TOLEDO.- La localidad toledana de Alberche del Caudillo ha iniciado finalmente los trámites para cambiar su 'apellido' y cumplir con la Ley de Memoria Democrática, adoptando una nueva denominación -ya sea suprimiendo solo 'del Caudillo' de su nombre o planteando otro nuevo acorde a la normativa- en el plazo máximo de tres meses.
Se trata de la primera de las siete localidades españolas que aún conservaban este elemento de exaltación franquista en su topónimo en dar este paso, que se produce "de abajo a arriba", al haber sido la entidad de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) la que ha instado a la tramitación del correspondiente expediente al Ayuntamiento de Calera y Chozas, del que depende.
Un paso que se da tras la solicitud formal planteada al respecto por el abogado memorialista Eduardo Ranz el pasado mes de octubre, con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, al considerar necesario el restablecimiento de la legalidad, retirando los vestigios del franquismo y contribuir así al avance social y de derechos.
Un 'apellido' que le fue dado, como a otros trece nuevos pueblos surgidos de la mano del Instituto Nacional de Colonización desde que finalizara la 'guerra de liberación', tal y como recogía el decreto de 1 de octubre de 1958.
Un cambio que hace cuatro meses solicitaba este abogado laboralista para esta localidad toledana, pero también para la ciudadrealeña Llanos del Caudillo, así como para otras cinco poblaciones de Extremadura (Villafranco del Guadiana, en Badajoz), Castilla y León (Quintanilla de Onésimo, Alcocero de Mola y San Leonardo de Yagüe, ubicadas en las provincias de Valladolid, Burgos y Soria, respectivamente) y Andalucía (la malagueña Villafranco del Guadalhorce).
Ahora esta EATIM inicia los trámites para cambiar su denominación oficial, aunque desde hace tiempo se presenta únicamente como 'Alberche'. Ahora, una vez que el pleno municipal apruebe el nuevo nombre, se deberá comunicar a la Diputación de Toledo y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Una resolución que deberá materializarse en un máximo de tres meses. De incumplirse la resolución, se podría aplicar una sanción de hasta 10.000 euros.
De este modo se cumplirá con lo recogido en el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, según el cual se considerarán "elementos contrarios" las referencias realizadas "en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial".
Para Ranz la aprobación de esta resolución, que implica la puesta en marcha del trámite administrativo, supone un importante paso para "dignificar España" desde abajo, ya que "la verdadera memoria, donde se vive de verdad, es en los pueblos".
Un paso que en Alberche del Caudillo ya estuvo sobre la mesa hace 15 años, tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Quien era entonces su alcalde, el socialista David Rueda, se mostraba favorable a cambiar el nombre si así lo establecía la ley, aunque no llegó a mover ficha al respecto.
Años después, estando ya gobernada la localidad por el PP, su alcaldesa entonces, Ana Rivelles, ante las denuncias de incumplimiento legal planteadas por el propio Ranz, incluso planteó la posibilidad de realizar un referéndum sobre el cambio de nombre, pero tampoco se realizó.
Ahora y tras haberse resistido durante años al cambio, esta localidad dejará en el pasado el 'apellido' que desde su fundación la ha marcado.
