TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emprendido acciones legales de carácter penal y civil en diversos casos de okupación ilegal en las '148 viviendas' del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo. Una promoción de viviendas sociales en las que la delincuencia y el tráfico de drogas se han sumado a los problemas derivados de las deficiencias en la propia construcción, problemas de convivencia y la okupación ilegal de viviendas que quedaron sin adjudicar.
Una situación descontrolada desde hace tiempo, en la que el vandalismo, la inseguridad y el miedo a los propios vecinos se ha apoderado de quienes residen en esta zona.
Una urbanización promovida por la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), adscrita a la Consejería de Fomento, desde la que se subrayan las actuaciones llevadas a cabo para mejorar este grupo de viviendas, y que han supuesto una inversión de 370.000 euros entre los años 2020 y 2021.
Intervenciones de reparación y mejora que sin embargo no han servido para subsanar otras situaciones conflictivas, que han acabado en los tribunales con una veintena de sentencias condenatorias.
En este sentido, desde el Gobierno regional defienden que su política respecto al parque público de vivienda es de "doble sentido", al considerar "esencial", por una parte, "disponer de un parque residencial en buen estado para garantizar la calidad de vida de todas las personas y familias adjudicatarias del parque público de vivienda", y por otro, "la tolerancia cero con la okupación ilegal", de modo que se ofrezca seguridad jurídica a los legítimos inquilinos de estas viviendas de protección pública.
Así lo ha señalado en nota de prensa el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha recalcado que estos recursos habitacionales públicos "deben estar a disposición de familias de nuestra región con dificultades, y no para el aprovechamiento ilícito".
Para ello, además de acudir a los tribunales, desde el Gobierno regional aseguran estar manteniendo "reuniones periódicas" con los vecinos de la promoción, así como con la Subdelegación del Gobierno, con el objetivo de "potenciar la coordinación interadministrativa en todo lo que se refiere a la seguridad de estas viviendas".
Cabe recordar que a finales de 2020 Castilla-La Mancha aprobaba una proposición de ley contra la okupación ilegal de viviendas para su remisión al Gobierno. Una iniciativa que quedó 'en modo de espera' durante meses, con anuncio de ultimátum por medio, pero que sin embargo más de un año después sigue, aparentemente, en el mismo punto.
El pasado mes de enero el problema de la okupación volvía a debatirse en el pleno del Parlamento autonómico, cuando se pedía que la proposición de ley aprobada en su día fuera enviada a la Mesa de las Cortes, de modo que el plazo para su admisión a trámite o no sería de un máximo de 30 días. Una iniciativa que recibía el rechazo de la Cámara, argumentando que no era el momento de cambiar el destinatario e insistiendo en que no se han agotado las vías de diálogo.
