TOLEDO.- Los animales utilizados en determinadas actividades como la caza, la cetrería o el pastoreo podrían quedar excluidos del proyecto de ley de Bienestar Animal, tal y como se ha reclamado desde el Ejecutivo castellanomanchego, después de que el PSOE haya anunciado este jueves que presentará una enmienda para ello.
Cabe recordar que este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, volvía a insistir en el rechazo de la comunidad autónoma al proyecto de ley tal y como está planteado, exigiendo cambios para que no afectase a la actividad cinegética. En este sentido, criticaba las "telarañas ideológicas" que algunos habían intentado "colar" en esta ley, algo en lo que veía un "error de bulto".
Un planteamiento que García-Page volvía a poner sobre la mesa, coincidiendo con una reunión técnica sobre el proyecto de ley, meses después de haber dejado claro que la propuesta realizada desde el Gobierno le parecía "urbanita" y carente de lógica, al ser contraria a cuestiones, como la caza, que "no solo forman parte de la sociedad, sino que son una parte sustancial de nuestra forma de ser", abogaba entonces. Punto de vista que aseguraba era compartido por otras comunidades autónomas.
De este modo, apenas 24 horas después de que volviese a manifestar su "disgusto" con este proyecto de ley, ese rechazo ha tenido respuesta anunciándose la presentación de una moción para excluir lo relacionado con la actividad cinegética del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El encargado de anunciar la enmienda a presentar ha sido el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, quien ha precisado que habrá una legislación específica para los perros de caza, rehalas y animales auxiliares.
Una enmienda con la que se quieren evitar "las malintencionadas interpretaciones que algunos están haciendo para predisponer a buena parte del sector que se dedica a la actividad cinegética y del mundo rural en contra del Gobierno", y clarificar así la Ley de Bienestar Animal.
Desde el Ejecutivo castellanomanchego su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, se atribuye esta decisión "a las gestiones del presidente de Castilla-La Mancha". Lo ha señalado así durante su intervención en el Parlamento autonómico, donde ha destacado que el trabajo y la reivindicación que se ha venido haciendo desde el Gobierno regional han conseguido que el grupo socialista en el Congreso de los Diputados vaya a presentar esta enmienda para excluir a los animales de determinadas actividades, entre ellas la caza.
De este modo consideran que se da la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha, que desde hace meses venía reclamando que los animales de caza no son mascotas y que, por tanto, no tienen que estar sometidos a la legislación de bienestar animal, sino contar con una legislación específica, hasta la fecha inexistente.
Enmienda que se presentará "cuando se abra el plazo", ha precisado López al haberse calificado esta misma mañana, y en función de la cual se excluirán de la ley animales dedicados a actividades específicas, incluidos entre ellos también los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y los de rescate, "cumpliendo los artículos 24 y 27 que son los de las obligaciones y cuidados".
Junto a ellos también los perros de caza, las rehalas y los animales auxiliares de caza que quedarían al margen de esta ley al plantearse otra específica para ellos "tal y como recoge la estrategia nacional de gestión cinegética".
De este modo, ha precisado, la Ley de Bienestar Animal sería "para animales domésticos, que viven en el domicilio familiar con los titulares del mismo, y el resto tendrían una legislación específica en la línea de la regulación europea y en la línea de lo que nos evitaría conflictos con las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas".
En este sentido, desde el Gobierno regional han recordado que desde que se conociera el texto de la futura norma han venido manifestando su disconformidad con la misma por el "agravio" al sector cinegético, pero también por otros planteamientos como las obligaciones que genera a las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de centros de control para los animales que están sueltos, pero sin plantear financiación de la prestación de esos servicios.
