"Vamos a seguir exponiendo a quien abusa": crónica del día que enfrenta a prisión al activista que fotografió un desahucio

Clamor contra el inicio del juicio a Diego Herchhoren, al que la Fiscalía ha rebajado en el último momento la petición de cárcel a un año y seis meses, pese a la petición Amnistía Internacional para que se le retiraran todos los cargos.

GUADALAJARA.- "Vamos a seguir exponiendo a quien abusa". Estas han sido las primeras palabras que ha pronunciado Diego Herchhoren al salir de los tribunales de Guadalajara, donde se le juzga por publicar la fotografía de un desahucio en la que se veían los rostros de los miembros de la Comisión Judicial que estaba llevando a cabo el desalojo.

La vista celebrada este jueves ha estado marcada por la protesta impulsada por los movimientos sociales y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que se han concentrado a las puertas de los juzgados de la capital alcarreña para mostrar su rechazo al proceso judicial y en defensa del ejercicio de la libertad de expresión.

La tensión se ha hecho notar desde primera hora de la mañana, con un amplio dispositivo policial en la entrada a los juzgados, que ha protagonizado un rifirrafe con los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a quienes impedían atender a los medios de comunicación, a los que habían convocado.

Después de la protesta generalizada de los asistentes, la Policía ha permitido ampliar el perímetro de la concentración, por lo que se ha podido realizar la comparecencia sin más problemas.

En ella ha intervenido el portavoz de la PAH en Guadalajara, Gustavo Rioja, acompañado en todo momento por su homólogo estatal, el murciano Paco Morote, y de Amaya Navarro, integrante también de la PAH. Durante su intervención, ha mostrado todas las imágenes y los tuits que difundieron sobre el lanzamiento, ejecutado en marzo de 2019 en el barrio del Alamín.

Ha recordado que el desahucio se realizó sin ofrecer una solución habitacional, además de explicar que la ONU ha condenado en múltiples ocasiones a España por no ofrecer una alternativa a los afectados.

La familia desahuciada estaba formada por un joven de 19 años, una madre de 17 y un bebé de apenas cinco meses, los cuales habían ocupado una vivienda en ruinas propiedad de la entidad católica Sociedad San Vicente de Paúl.

El portavoz alcarreño también ha señalado que la Fiscalía acusa a Diego de los presuntos delitos de injurias con publicidad, por el que pedían tres años de cárcel, y otro por revelación de secretos, a pesar de que organizaciones como Amnistía Internacional han indicado que las imágenes de funcionarios en la vía pública no se revelan datos personales de los mismos.

Además, ha hecho mención a la noticia publicada por PeriódicoCLM en la que se recoge el auto dictado en junio de 2019 por la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Guadalajara, Cristina Guerra, en el que se prohibía a la PAH difundir imágenes del desahucio con carácter general y amenazaba con imputarles un delito de desobediencia, tal y como hizo seis meses después.

"Eso se llama represión a la libertad de prensa", ha sostenido Rioja, quien ha añadido que se están vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por último, ha avanzado que están dispuestos a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de que finalmente haya una sentencia condenatoria. "Si tenemos que llegar a Europa para que España sea condenada por octava vez por vulneración de derechos fundamentales, pues llegaremos a Estrasburgo", ha  concluido.

Otro miembro de la PAH, Amaya Navarro, ha señalado que la acusación que se formula contra Herchhoren se basa en los llamados "delitos de revelación de secretos", una figura penal que sirve "para silenciar cualquier vergüenza de la Administración" y que, según ha denunciado la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, es una verdadera "espada de Damocles" sobre el derecho a la información.

Durante la concentración, el activista ha estado acompañado por algunos grupos políticos de izquierda, como Podemos o la UJCE. Cabe destacar la presencia del coordinador regional de la formación morada, José Luis García Gascón, quien ha mostrado su apoyo a Herchhoren y ha vinculado su situación procesal con la "deliberada pasividad" de la Junta de Comunidades en la tramitación de la ley de Vivienda autonómica.

Tras la rueda de prensa daba comienzo la vista judicial, la única que se ha celebrado este jueves tras la suspensión del resto de procesos. En la misma han estado presentes varios observadores de Amnistía Internacional, organización que ha pedido esta semana la retirada de todos los cargos a los que se enfrenta el acusado.

Durante la sesión, la defensa de Diego Herchhoren ha solicitado al magistrado la libre absolución alegando al derecho a la libertad de expresión. Como novedad, la Fiscalía ha rebajado en el último momento su petición de cárcel contra el activista, pasando de cuatro años y seis meses a un año y medio.

En caso de condena, podría evitar la entrada en prisión al carecer de antecedentes penales previos. No obstante, la defensa del integrante de la PAH va a seguir pidiendo la absolución total, según ha adelantado la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara.

Una vez terminada la vista, Herchhoren ha realizado unas breves declaraciones ante los asistentes en las que ha lamentado que se le juzque "por el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión".

Ha agradecido a su abogado el papel que ha jugado a la hora de rebatir los argumentos del fiscal, al que ha notado algo "tastarillado" en el juicio, y ha pedido a la ciudadanía que sigan ejerciendo sus derechos para que estos procesos caigan por su propio peso.

Finalmente, ha comentado que desde la plataforma antidesahucios van a "seguir desobedeciendo, fotografiando desahucios y exponiendo a quien abusa" aunque pueda "molestar" a los poderes públicos. "Hay quien se preocupa del derecho a la intimidad de los violadores, nosotros nos preocupando de las personas violadas", ha concluido entre aplausos.

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