Denuncian la mala gestión de cadáveres y la presencia de carroñeros en una polémica macrogranja de Albacete

Ecologistas en Acción de la Manchuela alerta del riesgo zoosanitario que conlleva la presencia de buitres junto a los contenedores que se dejan abiertos, por lo que pide vigilancia y sanciones a por parte de la Junta.
Una decena de buitres junto a los contenedores de cadáveres de Granja de Ves . - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LA MANCHUELA
photo_camera Una decena de buitres junto a los contenedores de cadáveres de Granja de Ves . - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LA MANCHUELA

ALBACETE.- Ecologistas en Acción de la Manchuela denuncia la "mala gestión" de los cadáveres y la presencia de carroñeros en los contenedores en los que estos se almacenan, en una explotación ganadera porcina de la localidad albaceteña de Balsa de Ves.

Se trata de las instalaciones de la empresa Granja de Ves, perteneciente al Grupo Sanchiz, cuya instalación y siguientes ampliaciones, incluida la planta de biogás en la que gestiona los residuos, han sido objeto de movilizaciones y denuncias por parte de los vecinos y colectivos ecologistas; llegando incluso a ser sancionada en febrero de 2018 -confirmada en firme por el juzgado en julio de 2020- por un vertido de purines.

Desde la organización ecologista señalan cómo hace unos meses denunciaban ante la Administración regional que se estaba permitiendo su funcionamiento sin el preceptivo plan de gestión de purines. Denuncia a la que ahora se suman las denuncias presentadas ante las delegaciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como la de Desarrollo Sostenible, después de que se haya comprobado la presencia de buitres junto a los contenedores de cadáveres, los cuales se dejan abiertos, creando así una situación de riesgo zoosanitario.

En este sentido, Ecologistas en Acción de la Manchuela señala cómo un reciente estudio del grupo de investigación en toxicología de fauna silvestre detectó en buitres la presencia de quinolonas (un tipo de antibióticos sintéticos) en sus tejidos, llegadas a través de la ingesta de carne de ganadería intensiva, especialmente porcino, y de bacterias resistentes a antibióticos.

Un extremo que, precisan, está regulado por el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. Normativa que respecto a los contenedores "es clara", y señala que deben ser estancos, "de forma que no sea posible la pérdida de líquidos, permaneciendo la tapa constantemente cerrada".

Asimismo señala la normativa que los contenedores deberán tener "una capacidad adecuada en función de los kilos de cadáveres generados en cada explotación y la frecuencia de recogida", debiéndose además proceder a un manejo "adecuado" del mismo, siendo por tanto "imprescindible que todos los cadáveres estén dentro del contenedor y no alrededor del mismo".

Respecto a la frecuencia de recogida, indica que debe ser "alta", como máximo cada 48 horas, y en cuanto a la ubicación de los contenedores, señala que deberán estar situados "sobre una superficie de fácil limpieza y desinfección", como el cemento, y contar a ser posible con desagüe para la evacuación de los líquidos generados en la limpieza.

Precisa asimismo que será el responsable de la explotación quien proceda a la limpieza y desinfacción del contenedor así como de las zonas aledañas "con la frecuencia necesaria que determinará el uso del mismo, preferiblemente después de cada recogida". A ello se añadirán labores de desinsectación y desratización en los alrededores del contenedor.

Sin embargo, aunque la normativa así lo establece, los ecologistas aseguran que, a tenor de las declaraciones de los vecinos de Balsa de Ves, las imágenes que se podían contemplar el pasado sábado, con más de una decena de buitres en el entorno de los contenedores, "no es un hecho aislado", sino que responde a una "práctica habitual" por parte de la empresa. De ahí que se haya solicitado a las consejerías competentes en la materia que vigilen esta explotación y sancionen este tipo de prácticas, para evitar que se signa produciendo.

Desde Ecologistas en Acción de la Manchuela recuerdan que esta explotación de ganadería intensiva, tras la autorización ambiental integrada inicial, ha sido objeto de un total de 9 modificaciones, que van desde la construcción de una nave en otra parcela a la apertura de nuevos pozos, la instalación de la plana de biogás y sucesivas autorizaciones de nuevos sustratos para la digestión anaerobia y de la cantidad de estos.

Una granja que cuenta con 2.500 cerdas reproductoras, que suponen 100.000 lechones al año, y que producen 45 toneladas de nitrógeno y 13.500 metros cúbicos de purín anuales.

Un contexto en el que, sin embargo, con la oposición frontal de los vecinos de la pedanía de La Pared y del propio consistorio de Balsa de Ves, se dictaba una resolución otorgando la modificación sustancial a la autorización ambiental integrada, de modo que se pudiera instalar una nave de recría externa.

Situación que se produce, explican los ecologistas, en un municipio como es Balsa de Ves, ubicado en una zona vulnerable a nitratos, donde desde la Consejería no solo se ha permitido una instalación "con extraordinario potencial contaminante", sino que ahora da luz verde a una nueva nave de recría externa que "aumentará los riesgos".

Recuerdan que hasta la fecha han sido numerosas las movilizaciones por parte de los vecinos, que se oponen a las molestias ocasionadas por la instalación, y que se ven "desprotegidos" por parte de la Administración regional que "en ningún momento ha considerado los impactos tremendos de una instalación de este tipo, resolviendo a favor de un potente grupo empresarial antes que de la población del municipio", denuncian.

Desde Ecologistas en Acción de la Manchuela consideran una "irregularidad" que desde 2013 se permita el funcionamiento de esta granja que "no cuenta con el preceptivo plan de gestión de purines", sin que esto haya dado lugar a sanción.

Como también ven irregular que se haya autorizado una planta de biogás, así como las sucesivas ampliaciones de capacidad y de co-sustratos "sin una nueva solicitud de autorización ambiental integrada".

Malas prácticas entre las que también citan la residencia de la empresa, "amparándose en el secreto industrial", a proporcionar datos sobre la procedencia, cantidad y tipo de residuos que procesa en su planta de biogás. Datos que, apuntan, fueron proporcionados únicamente tras tres años de solicitudes.

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