TOLEDO.- El sindicato Comisiones Obreras exige al Gobierno que preside Emiliano García‑Page la apertura de un proceso de negociación "real, serio y acotado en el tiempo" para cumplir con la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha en lo relativo al Cuerpo de Agentes Medioambientales.
Una negociación que debe llevar a la integración de este colectivo en el grupo B del funcionariado, así como a dar cumplimiento a las promesas que se han venido haciendo a los agentes medioambientales en lo referente a la publicación de una nueva orden de prevención y extinción de incendios o el cumplimiento de la evaluación de riesgos laborales, entre otras cuestiones.
Reclamaciones que este martes llevaban hasta las puertas de la Consejería de Administraciones Públicas, donde se han vuelto a concentrar para exigir el inicio de esa negociación. Petición que también han recogido en un escrito que han registrado, solicitando al departamento que dirige Juan Alfonso Ruiz Molina que se negocie e incluya en los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2019 la dotación económica necesaria para la integración del Cuerpo de Agentes medioambientales en el grupo B y su adecuación de niveles.
En este sentido, el coordinador autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Ramón González, recordaba cómo en junio de 2017 las organizaciones sindicales abandonaron la Mesa Sectorial de Personal Funcionario en señal de protesta ante la "inacción" de la Administración en lo relativo al cumplimiento de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha.
Un abandono al que la Junta reaccionó y se comprometió a estudiar las propuestas de la parte social. En este sentido, desde el sindicato explican que ellos cumplieron con lo prometido y enviaron a la Dirección General de Función Pública una propuesta de desarrollo de la ley.
Tras ello, en abril de este año, la Coordinadora de Agentes Medioambientales hacía lo propio, registrando ante la Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural una propuesta específica para el acceso al grupo B de este cuerpo, la cual no ha recibido aún respuesta.
Así, a día de hoy sigue sin crearse "de forma efectiva" dicho grupo, a pesar de que la ley contemplaba ya su creación hace 7 años.
Una situación que ven como un "castigo" por parte de la Administración al colectivo de agentes medioambientales, al que consideran que se le exige una formación de técnico superior ‑en Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos‑ para después encuadrarle y mantenerle en un grupo C1 nivel 16, el más bajo del grupo C, una categoría inferior que no le corresponde por razón de la titulación exigida.
Pero esta no es la única de las reivindicaciones del colectivo, desde el que se pide a la Consejería la negociación de la orden de prevención y extinción de incendios forestales de la región, la inclusión de las guardias de incendios en el complemento específico de los agentes medioambientales, así como el modo de prestación de dichos servicios y descansos correspondientes a dichas guardias, cuya competencia corresponde a la Consejería de Administraciones Públicas, tal y como recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Del mismo modo, reclaman que se abra un proceso de negociación "real" para abordar cuestiones pendientes como las promesas electorales relativas a la cobertura de vacantes, el cumplimiento de la evaluación de riesgos laborales, la dotación de equipos de protección individual o la adecuación de los centros de trabajo.
En este sentido, recuerdan que tras la manifestación que el colectivo protagonizó el 12 de mayo de 2016, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, prometió negociar una nueva orden de prevención y extinción de incendios forestales, la cual estaría publicada antes del inicio de la época de alto riesgo por incendios forestales de 2017.
Sin embargo, a punto de finalizar la campaña de extinción de 2018, la promesa sigue sin cumplirse, mientras se mantiene una norma semiderogada por los tribunales.
Y es que, recuerdan desde el sindicato a la Junta, la norma vigente no es acorde a los servicios que presta el Cuerpo de Agentes Medioambientales, al inducir a incumplimientos de otras normativas específicas en materia de prestación de jornadas y descanso. De este modo resultan jornadas de trabajo en extinción de incendios superiores a 20 horas continuadas, cuando el máximo son 12 horas, y situaciones de ausencia de descanso entre jornadas, aun siendo el descanso mínimo acordado de 12 horas.
También queda por negociar la inclusión de las guardias en el complemento específico, la segunda actividad o la forma de prestación de guardias respetando las jornadas y descansos.
