GUADALAJARA.- Nueva amenaza de desalojo en Fraguas (Guadalajara), diez días de plazo para marcharse de forma voluntaria o habrá ejecución forzosa, y en caso de oponer resistencia, podrán ser multados.
Así se les ha comunicado por parte del Gobierno regional, a través de una resolución administrativa, que firma el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, por la que se da vía libre a las acciones necesarias para recuperar la posesión del monte ocupado y a la demolición de las construcciones ilegales.
Una resolución a la que ha tenido acceso PeriódicoCLM en la que se ordena declarar "ilegítima" la posesión y restitución del monte nº 277 del CUP 'Fraguas', al considerar "suficientemente acreditado" el hecho de la usurpación, construcción y ocupación del mismo por diferentes personas, a las cuales se repercutirán los gastos que conlleve la demolición de lo ilegalmente construido, tal y como se contempla en la sentencia nº 360/2018, de 7 de junio, del Juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara, así como a quienes resulten responsables a raíz de la instrucción de las diligencias del procedimiento abreviado, autos nº 190/2020, que se sigue en el mismo juzgado.
Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible se ordena así llevar a cabo las acciones conducentes a la devolución de la posesión y el desalojo del monte ocupado, así como a proceder a la demolición de las construcciones ilegales.
La resolución -firmada el pasado 7 de diciembre y notificada el día 13 a los afectados- recoge así dar "a los usurpadores u ocupantes", un plazo de diez días para cesar de forma voluntaria la ocupación, y en caso de resistencia -recoge la resolución-, "se adoptarán las medidas necesarias para la ejecución forzosa de la resolución".
De este modo, de ser preciso el lanzamiento, se podrá solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como imponer multas coercitivas de hasta un 5 por ciento del valor de los bienes o derechos usurpados, reiteradas de forma sucesiva por periodos de diez días.
Por otra parte, si los ocupantes no cesaran de forma voluntaria su actuación, correrán por su cuenta todos los gastos generados con ocasión de la ejecución forzosa, los cuales podrán hacerse efectivos a través del procedimiento de apremio contra el patrimonio.
Una resolución que los repobladores de Fraguas consideran "ilegal", ya que la ejecución penal "todavía está en marcha" y con cuestiones pendientes por resolver.
En este sentido detallan cómo el 22 de noviembre se dictó un auto de la Audiencia Provincial en el que no se considera necesario el estudio propuesto por el CSIC sobre los bienes patrimoniales al considerar que habría elementos susceptibles de protección al amparo de la ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, pero permite hacer un nuevo estudio imparcial, a la vez que obliga a la Junta de Comunidades a trasladar los informes y estudios realizados por iniciativa propia, para que tanto el Ministerio Fiscal como la representación de los ejecutados puedan manifestar si aceptan o no los profesionales designados por la Consejería para la realización de los estudios y, en su caso, si precisan de alguna aclaración o precisión para adaptarlos a los términos de la sentencia ejecutada.
Informes que los repobladores se preguntan "dónde están", al tiempo que consideran que la ejecución de la sentencia supone "un delito contra el patrimonio", por lo que insisten en la necesidad de un estudio que lo avalase.
Por otra parte, recuerdan que la sentencia de demolición -precisamente la que se encuentra en fase de ejecución- únicamente puede afectar a lo reconstruido antes de 2017, mientras que la resolución que firma Escudero pretende "recuperar la posesión del conjunto de Fraguas".
Igualmente, y en lo que respecta a "los términos" en los que se ejecute la sentencia, precisan que es algo que depende del Juzgado de lo Penal número 4 de Guadalajara, y que no pueden ser juzgados a la vez por lo penal y lo administrativo.
Para los repobladores queda claro que lo que pretende la Consejería de Desarrollo Sostenible no es más que "demoler a ras de suelo".
Sin embargo, el auto de fecha 28 de octubre de 2021 dictado por la jueza que se ocupa de la ejecución, precisa que en Fraguas "sólo se ejecutará el contenido de la sentencia" de 7 de junio de 2018 "y nada más", no incumbiendo a la ejecutoria "ni supuestos nuevos moradores ni supuestas nuevas construcciones". Cuestiones, recuerdan, por las que se encuentra abierto otro juicio penal.
Junto a todo ello, aseguran que la mayoría de los inculpados o bien ya no viven en Fraguas, "o ni siquiera han vivido nunca", apostillan.
Cuestiones todas ellas por las que han recurrido la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sumando así a su haber otro nuevo juicio administrativo, "sin siquiera haber resuelto los anteriores".
Para el colectivo 'Fraguas Revive' con esta resolución la Junta de Comunidades "se retrata nuevamente", al plantear "trámites desesperados e ilegales" con el único objetivo de "acabar" con un proyecto sostenible apoyado por el conjunto de la sociedad.
