En Castilla-La Mancha se han registrado una decena de casos de pinchazo hasta la fecha. - ISTOCK

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha actualizado su protocolo de asistencia a víctimas de sospecha de sumisión química o agresión a través de un pinchazo, estableciendo para ello un 'código violeta', con el que se pretende "integrar todas las puertas de entrada que puede tener una víctima y qué se debe hacer" ante un caso.

Agresiones mediante un objeto punzante en contextos de ocio que desde el pasado mes de julio, y especialmente en las últimas semanas, se han venido produciendo y creando "cierta alarma social".

Así lo ha señalado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández, quien ha destacado que el objetivo principal del protocolo es "coordinar e integrar todos los posibles puntos de atención", conocidos como los 'puntos violeta', así como los centros de atención primaria, emergencias, puntos de atención continuada o urgencias hospitalarias, para actuar "con agilidad, credibilidad, amparo a la víctima" y, prestar esa atención "lo mejor posible, con la mayor dignidad y con la mayor eficacia posible".

Para ello se ha establecido un protocolo en el que prima la rapidez para poder realizar las analíticas en un centro de salud u hospital, puesto que se trata de drogas que se diluyen rápidamente, de ahí que se haya establecido ese 'código violeta' que agilice el proceso.

En este punto, la consejera ha recordado que la sumisión química, o el pinchazo, constituye una agresión, que está penada por el Código Penal y que además "es un delito público por la alarma social que genera". Algo que "se puede investigar y perseguir desde la Administración pública, así como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque no haya denuncia".

"TODO EL PESO DE LA LEY SOBRE EL VIOLADOR"

En este sentido, Fernández ha avanzado que la Junta de Comunidades se personará como acusación popular en estos casos "si hubiese alguna agresión sexual derivada de la sumisión química".

Así, ha advertido a quienes pudieran llevar a cabo este tipo de 'pinchazos', aunque no hayan inoculado ningún tipo de droga o suscantia a las víctimas, que "se atengan a las consecuencias", porque "como se le identifique, tiene serias repercusiones legales".

Y es que desde el Gobierno regional están dispuestos a hacer que "recaiga todo el peso de la ley sobre aquel violador que se atreva a someter químicamente a sus víctimas", ha advertido la consejera, quien ha avanzado que en el próximo Consejo de Gobierno se formalizará esta decisión, que requiere -además de la decisión política- una forma jurídica.

Asimismo, en este protocolo, se establece un diagnóstico con el objeto de reintegrar el nivel de salud del paciente y dar la respuesta médico legal oportuna que garantice los derechos de la víctima.

72 HORAS, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

El protocolo actualizado por el Gobierno regional recoge, entre otras cuestiones, la actuación en los puntos de información ciudadana e igualdad, los conocidos como 'puntos violeta'.

Así, se establece que si han pasado menos de 72 horas, se alertará al Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias, procediendo a la activación del 'código violeta'.

Si por el contrario han pasado más de 72 horas, se derivará a la víctima a atención primaria, salvo que existan lesiones que tengan que ser atendidas por personal sanitario, en cuyo caso se alertará al Centro Coordinador de Urgencias.

En el resto de casos, el protocolo establece que se procederá a denunciar y realizar seguimiento por parte del médico de atención primaria, a la mayor brevedad posible.

Por otra parte, el protocolo recoge que tras la agresión por 'pinchazo' las víctimas deberán estar en todo momento acompañadas, y que a su relato se dará mucha importancia, para lo cual se facilitará "espacio de escucha y veracidad" de cara a su recuperación. Y es que, subrayan, "los datos añadidos en su relato pueden ayudar a esclarecer cómo es la práctica general de este tipo de agresión".

Un espacio que también posibilitará que la mujer recupere "una cierta seguridad y control, minimizando el trauma".

Asimismo establecen que se llamará al 112 si es preciso un desplazamiento urgente y no tiene medios para ello, como también se requerirá la asistencia sanitaria in situ si fuera preciso.

El protocolo establece que se deberá acudir rápidamente a un centro hospitalario o al centro sanitario que se haya establecido para la atención sanitaria de estos casos, y se realizará una notificación urgente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para la detención del presunto agresor o agresores, que pudieran haberse identificado y evitar así que sigan actuando.

Del mismo modo que en el resto de situaciones de violencia de género, para aquellas mujeres que presenten alguna situación de vulnerabilidad añadida (con discapacidad, migrantes, en situación de exclusión o con adicciones, por ejemplo), se contempla una actuación aún más intensiva a la que se incorporarán los apoyos sociales necesarios, con el objetivo de poder ayudarlas con eficacia.

DIEZ CASOS, OCHO CON DENUNCIA

Por último la consejera de Igualdad y portavoz ha detallado que, en base a los datos de los que dispone el Gobierno de Castilla-La Mancha, en la región se han registrado hasta la fecha un total de diez casos, que han acudido de una u otra manera al sistema sanitario, de los cuales ocho han tramitado la correspondiente denuncia.

Casos todos ellos, ha precisado Blanca Fernández, que han dado negativo en el primero de los análisis realizados.