CIUDAD REAL.- Decepcionados, así es como se encuentran los miembros de la plataforma 'Sí a la Tierra Viva' ante la "falta de voluntad política" del Ejecutivo de Castilla-La Mancha para regular por ley la minería de tierras raras.
Así lo han manifestado a través de un comunicado en el reconocen sentirse "contrariados" ante el criterio del Consejo de Gobierno, publicado este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes regionales, en el que se expresa su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley contra la minería de tierras raras en Castilla-La Mancha. Una iniciativa impulsada desde este colectivo y presentada en el Parlamento autonómico a través de Podemos, de la mano de su portavoz, el diputado David Llorente.
La asociación lamenta que al final de esta legislatura el Gobierno castellano‑manchego "se decante por desoír las peticiones ciudadanas" realizadas durante buena parte de la misma y a lo largo de la cual se habían sucedido diversos gestos que apoyaban esta idea.
Sin embargo, con esta decisión ‑con la que se da por concluida la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley‑ el Ejecutivo regional "no solo no cumple el mandato de las Cortes de Castilla-La Mancha de febrero de 2017", que por mayoría absoluta acordaba instar al Gobierno a iniciar los trámites para legislar sobre minería de tierras raras; sino que además "impide" la iniciativa legislativa propia de la institución que representa a todos los castellano‑manchegos en un amago de lo que, consideran, "despotismo ilustrado".
Y es que para la plataforma el "hurtar" el debate parlamentario con el argumento de que la minería de tierras raras cuenta con un amplio elenco de normativa sectorial que la regula ‑tal y como se ponía de manifiesto en uno de los informes con los que se justificaba la decisión del Consejo de Gobierno‑ resulta "peregrino", al corresponder a los poderes públicos "adecuar la norma a la realidad social y económica facilitando la iniciativa legislativa", máxime en este caso "cuando la ley de Minas data del año 1973".
Respecto al otro argumento en el que basa el Consejo de Gobierno su decisión, la falta de crédito presupuestario para la elaboración del plan estratégico sectorial que requeriría la proposición de ley, valorado en 120.000 euros por la Viceconsejería de Medio Ambiente ‑atendiendo a lo que costó el elaborado para la ley antifracking‑ consideran que es "desmerecer" la preocupación mostrada por las comarcas que se han visto afectadas por proyectos mineros de tierras raras, "ponderando la misma en términos cuantitativos".
A pesar de todo ello, 'Sí a la Tierra Viva' apela a la "valentía política" del Ejecutivo regional, que reconoció que "hubo un ambiente de presión del sector" para posibilitar el proyecto de extracción de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, "para afrontar el reto que supone garantizar a la ciudadanía, mediante una ley autonómica, que la minería de tierras raras no producirá los perjuicios en la salud púbica y el medio ambiente expuestos en múltiples estudios científicos internacionales".
OFERTA DE DIÁLOGO PARA REGULAR
Desde el Gobierno regional, su portavoz Nacho Hernando ha sido el encargado de responder al malestar que ha mostrado el colectivo antiminero. A preguntas de los periodistas, el representante de la Junta ha considerado que el Ejecutivo autonómico no debe plantear una ley para un caso concreto, sino continuar trabajando en una regulación desde un punto de vista "amplio".
En este punto, ha añadido que tampoco quiere "invadir competencias ajenas ni limitar actividades que nada tienen que ver con las tierras raras", de las que ha destacado que el Gobierno regional ha demostrado "no ser muy amigo", como tampoco lo fue de la fractura hidráulica conocida como fracking.
Además, ha reiterado que desde el punto de vista técnico el Ejecutivo no ha aprobado la continuación de la tramitación de la ley porque suponía un incremento del gasto que no podía afrontar.
En cualquier caso, ha invitado a la plataforma a "dialogar" sobre este asunto porque ambos ‑ha remarcado‑ parten desde el mismo punto y tienen iguales objetivos, por lo que tendrán que acordar de qué manera hacerlo, ha concluido.
