Page ultima una denuncia en Europa por el bajo caudal del Tajo y contra los planes hidrológicos de Rajoy

El presidente de Castilla-La Mancha anuncia que va a llevar en persona a Bruselas estos casos, junto a un informe sobre el impacto negativo que provocan en la biodiversidad vegetal y natural, antes de que termine la actual legislatura.

TOLEDO.- El presidente de Castilla-La Mancha y líder regional del PSOE, Emiliano García-Page, se propone desplazarse a Bruselas, si puede ser antes de que finalice la actual legislatura, para presentar en persona una denuncia ante las instituciones europeas por los "caudales ínfimos" del Tajo adjuntando un informe sobre su efecto negativo en la biodiversidad vegetal y animal vinculada al río‑ y contra los planes hidrológicos, tanto del Tajo como del Guadiana, el Júcar y el Segura, aprobados por Mariano Rajoy.

Así lo desvela en una entrevista concedida a la agencia EFE el presidente castellano‑manchego, en la que reflexiona sobre el estado del río y considera que la batalla judicial ‑el Gobierno regional ha presentado más de treinta recursos en los tribunales contra otros tantos trasvases aprobados por los sucesivos Ejecutivos centrales‑ es "solo una parte del problema".

"Realmente lo que hay que cambiar son las leyes", plantea García-Page, que recuerda que los trasvases se autorizan por la aplicación del Memorándum firmado en la anterior legislatura, bajo el mandato de María Dolores de Cospedal como presidenta de la Junta, y que implica que "la famosa paz del agua era una paz de cementerio" en la que unos pierden ‑en alusión a Castilla-La Mancha‑ y otros ganan, en referencia al Levante. 

En este sentido, valora que el Parlamento Europeo haya aprobado una norma que recoge en su exposición de motivos que "la reutilización de aguas residuales tratadas adecuadamente, por ejemplo procedentes de instalaciones de aguas residuales urbanas, se considera que tiene un menor impacto ambiental que otras alternativas de suministro de agua, como los trasvases de agua o la desalinización".

Por ello, siguiendo esta línea, afirma que el Ejecutivo castellano‑manchego no va "a parar" y prepara una denuncia que presentará, en persona y si puede antes de que finalice la actual legislatura, ante la Unión Europea sobre los planes hidrológicos elaborados por el Gobierno central y "particularmente el del Tajo", porque "Europa tiene una estrategia diametralmente opuesta a la que tiene el Gobierno de España, el anterior y el actual", en alusión al mantenimiento de los trasvases.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno central modifique el memorándum del Tajo, García-Page apunta que el Ejecutivo de Madrid "estaba trabajando en un giro inteligente y razonable en la cuestión del agua en España", y aunque comenta que ambas administraciones tienen "ritmos distintos", coinciden en "una visión sostenible y moderna del agua", que pasa por fomentar la desalación y la reutilización del agua, así como la minimización de los consumos, sobre todo en un país con "dificultades pluviométricas".

Sobre el resultado de los recursos que, desde el inicio de la legislatura, ha presentado la Junta castellano‑manchega ante los tribunales por la aprobación de trasvases, García-Page indica que algunos están en tramitación, pero otros ya se han resuelto en contra de los planteamientos de Castilla-La Mancha "basándose en el famoso memorándum", por lo que insiste en la importancia de "cambiar las leyes".

RECURRIDOS LOS PLANES DE SEQUÍA

Este martes, sin ir más lejos, la Junta ha aprobado los recursos de los planes de sequía de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar, Tajo y Guadiana, como también el recurso contra el trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, aprobado el pasado mes de octubre.

En el caso de los planes de sequía, el Gobierno castellano‑manchego argumenta que no se cumple la directiva marco del agua ni la directiva comunitaria en su conjunto y se perjudica a esta región que "tiene titularidad competencial sobre muchas cuestiones relacionadas con el agua".

Además, el Ejecutivo autonómico ha añadido que los planes de sequía se han tramitado sin la seguridad jurídica que se debe exigir y se ha vulnerado la participación pública, por lo que ha considerado que el Gobierno central no ha sido suficientemente garantista.

También se han detectado posibles incumplimientos de la directiva Hábitat y la Red Natura, que debe garantizar de manera prioritaria la conservación del medio ambiente y el caudal ecológico de los ríos.

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