituida conforme al artículo 143 de la Constitución, debía ser elaborado por una Asamblea compuesta por los miembros de la diputación de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ellas (tal y como establecía el artículo 146 de la Carta Magna), para posteriormente elevar el texto a las Cortes Generales y proceder a su tramitación como ley.
No fue hasta el 24 de noviembre de 1980 cuando las cinco diputaciones provinciales -previas reticencias de Guadalajara- manifestaron su acuerdo mayoritario, el cual fue ratificado por el 84 por ciento de los 915 municipios existentes entonces en la región. De esta forma, 1.441.299 habitantes del total de 1.648.457 con los que contaba entonces la incipiente Castilla-La Mancha, daban por bueno seguir adelante con el proyecto del Estatuto.
Sin embargo, también hubo quien entonces se opuso, 25 municipios, y otros 126 no se llegaron a pronunciar en plazo.
No obstante, se superaba con amplitud los requisitos establecidos en la Constitución, por lo que el 21 de junio de 1981 en Manzanares (Ciudad Real), tras la constitución de la Asamblea formada por 160 representantes (miembros de las diputaciones, diputados en el Congreso y senadores), daba comienzo la elaboración del Estatuto de Autonomía.
Un proyecto que era aprobado poco más de cinco meses después, el 3 de diciembre de 1981, en Alarcón (Cuenca).
El documento estaba así listo para ser enviado al Congreso de los Diputados de cara a su tramitación como ley orgánica.
Fueron dos las enmiendas a la totalidad las que se presentaron al proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Una de ellas, que pretendía su devolución, planteada desde el Grupo Mixto por Ramón Tamames, argumentando las "graves consecuencias que tendría la constitución de una Comunidad Autónoma como la propuesta, abarcando la mayor parte del territorio geográfico de la submeseta sur, pero excluyendo de él a la provincia de Madrid".
La otra, que estaba acompañada de un texto alternativo, fue presentada por el Grupo Parlamentario Comunista, desde el que se justificaba la enmienda a la totalidad en la falta de consenso y las deficiencias técnicas y políticas.
Ambas fueron desestimadas por el Pleno del Congreso el 20 de abril de 1982, por lo que la tramitación siguió adelante.
De este modo, y tras pasar por la Comisión Constitucional del Congreso, el dictamen llegaba al Pleno los días 16 y 17 de junio de 1982. En la votación final fueron 244 los apoyos recibidos, 18 parlamentarios votaron en contra, otros 4 se abstuvieron y se contabilizó también un voto nulo.
Así, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha quedaba aprobado por la Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto, entrando en vigor siete días después.
PRIMERAS ELECCIONES
Con el Estatuto ya vigente, se ponía en marcha la maquinaria en Castilla-La Mancha. A la espera de la celebración de las primeras elecciones a Cortes, el Estatuto recogía que habría de constituirse una Asamblea Provisional, integrada un número de miembros igual al de diputados y senadores a Cortes Generales por las cinco provincias. De su designación se ocuparon los partidos políticos, en igual número al de sus parlamentarios en las Cortes Generales.
Esta Asamblea quedaba constituida el 15 de septiembre de 1982, procediéndose a la elección del presidente de la Junta de Comunidades y dando por disuelto el Ente Preautonómico.
Un mes y medio después, sin embargo, las elecciones generales supusieron un cambio radical en la representación política de las cinco provincias, por lo que se constituyó una nueva Asamblea Provisional. El escenario elegido fue el toledano Palacio de Lorenzana, en el que el 22 de diciembre de 1982, se procedía a la investidura del nuevo presidente de la Junta, Jesús Fuentes Lázaro.
Dos fueron las reuniones de esta Asamblea Provisional, celebradas los días 5 de febrero y 16 de abril de 1983. El 8 de mayo se celebraron las elecciones y el día 31 las Cortes de Castilla-La Mancha celebraron su sesión constitutiva, invistiendo como presidente de la Junta de Comunidades a José Bono Martínez el 6 de junio.
CINCO REFORMAS
A lo largo de estas décadas el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha sufrido varias modificaciones de distinta índole, con mayor o menor calado.
La primera tenía lugar a comienzos de los 90, cuando mediante la ley orgánica 6/1991 de 13 de marzo, modificaba el artículo 10.2 para hacer coincidir la celebración de las elecciones autonómicas en catorce comunidades.
Tres años después, se planteaba una reforma de mayor relevancia con el objetivo de cumplir con el Pacto Autonómico de 1992 y comenzar la transferencia de competencias (ley orgánica 7/1994 de 24 de marzo).
Sin embargo fue la reforma de 1997 la de mayor significado político, después de que todos los grupos parlamentarios acordasen proponer una reforma para "profundizar en la capacidad de autogobierno de las instituciones de la Junta de Comunidades", cuyas normas estatutarias limitaban entonces su desarrollo.
Posteriormente, ya en el año 2002 se introducía una modificación a la disposición adicional primera del Estatuto, al haberse modificado el régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma.
La quinta y última reforma llevada a efecto tendría lugar en 2014, aunque antes, en 2010, las Cortes presentaron ante el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma del Estatuto, que sin embargo fue retirada.
La reforma de 2014 tenía como objetivo reducir el número de parlamentarios, estableciendo los límites en un mínimo de 25 y un máximo de 35 diputados.
Ya desde la pasada legislatura se viene barajando una nueva reforma, aunque la falta de consensos y los tiempos electorales dejaron la iniciativa en compás de espera. Propuesta que ha recuperado fuerzas ya esta X Legislatura con la intención de blindar servicios públicos, introducir la lucha contra la despoblación o las competencias en materia de agua, cuestiones todas ellas para las que se tratará de buscar el máximo consenso.
