TOLEDO.- Dignificar la memoria de las víctimas del terrorismo y a su vez contribuir "al sentido común" en la política nacional es lo que pretende el Gobierno de Castilla-La Mancha con la nueva ley de reconocimiento y reparación, a cuyo anteproyecto de ley ha dado hoy luz verde el Consejo de Gobierno.
Una norma que anunciaba el pasado mes de octubre el presidente regional, Emiliano García-Page, coincidiendo con el décimo aniversario del cese definitivo de la actividad armada por parte de la banda terrorista ETA, y cuyo compromiso reiteraba hace solo unos meses, el pasado marzo, al cumplirse dieciocho años de los atentados del 11M.
Una nueva norma del Ejecutivo regional se ha diseñado buscando dignificación de la memoria de las víctimas, lo cual consideran "necesario" para la propia democracia, ya que reconocer a quienes han sido atacados por el terrorismo es "un deber", si no constitucional, "al menos moral y ético".
Así lo ha subrayado el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, tras la reunión del Consejo de Gobierno durante la rueda de prensa ofrecida para explicar algunos detalles de esta nueva norma, a la que se ha referido como "una ley con alma", por la que se establecen un conjunto de medidas y prestaciones en distintos ámbitos de competencia autonómica destinadas a quienes sufran la acción terrorista. Medidas en el ámbito sanitario, los servicios sociales, la educación, el empleo, transporte y vivienda, así como prestaciones, con el objetivo de atenuar las consecuencias de los actos terroristas y facilitar la vida de las víctimas y sus familias.
Entre las medidas que recoge, se garantiza la asistencia sanitaria a las víctimas del terrorismo, con mención especial a la atención psicológica durante los días posteriores a los atentados, pero también a lo largo de la vida de estas personas cuando sea necesario. También se establece en este ámbito la sensibilización y formación del personal sanitario, con el fin de mejorar el diagnóstico, la asistencia y la rehabilitación.
En materia de servicios sociales, las personas reconocidas como víctimas del terrorismo tendrán acceso prioritario a los mismos, así como a sus prestaciones. Prioridad que también se les reconoce para la prestación de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria, a los procedimientos de valoración, reconocimiento y revisión de las situaciones de dependencia o de discapacidad.
Igualmente, en materia educativa, quedará garantizada por ley la asistencia psicopedagógica a los alumnos en esta situación, "en cualquier etapa de la educación" que precisen de apoyo para seguir cursando sus estudios; y tendrán acceso preferente a las ayudas de comedores escolares y material curricular, transporte y residencias.
También las víctimas del terrorismo quedarán exentas del pago de tasas y precios públicos por la prestación de servicios académicos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos en Castilla-La Mancha, en los distintos niveles educativos.
Por otra parte, disfrutarán de acceso gratuito a los centros y recursos culturales y museos de titularidad autonómica.
En materia de formación y empleo, quienes tengan el reconocimiento de víctimas de terrorismo tendrán prioridad para participar en todos los programas de empleo y formación profesional para el empleo del Gobierno regional; mientras que en materia de transporte se garantiza una bonificación de hasta el 50 por ciento los viajes en servicios regulares de transporte interurbano por carretera dentro de la comunidad autónoma, y en vivienda, quienes tengan necesidades especiales derivadas del acto terrorista, recibirán un asesoramiento específico para satisfacerlas.
Por último, en materia de fiscalidad, la ley habilita el reconocimiento de beneficios fiscales en la normativa tributaria propia de la comunidad autónoma para aquellas víctimas del terrorismo que residan en la región, y la exención del pago de tasas por participar en procesos selectivos.
Esta nueva ley, que persigue así una "discriminación positiva" hacia las víctimas del terrorismo -según los datos del Ministerio del Interior 284 con residencia en Castilla-La Mancha-, se encuentra articulada en cuatro títulos y un total de 36 artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria y cuatro disposiciones finales.
Asimismo, en su articulado contempla una serie de distinciones que podrán ser entregadas por parte de la Comunidad Autónoma, bien una medalla a las víctimas del terrorismo o bien a aquellas instituciones o personas que hayan actuado de manera destacada en la defensa y atención a las víctimas, tal y como ha explicado el vicepresidente regional.
Pero además esta ley incorpora también medidas activas para la desligitimación ética, social y política del terrorismo, encaminadas a promover el diálogo de acuerdo con los valores de libertad, justicia e igualdad que legitimen el Estado social y democrático de derecho.
También insta al Gobierno regional a impulsar la educación para la paz y la convivencia, el respeto a los derechos humanos y las libertades, debiendo implantar en el currículo educativo proyectos con contenidos referentes a la historia del terrorismo, el fomento de la consideración hacia las víctimas del terrorismo y el rechazo a la violencia terrorista.
Un anteproyecto de ley de Reparación y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo de Castilla-La Mancha, que salva este primer trámite de aprobación por parte del Ejecutivo coincidiendo con el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA, y que ahora deberá ser remitido al Consejo Consultivo, como paso previo a su envío a las Cortes para la tramitación parlamentaria.
Martínez Guijarro confía en que para el mes de diciembre el informe del Consultivo ya se haya remitido al Ejecutivo regional, de modo que la ley pueda quedar aprobada antes de que finalice el año. Una norma que, ha precisado, "nos gustaría que contara con el máximo consenso en las Cortes".
Por último, el vicepresiente regional ha agradecido a las asociaciones de víctimas del terrorismo -AVT, 11M y de Víctimas de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado- su participación en la elaboración de este anteproyecto de ley.
