El acceso a la vivienda sujeta a algún tipo de protección pública será más fácil en Castilla-La Mancha. Desde el Gobierno regional se ha elaborado un nuevo decreto, que será aprobado con carácter definitivo entre los meses de abril y mayo, con el que se pretende flexibilizar la normativa de modo que las 2.000 viviendas que componen el stock prolongado de viviendas protegidas dejen de estar cerradas.
Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, quien detallaba que el decreto ya ha sido tomado en conocimiento por el Consejo de Gobierno, iniciando así su tramitación que podría concluir en el plazo aproximado de un mes.
De la Cruz ha explicado que en la región hay en estos momentos más de 2.000 viviendas afectadas por algún tipo de protección pública, que nadie adquiere. Por ello, y ampliando las medidas temporales aprobadas en su momento por el Gobierno de España que permitían flexibilizar el acceso a las mismas, desde el Ejecutivo regional se plantea este decreto, que contempla medidas que posibilitarán un acceso más sencillo a estas viviendas por parte de colectivos "preferentes". Entre ellos la consejera destacaba como ejemplo las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas del terrorismo, las familias monoparentales con hijos a cargo o las personas con discapacidad.
Para ello se van a reducir los máximos de ingresos previstos para que estos colectivos puedan acceder a esta vivienda protegida, permitiendo así también "movilizar este stock".
Por otra parte en este mismo decreto se incluyen otra serie de medidas de índole social que, según ha subrayado De la Cruz, van a "cambiar de forma radical la gestión de la vivienda pública en Castilla-La Mancha". En este sentido ha recordado que hasta ahora era "imposible" que la Administración pudiera ceder temporalmente a entidades sin ánimo de lucro este tipo de vivienda, impidiendo así que estos colectivos pudieran colaborar con la Junta en la gestión de la vivienda pública. Algo que ya se podrá llevar a cabo a partir de la aprobación del decreto.
Asimismo, se va a proceder a regularizar la situación de quienes habiendo adquirido una vivienda del parque público de forma diferida, con pagos en 20 años y que no puedan hacer frente a los pagos. Se les permitirá permanecer en la vivienda ofreciéndoles un alquiler social.
Por otra parte, quienes lleven más de 5 años en una vivienda pública del parque propiedad de la Junta, podrán ejercer "de forma efectiva" el derecho a compra, algo que hasta ahora estaba contemplado en la ley, pero que en la práctica no se podía llevar a cabo.
Otra de las medidas contempladas en el decreto es la que permitirá a los padres de hijos con discapacidad, inscribir en su patrimonio protegido la vivienda pública, de modo que tengan la seguridad de que "el día de mañana esa vivienda estará inscrita a su nombre". Una medida que a juicio de la consejera, será muy bien acogida por este colectivo.
Finalmente Elena de la Cruz ha destacado la "priorización" en las adjudicaciones de las viviendas públicas en materia social. Para ello el informe que hasta ahora describía únicamente la necesidad de vivienda por parte de una familia será "más completo", incluyendo además de dicha descripción "la idoneidad de dónde se va a alojar" a una determinada familia, tratando de evitar así "la conflictividad". Asimismo se contempla la realización de un seguimiento de cada caso.
La consejera ha querido agradecer la labor desarrollada por los trabajadores sociales, tanto de las oficinas de la propia Consejería como los de Bienestar Social, al colaborar en que "la gestión de la vivienda en Castilla-la Mancha no sea patrimonial, sino adecuada para las personas".
TERMALISMO SOCIAL Y AYUDAS PARA ESCUELAS INFANTILES
Junto a De la Cruz ha comparecido en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, quien ha detallado el resto de acuerdos adoptados por Consejo de Gobierno en la sesión de esta semana, celebrado en la localidad toledana de Quintanar de la Orden.
Acuerdos entre los que ha destacado la convocatoria del programa de Termalismo Social, dotado con 380.000 euros y del que podrán disfrutar más de 3.500 personas mayores de 65 años, sus cónyuges, acompañantes e hijos con algún grado de discapacidad. Una convocatoria que experimenta un incremento presupuestario del 17% respecto al año pasado y que volverá a subvencionar hasta el 40% de las estancias.
De este modo, el precio de las estancias de 6 días y 5 noches se ha fijado en 115 euros, cantidad que se encuentra "lejos de los 200 euros del lote más económico ofrecido por el Imserso y más aún de los 315 euros del más económico del anterior Gobierno", ha subrayado Hernando. Para estas estancias, que se desarrollarán entre los meses de mayo y diciembre, se han establecido tres turnos.
Esta convocatoria tiene como objetivo promover la salud y el bienestar de los mayores, contribuyendo asimismo al sostenimiento de un sector estratégico del que dependen 600 puestos de trabajo directos y alrededor de 1.700 de forma indirecta. Un total de nueve balnearios de la región se han adherido a esta iniciativa.
Junto a este programa, el Consejo de Gobierno ha dado también luz verde a las bases reguladoras de dos convocatorias de ayudas dirigidas al mantenimiento de las escuelas infantiles gestionadas por entidades locales y por entidades sin ánimo de lucro de la región. Ayudas para los gastos de personal y mantenimiento que estarán dotadas con más de 3,22 millones y de las que se beneficiarán un total de 227 ayuntamientos, que cuentan con 272 escuelas infantiles, y 21 entidades sin ánimo de lucro, sumando en total 17.194 plazas del primer ciclo de Educación Infantil.
La principal novedad de estas convocatorias, ha destacado Hernando, es que se introduce como elemento para calcular la cuantía de la subvención "el tipo de servicios prestados", por lo que además del número de plazas atendidas se priorizarán servicios como el aula matinal y el comedor.
Con estas ayudas, ha insistido el portavoz regional, se contribuye a disminuir el coste de las escuelas infantiles para las familias, y se colabora con los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro en el mantenimiento de una red pública "de calidad".
