Solo el 21,8 por ciento de las empresas de la región con más de 50 trabajadores tienen plan de igualdad

Desde el año 2010 se han negociado y registrado en Castilla-La Mancha 136, frente a las más de seiscientas empresas que están obligadas a tenerlo.
Desde el sindicato Comisiones Obreras piden redoblar esfuerzos para la elaboración de los planes y su cumplimiento.
photo_camera Desde el sindicato Comisiones Obreras piden redoblar esfuerzos para la elaboración de los planes y su cumplimiento.

TOLEDO.- Este lunes termina el plazo dado a las empresas de más de 50 trabajadores en plantilla de Castilla-La Mancha para negociar, aplicar y evaluar planes de igualdad, y hasta el momento solo el 21,8 por ciento de las obligadas a ello lo han registrado. Ahora se abre un nuevo plazo de tres meses para que se constituya la comisión encargada de negociar tanto el diagnóstico de la situación de cada centro de trabajo, como de las medidas correctoras ante las situaciones de desigualdad y discriminación detectadas.

Casos de empresas donde los hombres perciben mayoritariamente complementos salariales que no perciben las mujeres o empresas donde no hay procesos de promoción establecidos que permitan una carrera profesional sin discriminación, son algunos ejemplos de la realidad que puede salir a la luz con estos planes de igualdad.

Una situación sobre la que se llama la atención desde el sindicato Comisiones Obreras en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, haciendo hincapié en la utilidad de estos planes.

Así lo ha señalado la secretaria de Acción Sindical de CCOO CLM, Nunzia Castelli, quien ha explicado que la organización "intensifica estos días su trabajo de asesoramiento, información y acompañamiento", y ha advertido de que por el momento, muchas de las empresas de la región están por comenzar la negociación de su plan.

Ha detallado que desde 2010 se han negociado y registrado 136 planes en Castilla-La Mancha, cuando el tejido productivo es de 624 empresas de 50 o más trabajadores. De estos planes, apunta, 27 se registraron ya antes de la entrada en vigor del decreto 901/2020, con el que se reforzó la obligatoriedad de los mismos, su carácter negociado y las materias que deben recoger.

De este modo, los planes registrados representan el 21,8 por ciento de las empresas obligadas, por lo que desde el sindicato se ve "con preocupación" el grado de cumplimiento de las obligaciones empresariales en esta materia, "pero también los datos de las medidas correctoras elaboradas en las empresas para hacer efectivo el derecho fundamental a la igualdad de trato y de oportunidades, y a la prohibición de toda discriminación por razón de género".

Consideran que a veces el compromiso con la igualdad de género es "insuficiente" en la dirección de las empresas, lo cual "dificulta la elaboración y la implantación efectiva de medidas eficaces para la lucha para la igualdad".

Asimismo Castelli subraya cómo la negociación de medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral es una obligación que afecta a todas las empresas, al margen de su tamaño, aunque además esté la obligación de contar con un plan de igualdad para aquellas que alcanzan las 50 personas en plantilla.

Por otra parte, desde la organización sindical señalan que se están encontrando con algunos problemas en torno a la aplicación de esta herramienta, como la "mercantilización" de los planes, ya que están surgiendo numerosas empresas "que hacen diagnósticos estandarizados que no cumplen con la norma, en la medida que no son diagnósticos hechos sobre la realidad concreta de la empresa que se analiza".

Desde CCOO CLM recuerdan que el incumplimiento del deber de elaborar y aplicar un plan de igualdad supone una infracción grave, sancionable con una multa de 626 a 6.250 euros, pudiendo asociarse a sanciones accesorias, como por ejemplo la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo.

Asimismo, en virtud de la ley de Contratos del Sector Público, aquellas empresas que no tengan un plan de igualdad o que no lo cumplan, no podrán contratar con la Administración Pública.

Por ello instan a las empresas castellanomanchegas a hacer frente a sus obligaciones en esta materia, "no solo para evitar ser sancionadas, sino porque la igualdad es un derecho fundamental de todas las personas cuya garantía de efectividad en una sociedad democrática no puede quedarse a las puertas de los centros de trabajo".

Del mismo modo piden a las administraciones públicas y al Gobierno regional que redoblen sus compromisos y esfuerzos, no solo para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de igualdad, sino "para que se impliquen con empresas y sindicatos en la puesta en marcha de esta importante herramienta con la que se pretende acabar con la histórica y estructural discriminación laboral de las mujeres".

Consideran que "urge" un compromiso "firme, real y efectivo" para acabar con las brechas de género y para la activación de políticas eficaces de cuidados y de corresponsabilidad entre empresas, hombres e instituciones públicas con la igualdad.

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