ALBACETE.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ultima su Estrategia Sin Desperdicio 2030, que tiene como objetivo reducir a la mitad el desperdicio alimentario en la región, cifrado en estos momentos en 62.000 toneladas al año con un valor de 500 millones de euros.
Datos "preocupantes", que muestran cómo en España se desperdician 31 kilos de alimentos por persona, lo que representa 250 euros por consumidor y equivale al 8 por ciento de los gases de efecto invernadero que se producen al año. Un desperdicio alimentario que se genera, en un 42 por ciento por parte de las personas consumidoras -según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-, no las grandes cadenas de distribución, ni la hostelería o los productores, sino "las personas que sin necesitarlo, estamos contribuyendo a la producción de alimentos que no consumimos".
Algo contra lo que se pretende luchar también desde Castilla-La Mancha, por lo que en el mes de septiembre el Gobierno regional aprobará esta ambiciosa estrategia, con la vista puesta en reducir un 50 por ciento los alimentos que se desperdician en siete años.
Así lo ha señalado el director general de Agenda 2030 y Consumo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Ramón Lara, quien durante un desayuno informativo ha explicado los detalles de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la modificación del Decreto 19/2019, de 26 de marzo, mediante la cual se actualiza el marco de actuación de la administración autonómica, tal y como habían solicitado los miembros del Foro Regional del Desperdicio Alimentario en su primera reunión.
Una reglamentación que se adapta no solo para contemplar la donación de excedentes, sino también la valorización de los alimentos en su redistribución posibilitando con el mismo la creación de empleo.
Con esta decisión se incluye a las emrpesas de inserción entre las entidades y organizaciones participantes en los procesos de recuperación y redistribución de excedentes alimentarios, favoreciendo la creación de empleo entre los colectivos desfavorecidos a través de acciones de economía circular y aplicando criterios de contratación pública responsable.
De este modo, ha explicado Lara, se refuerza también el nuevo derecho de las personas consumidoras a su soberanía alimentaria vinculada al consumo de productos locales y de estación distribuidos en circuitos cortos de comercialización, así como a un consumo responsable basado en la prevención del desperdicio alimentario de los recursos básicos, tal y como recoge la ley regional de las Personas Consumidoras.
De forma paralela se ultima esa Estrategia Sin Desperdicio 2030, alineada con la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario del Gobierno de España, y que en la región se va a hacer confluir con las Estrategias de Economía Circular, de Agenda 2030, de Educación Ambiental y con la futura normativa de gestión de residuos, así como con el futuro Plan regional de Compra Pública Responsable.
Pero esta no es la primera iniciativa que se incentiva desde el Ejecutivo regional en este sentido, puesto que en la convocatoria para 2022 de concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos en materia de consumo responsable realizados por entidades sin ánimo de lucro, "se van a financiar varios proyectos contra el desperdicio de alimentos". Asimismo, ha recordado, en la campaña que se llevó a cabo en Navidad con el sector hostelero se repartieron 120.000 salvamanteles y cubrecubiertos, así como 15.000 envases para que los clientes de los establecimientos pudieran llevarse los sobrantes de sus menús".
