TOLEDO.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto por el que más de 93.000 funcionarios de la región van a recibir en su nómina de noviembre el incremento del 1,5 por ciento, tal y como está previsto en la legislación básica del Estado, para paliar los efectos de la inflación.
De este modo, Castilla-La Mancha se convertirá en una de las primeras comunidades autónomas en abonar a su personal este aumento, tal y como ha destacado este martes en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha detallado que de esta medida se beneficiarán los 82.000 empleados de la Administración regional, a los que hay que sumar los más de 11.500 trabajadores que forman parte de la plantilla de las empresas y fundaciones del sector público regional, de la Universidad de Castilla-La Mancha y del profesorado vinculado a plazas públicas en centros de enseñanza concertados.
El consejero ha explicado que el Real Decreto Ley 18/2022, de 18 de octubre, contempla, junto a otros asuntos, una compensación adicional del 1,5 por ciento en las retribuciones del personal empleado público para este año, con carácter retroactivo a efectos de 1 de enero de 2022. Y ha añadido que "con el fin de hacerla efectiva cuanto antes", el Gobierno regional ha aprobado este decreto "con la máxima celeridad", ya que era un requisito necesario.
Una medida que tendrá un impacto económico de 62,5 millones de euros, para lo cual el Gobierno está autorizado a utilizar los mecanismos de financiación que pone a su disposición el de liquidez autonómica.
Ruiz Molina ha destacado que de este modo, el incremento retributivo en 2022 para los empleados de la Junta será del 3,5 por ciento, ya que al 1,5 por ciento hay que sumar el 2 por ciento aprobado en los presupuestos autonómicos para este año, en consonancia con la subida máxima autorizada por el Estado para este ejercicio.
Asimismo ha subrayado que desde que gobierna Emiliano García-Page el personal de la Administración regional ha aumentado sus retribuciones en más de un 22 por ciento, como consecuencia de la aplicación, cada año, de los incrementos retributivos máximos autorizados por los PGE, la devolución de la paga extra de 2012 suprimida por el anterior Ejecutivo nacional, y la recuperación de la merma salarial del 3 por ciento, más un 0,5 por ciento adicional pactado con los sindicatos de la Función Pública.
Unos incrementos salariales que, según Ruiz Molina, va a continuar en el 2023 con la subida prevista del 2,5 por ciento inicial más la posibilidad de un 0,5 por ciento más si el IPC supera el 6 por ciento y otro 0,5 por ciento si la economía crece por encima de lo estimado por el Gobierno.
