CIUDAD REAL.- Seis guardias civiles y otras once personas, entre las que se encuentran varios empresarios, han sido detenidas o investigadas durante una macrooperación llevada a cabo por el Servicio de Asuntos Internos de la Benemérita en Almadén en la que se investiga un presunto trato de favor.
La Operación Cinabrio -en referencia al sulfuro de mercurio presente en las minas- se ha efectuada este lunes en Almadén. Según fuentes del instituto armado, la trama estaría relacionada con la actividad cinegética.
Los seis agentes estaban destinados en puestos de Seguridad Ciudadana de Almadén y de su comarca, así como en el Destacamento de Tráfico de Puertollano, a noventa kilómetros del pueblo minero.
Además de las detenciones, la Guardia Civil ha realizado dos entradas y registros domiciliarios, en los cuales se han intervenido un teléfono móvil, un ordenador portátil y diversa documentación.
A los procesados se les imputa la comisión de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad documental.
La Guardia Civil ha agregado que la colaboración ciudadana ha sido fundamental para iniciar las primeras investigaciones, cuyas diligencias previas se abrieron en septiembre del 2020.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Almadén ha prestado declaración a un total de 17 personas vinculadas a una trama relacionada con la actividad cinegética.
De las 17 personas implicadas, ocho han comparecido ante la magistrada en calidad de detenidas -incluidos los seis guardias civiles- y las otras nueve lo han hecho como investigadas.
Tras prestar declaración, la jueza ha decretado prisión provisional comunicada sin fianza para uno de los agentes implicados. Los otros cinco han sido puestos en libertad con cargos, aunque se han establecido como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
En cuanto a los nueve investigados, se ha establecido para ocho de ellos la medida cautelar de obligación de comparecencia los días 1 y 15 de cada mes. Sobre el noveno, la jueza ha decretado el levantamiento de su imputación, acordando su citación como testigo en el procedimiento.
La investigación continúa abierta y sigue instruyéndose en sede judicial. La causa se está tramitando para que los agentes del instituto armado sean juzgados por un jurado popular.
SUSPENDIDOS DE EMPLEO Y SUELDO
Mientras la Justicia trata de esclarecer los hechos por los que están siendo investigados, la Guardia Civil ha decidido, como medida cautelar, suspender de empleo y sueldo a los seis agentes implicados en las "prácticas corruptas".
La subdelegada del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, María Ángeles Herreros, ha declarado este miércoles que no es una "situación agradable" para los mandos del instituto armado, pero ha apuntado que el resultado de la investigación "pone de manifiesto" que sus mecanismos de control interno "funcionan correctamente".
"Es la propia Benemérita la que está interesada en esclarecer los hechos y sacar a la luz cualquier actuación corrupta de cualquier guardia civil, en cualquier lugar de la provincia", ha insistido la subdelegada gubernamental, quien también ha señalado que "hay que respetar su presunción de inocencia".
