Dos mandos policiales de Valdepeñas, investigados por acosar desde hace seis años a un compañero

El jefe de la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía y el responsable de la Brigada de Seguridad Ciudadana están llamados a declarar por un presunto delito contra la integridad moral de un agente.

CIUDAD REAL.- Un presunto delito contra la integridad moral de un policía nacional es el que va a llevar este viernes al jefe de la Comisaria de Valdepeñas, Félix Méndez, y al responsable de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, que responde a las iniciales J.A.G., a prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de dicha localidad ciudadrealeña, en el marco de las diligencias previas que se están tramitando al respecto.  

Una citación que es consecuencia de la denuncia interpuesta por un agente de la Policía Nacional, en la que ponía en conocimiento de los tribunales toda una serie de actuaciones protagonizadas por ambos altos mandos a lo largo de seis años, tal y como asegura la Confederación Española de Policía (CEP) en un comunicado. Prácticas que habrían alterado hasta tal punto la normalidad laboral del denunciante que éste ha debido recibir "asistencia psicológica ante las reiteradas vejaciones padecidas". 

La denuncia presentada por este agente, con más de 20 años de servicio en el Cuerpo, ha sido admitida por el Juzgado, que ahora llama a declarar como investigados a ambos mandos. Se les acusa de un "acoso laboral sin paliativos", debido al "marcaje gratuito y sistemático" al que fue sometido el agente, según explican desde el sindicato en nota de prensa. 

Entre los comportamientos que se les atribuyen a ambos destacan desde el CEP los "continuos cambios injustificados de turno y de jornada laboral; los cambios injustificados de compañeros; la emisión de órdenes de servicio sobrecargadas de controles solo cuando prestaba servicio este policía; el nombrarle servicio incluso cuando se encontraba de baja laboral; ignorarle y negarle el saludo continuamente, haciendo incluso comentarios despectivos sobre él en presencia de otros funcionarios, o solicitarle, solo a él y por escrito, explicaciones por supuestos retrasos en el servicio o las prácticas de tiro". Situaciones que se habrían sucedido desde la llegada del jefe de la Comisaría Local a este destino, apuntan desde el sindicato, lo cual se habría acompañado de la "negativa" a reconocer profesionalmente "intervenciones meritorias del agente que, por el contrario, eran despreciadas e incluso cuestionadas". 

Asimismo, y según recoge la denuncia del agente, éste habría sido objeto de una vigilancia "obsesiva y hasta enfermiza del sistema de geolocalización de su vehículo patrulla", de modo que los mandos le habrían solicitado explicaciones por escrito "sobre detalles mínimos" y se la habría abierto incluso un expediente disciplinario en el que se le acusaba de "apagar indebidamente la emisora del turismo", el cual fue posteriormente archivado al demostrarse los continuos fallos de funcionamiento que presentaba el equipo de comunicaciones. 

Además de estas presuntas prácticas, desde el sindicato denuncian también como "colmo del surrealismo" que a este agente, que es afiliado y secretario local de CEP en la comisaría en cuestión, se le negara el derecho a tramitar el registro de escritos en Valdepeñas, debiendo hacerlo desde la Comisaría Provincial de Ciudad Real. Algo también denunciado ante el comisario provincial y el jefe superior, pero ante lo que tampoco se adoptaron medidas disciplinarias contra los mandos. 

Desde el sindicato policial aseguran que el denunciante ha contado con el apoyo de sus compañeros, de los cuales cinco habrían testificado a su favor para acreditar el "calvario" vivido en la Comisaría, así como de la estructura provincial y regional del sindicato. Sin embargo, lamentan que haya tenido que ser el Juzgado de Instrucción el que abra diligencias previas por lo sucedido, "pese a las denuncias internas iniciales" realizadas ante la Comisaría Provincial de Ciudad Real y la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha. 

En su opinión, la asistencia letrada del agente "ha dejado en evidencia el mal funcionamiento de los mecanismos internos de la Dirección General de la Policía para investigar este tipo de vejaciones y acosos". 

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