TOLEDO.- Castilla-La Mancha lleva a Bruselas su bandera de acomodar los mecanismos de financiación al coste efectivo de la prestación de servicios sobre el territorio, algo que también considera que debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar los fondos estructurales en la Unión Europea.
Un planteamiento que ha defendido el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, durante su intervención en la Conferencia del Pacto Rural Europeo, donde ha detallado las principales medidas de la pionera ley contra la Despoblación aprobada por Castilla-La Mancha en mayo de 2021, en la que por primera vez se introducía la política fiscal como instrumento para retener y atraer población.
Una ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural cuyos detalles ha presentado Martínez Guijarro en el marco de la sesión titulada 'Cooperar entre departamentos y niveles de gobierno', en la que ha subrayado cómo es clave "tener en cuenta la realidad de los territorios" despoblados e incluso "obligar a los estados miembros a invertir en ellos".
En este sentido, el vicepresidente castellanomanchego ha insistido en que "cuando hablamos de despoblación, estamos hablando de financiación", tanto a las comunidades autónomas por parte del Estado español como por parte de las instituciones europeas. Por ello considera fundamental que en el diseño de los mecanismos se tenga en cuenta el coste efectivo de la prestación de servicios, algo que debe ser "clave" en el nuevo diseño del sistema autonómico de financiación, pero también en el de los fondos estructurales europeos.
Para Martínez Guijarro "el gran debate" que se debe abordar en el seno de la Unión Europa es este, de modo que el medio urbano asuma el compromiso de "mantener el medio rural de Europa". Y es que, ha subrayado, "no podemos depender solo de la voluntad de incrementar un poco más o un poco menos determinados fondos en la Unión Europea".
Durante su intervención en esta conferencia, que reúne hasta este jueves a políticos regionales y nacionales de la Unión Europea, junto a autoridades locales, actores sociales y económicos en torno a esta visión rural de Europa, el vicepresidente autonómico ha recorrido las distintas iniciativas recogidas en la norma castellanomanchega, caracterizada por su transversalidad y el consenso obtenido tanto con el tejido social como en su tramitación parlamentaria, al haber sido aprobada por unanimidad.
Así, ha explicado medidas como las deducciones fiscales contempladas en la ley, de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para quienes tengan estancia efectiva en las zonas rurales, así como la desgravación de hasta el 15 por ciento para la adquisición o rehabilitación de vivienda para quienes vivan o deseen vivir en el medio rural. Desgravaciones, ha apuntado Martínez Guijarro, que se están haciendo efectivas ya en la actual campaña de la Renta y que se estima beneficiarán a un total de 90.000 declarantes.
Junto a ello también ha detallado otras iniciativas contempladas en esta ley pionera a nivel nacional, como el blindaje de los servicios públicos, como la sanidad, la educación, los servicios sociales y el transporte, o las ayudas de hasta el 40 por ciento adicional para la instalación de empresas en las zonas afectadas por la pérdida demográfica.
Del mismo modo el vicepresidente regional se ha referido a otras cuestiones contempladas en la ley regional, como el concepto de 'impacto demográfico', con el cual se garantiza que toda la normativa que se desarrolle tenga en cuenta sus efectos en los municipios que sufren la despoblación.
En este foro, en el que Castilla-La Mancha ha sido la única comunidad autónoma española invitada a participar en las sesiones de alto nivel, también se han dado a conocer otras políticas ya en marcha como la agenda rural francesa o las que Irlanda lleva desarrollando desde 2020.
