Semana intensa para la estructura de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Después de que hace pocos días dimitiera su líder regional, Antonio López, y tras desvelar ayer que una antigua trabajadora del partido ha decidido denunciarle por acoso sexual y laboral, la formación naranja ha decidido emitir este jueves un comunicado en el que informan de la apertura de un expediente informativo que afecta a sus cuatro ediles en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso por una presunta irregularidad en el uso de la asignación que este Grupo Municipal recibe mensualmente por parte del Ayuntamiento.
Concretamente, los afectados por esta decisión son la portavoz de la formación naranja en el Consistorio de Tomelloso, María Cortes Cano, así como los concejales José Andújar, Violeta García y Miguel Benito.
En este sentido, desde la dirección castellano-manchega aseguran que el motivo de esta medida es “conocer y estudiar si se ha producido realmente esta mala práctica a la hora de emplear los fondos municipales”.
Finalmente, Ciudadanos ha señalado en su nota de prensa "la importancia de que todos sus cargos electos cumplan con la normativa del partido, y respeten los valores éticos que se marcan los Estatutos del mismo".
Ciudadanos investiga posibles facturas falsas
Sobre este asunto, una fuente del partido naranja ha confirmado a periodicoclm.publico.es que la cúpula está investigado la presentación en el Ayuntamiento de Tomelloso de unas facturas que posiblemente no se habrían gastado, lo que comúnmente se conoce como una factura falsa.
Además, preguntado por el concepto de estas presuntas facturas falsas, nuestro confidente ha preferido no pronunciarse. Cabe destacar que la presentación de facturas por parte de las formaciones con representación en el Ayuntamiento de Tomelloso es el procedimiento habitual para poder acceder a la asignación pública.
Por último y después de ser consultado por el procedimiento que se va a desarrollar, la fuente de la formación naranja ha señalado que “el partido se va a dirigir al Ayuntamiento y a los proveedores para averiguar si las sospechas son ciertas y quién es el responsable de las mismas”, algo que se podría conocer después de los veinte primeros días desde la apertura del expediente.
