CIUDAD REAL.- A pesar de los esfuerzos realizados hasta el último momento por el colectivo castellano‑manchego Proanimal y las ofertas de acogida planteadas por diversos santuarios de animales, el medio centenar de vacas abandonadas en la localidad ciudadrealeña de Navalpino será finalmente sacrificado a instancias de las administraciones, tanto la judicial como la Junta de Comunidades, que finalmente han dado de lado a estas reses, halladas por la Guardia Civil a principios de 2018 sufriendo caquexia, por falta de alimentación y de agua, y entre las que se encontraban diez cadáveres en avanzado estado de descomposición.
Así lo ha resuelto ahora el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ciudad Real, quien ha autorizado a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ‑a petición de la propia Administración regional‑ al "sacrificio, decomiso y destrucción" de los animales, y urgiendo seguidamente a que lo haga "de manera inmediata".
Un acuerdo que recoge la providencia dictada el pasado 19 de julio, a la que ha tenido acceso en exclusiva PeriódicoCLM, requiriendo a este departamento del Gobierno de Castilla-La Mancha que, "para salvaguardar y evitar riesgo para la salud pública", adopte las medidas que "considere oportunas", y que en este caso pasan por el sacrificio.
DOCUMENTO | Providencia que autoriza el sacrificio de las vacas de Navalpino
Una decisión que lamentan desde Proanimal, ya que a pesar de haber hecho "todo lo humanamente posible" para salvarlas, estos esfuerzos han sido en vano, y estos animales -que ya fueron maltratadas por el titular de la explotación antes de desatenderlas‑ vuelven a ser "víctimas" de una Administración "insensible", contando para ello "con la colaboración necesaria del juez" Jesús López Luchena, que ha autorizado su sacrificio.
Tras la autorización del magistrado, la Consejería tiene vía libre para "matar a las cincuenta vacas de Navalpino porque no quiere gastar dinero en darles de comer y hacer el saneamiento obligatorio". Todo ello, continúan desde el colectivo, a pesar de que tanto Proanimal como distintos santuarios de animales ‑entre las que se encontraban la 'Asociación Vacaloura Santuario Animal' y 'Frente L.A. Santuario Animal', en Galicia; la 'Protectora y Santuario Scooby', de Castilla y León; la 'Fundación Santuario Gaia', en Cataluña, y el 'Santuario Compasión Animal', de la Comunidad Valenciana‑ se ha hecho todo lo posible "para que les entregaran las vacas y que pudieran vivir".
Santuarios que, insisten, "no reciben ningún dinero público" y que sin embargo están dispuestos "a proteger y cuidar a estas vacas maltratadas de forma altruista", pero a los que "se les han puesto todas las trabas administrativas posibles" para que pudieran acogerlas.
Centros que sin embargo, según habría comunicado la Consejería en un escrito de fecha 16 de julio, carecerían de "autorización" para acoger a los animales, tal y como recoge el juez en la providencia.
Como tampoco se ha facilitado la ayuda de Proanimal, que recuerda tampoco percibe ayuda o subvención pública alguna, y que sin embargo "ha sufrido todos los impedimentos posibles" por parte de la Junta de Comunidades. Todo ello, mantienen desde la asociación, "a pesar del pacto mantenido el 10 de abril de 2019, entre la Consejería de Agricultura y Proanimal", en el que se acordó que "esta asociación fuese nombrada depositaria de la explotación, estando condicionada a los resultados de la calificación sanitaria", la cual -subrayan desde el colectivo- ha "incumplido" la Junta de Comunidades, "ya que nunca la efectuó", para el posterior traslado a los santuarios.
Último saneamiento obligatorio para su transporte a los distintos santuarios en otras Comunidades, explican desde Proanimal, ya que tres vacas estuvieron afectadas por tuberculosis y fueron sacrificadas. Tras dicho sacrificio se realizó otro saneamiento con resultado negativo en esta infección, aunque la última calificación sanitaria antes de que se hubiese realizado el traslado era obligatoria.
Un acuerdo recogido en un informe de fecha 6 de mayo emitido por parte de la Dirección Provincial de Agricultura, y al que ha tenido acceso PeriódicoCLM, en el que se muestra la conformidad de la Consejería para que Proanimal sea la depositaria de la explotación. Conformidad que fue tenida en cuenta por el Juzgado, desde el que se trasladó este acuerdo en forma de providencia con fecha 30 de mayo. Providencia que, sin embargo, ahora deja también sin efecto esta última decisión judicial.
Informe de la Dirección Provincial al Juzgado el pacto con Proanimal al Juzgado | PeriódicoCLM
Pero no solo denuncian los obstáculos que se han puesto desde la Administración, sino también desde el propio juzgado, "hasta el punto de echarles del procedimiento judicial".
En este sentido, la providencia ahora dictada recuerda cómo el pasado 4 de julio un auto firme apartaba de la causa como acusación popular al colectivo Proanimal, por lo que no ha sido tenido en cuenta el escrito presentado una semana después, al no estar así ya personado en el caso.
De este modo el juez acuerda mantener "en todos sus términos" el contenido del auto dictado el 6 de junio de 2018, confirmado por la Audiencia de Ciudad Real con fecha 8 de octubre, por el que se acepta la solicitud de la Junta de Comunidades para sacrificar e incinerar a las cincuenta y tres vacas abandonadas en Navalpino, incluidas las cincuenta sanas y sus terneros.
Todo ello lleva al colectivo animalista a pensar que tanto a la Administración autonómica como al Juzgado "les estorban las vacas de Navalpino", por lo que con su muerte "se desentienden del problema".
Una situación que no es la primera vez que se produce ni será la última, advierten desde Proanimal, puesto que volverá a producirse "cada vez que un ganadero decida que no quiere seguir encargándose de su explotación o deje morir a sus animales por falta de recursos o pura crueldad".
Situaciones de abandono y maltrato que existen, por lo que "cerrar los ojos a ello" ‑como creen que sucede en este caso de Navalpino‑ no va a evitar que se sigan produciendo.
Un problema ante el que las administraciones competentes en materia de protección "no están ni se las espera", denuncian desde Proanimal , al considerar que "les resulta más fácil" sacrificar a los animales que han sido abandonados o maltratados, de ahí que opten por "mirar para otro lado".
Sin embargo, subrayan, son las mismas administraciones y autoridades a las que "se les llena la boca cuando hablan de medidas de bienestar animal" aunque, lo que requieren, "no lo practican", sin importarles "el sufrimiento de los animales". Prueba de ello, según esta asociación, es el hecho de que no se haya autorizado el traslado de estas vacas que han sido objeto de maltrato a los diferentes santuarios que han solicitado su acogida.
Hoy son medio centenar de vacas las que "van a morir porque estorban a quienes deben protegerlas", el colectivo castellano-manchego denuncia que "mañana serán caballos, burros o perros".
"Y para tapar su desvergüenza, ni siquiera nos dejan que nos encarguemos de las víctimas, porque si viven son la prueba irrefutable de que en España ni jueces ni Administraciones están dispuestos a mover un dedo para proteger a los animales del dolor, del abandono, del sufrimiento y de la muerte gratuita", critica Proanimal, que ha sentenciado: "Todos los que respetamos a los animales y luchamos por ellos estamos de luto. Nos matan a las vacas de Navlapino y no podemos evitarlo a pesar de haber luchado por ellas con todas nuestras fuerzas".
