CUENCA.- La emisión de informes por varios organismos públicos obligarán a que el proyecto de macrogranja de 2.000 cabezas de cerdos de cebo en la localidad conquense de Ledaña deba someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, en lugar de tramitarse de forma simplificada tal y como pretendía la empresa promotora, al tener "efectos significativos en el medio ambiente" y ante la posibilidad de "acumulación" con los impactos de otros proyectos existentes ya en la zona.
Así lo recoge la resolución dictada por la Delegación de Desarrollo Sostenible en Cuenca, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado 5 de febrero, y de la que se ha hecho eco la plataforma Stop Macrogranjas Porcinas en Ledaña (integrada en la asociación Pueblos Vivos Cuenca) este miércoles, recordando la importante oposición vecinal que ha generado el proyecto.
Una iniciativa que provocó una masiva manifestación en Ledaña, una concentración en Cuenca ante la Delegación Provincial, así como la recogida de más de 3.000 alegaciones individuales.
Ahora, después de esta resolución, el proyecto tendrá que pasar a la evaluación ambiental ordinaria en lugar de la vía rápida como pretendía la promotora, Sofcar de Ganados S.L., "para agilizar plazos y reducir la documentación exigida". Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza del impacto y la posible acumulación de impactos de otros proyectos, deberá someterse a una evaluación más completa.
Desde la plataforma recuerdan que esta explotación venía a sumarse a otra ya existente en el término municipal de Ledaña, aprobada inicialmente para 1.661 cerdos de engorde, en 2021 obtuvo autorización para ampliar a 7.200 cabezas.
Asimismo apuntan que esta macrogranja "comparte administradores" con otras empresas del Grupo Sanchiz, grupo valenciano propietario de numerosas macrogranjas y plantas de biogás con purines.
En este sentido, señalan que, según la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ledaña es una zona vulnerable a nitratos, y ya en 2011 el Instituto Geológico y Minero advirtió en un informe sobre los riesgos de la ganadería industrial sobre la calidad del agua, a pesar de lo cual desde el Gobierno autonómico se dio luz verde a la ampliación de la explotación.
Y es que, subrayan, si este nuevo proyecto ganadero sale adelante, en Ledaña habrá una ratio de seis cerdos por habitante.
Respecto a los informes, desde la plataforma explican que tanto el Ayuntamiento de Ledaña como el vecino de Iniesta han solicitado que se califique como desfavorable este proyecto debido al gran impacto ambiental que tendría, especialmente en las aguas subterráneas.
Informe que, en su caso, el Ayuntamiento de Iniesta acompaña con analíticas del agua del grifo de la localidad, que superaron el nivel máximo de nitratos permitido (50 mg/litro).
Por su parte, el de Ledaña insta a la Junta a denegar la autorización ambiental "para evitar futuros perjuicios irreparables a la calidad de las aguas y el suelo" en el término municipal; así como de las condiciones de sanidad ambiental, atmosféricas (olores, atracción de moscas, mosquitos, vectores infecciosos, etc.) y, en general, la calidad de vida de los vecinos del municipio, para que "no se vean mermadas por una iniciativa empresarial que no genera una incidencia favorable en la economía del municipio ni redunda en un potencial beneficio de la misma".
Asimismo, este consistorio acordó en septiembre 2023 la suspensión del otorgamiento de determinadas licencias con motivo de la modificación de las normas urbanísticas subsidirias.
Otro informe desfavorable es el emitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad que, según explican desde la plataforma, denuncia que "las diferentes acciones del proyecto, tanto en fase de construcción como explotación, tendrán afecciones significativas a fauna protegida, y en concreto, a especies incluidas en la categoría de en peligro de extinción, principalmente rapaces, por las molestias que podrían comprometer la permanencia de la especie en un territorio que utiliza para su reproducción". Y añade, "el emplazamiento ocupa una tesela con arbolado disperso, de elevado valor entre las grandes extensiones de tierras de labor, al albergar hábitats de refugio o nidificación de fauna protegida".
Por otro lado, el informe de la Delegación Provincial de Agricultura justifica la concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya que "se produce un importante retorno de agua al sistema natural mediante el riego-abonado de cultivos ya que los purines tienen un 85 a 90 por ciento de agua en su composición", lo cual implica reconocer implícitamente la contaminación de las aguas subterráneas, ya que ese agua lleva disueltos los nitratos.
Así, la plataforma Stop Macrogranjas Porcinas en Ledaña valora de forma positiva la exigencia de presentar una evaluación ambiental ordinaria y consideran que los informes desfavorables "demuestran que es un proyecto insostenible" y por ello "la Junta debe denegarlo". Al tiempo, alertan del riesgo de ampliación sobre el proyecto inicial, puesto que "se ha solicitado una macrogranja de 2.000 cerdos, pero es muy probable que una vez construida se solicite su ampliación, como ha pasado en multitud de pueblos, incluido Ledaña", apostillan.
Por su parte, desde la asociación Pueblos Vivos Cuenca no se entiende que la Junta de Comunidades tramite proyectos de ganadería industrial en zonas vulnerables a nitratos y "en contra de la voluntad de los ayuntamientos de la zona".
En este sentido, recuerdan la existencia de precedentes de autorizaciones ambientales concedidas por el Gobierno regional que han sido anuladas por la Justicia, al no haberse tenido en consideración el impacto acumulado de macrogranjas ya existentes en la zona. Señalan así lo ocurrido en Huerta de la Obispalía, con la autorización ambiental a la macrogranja de Hermanos Mata de Huerta S.L., la cual fue recurrida y ganada por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey. Sentencia que ha sido recurrida -precisan- tanto por la Junta como por los propietarios de la explotación ganadera.
Para Pueblos Vivos Cuenca esta actitud "demuestra claramente que la Junta defiende los intereses de los propietarios de las macrogranjas y no los de los vecinos y municipios que sufren los impactos de la ganadería industrial en su agua y en su salud".
