CIUDAD REAL.- La plataforma Sí a la Tierra Viva ha denunciado ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real a la promotora del proyecto de exploración de tierras raras en Ciudad Real por presunta insolvencia técnica y financiera, al considerar que ha incurrido en una infracción recogida en diversos artículos de la Ley de Minas.
Una situación que consideran pone de manifiesto una "grave falta de credibilidad empresarial" por parte de Quantum Minería S.L., por lo que han trasladado esta denuncia a la autoridad regional que gestiona el expediente del permiso de investigación 'Neodimio' impulsado por esta empresa.
Así, la plataforma denuncia que, tras evaluar el expediente del proyecto de exploración minera solicitado entre los ayuntamientos de Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Valdepeñas, se ha podido observar en la mercantil una "grave falta de credibilidad empresarial y de solvencia técnica y financiera", lo que a su juicio demuestra que la promotora "únicamente pretende asegurarse una financiación especulativa", dado que "carece de recursos financieros propios y de personal". Datos "verificables" incluso durante el ejercicio 2022, cuando se realizó el documento del proyecto 'Neodimio', y deducible del análisis de las cuentas anuales y balances contenidos en ellas, presentadas en el Registro Mercantil para permitir sopesar a terceros la estructura, solvencia, liquidez y análisis de rentabilidad de las actividades económicas que realiza la empresa durante un determinado período.
Desde Sí a la Tierra Viva consideran que el estudio económico de financiación y garantías de viabilidad presentado "entra en contradicción directa" con la documentación contable que consta en el Registro Mercantil respecto de Quantum Minería S.L., desmintiéndose así la afirmación contenida en el proyecto de investigación 'Neodimio' de que "Quantum Minería dispone de gran parte del equipo técnico y los medios necesarios para llevar a cabo una investigación como la que en este proyecto se plantea". Y es que, añaden, "la realidad, sin embargo, refleja un claro endeudamiento y la insuficiencia".
En este sentido, señalan como elemento "más destacable" que la mercantil habría omitido "de manera voluntaria y consciente" la presentación de sus cuentas anuales, ya que "del análisis de su contabilidad se determina la dificultad real para continuar con su tarea extractiva y el indicio de una clara actividad especulativa". Explican así que la empresa tiene reflejadas deudas a largo plazo por importe de más de 3 millones de euros y un importe negativo en fondos propios, lo que significa que en la práctica no tiene suficiente capacidad de financiación y no puede hacer frente a las deudas que tiene contraídas con terceros. "Es decir, que tiene más deudas que activos, constituyendo por ello una señal de alerta que sugiere que la empresa está en una posición financiera precaria y claramente desfavorable para acometer proyectos y asumir obligaciones y responsabilidades", añaden.
Por otra parte, y como puede observarse no hay resultado contable alguno ni en 2022 ni en 2021, lo que en consecuencia permite intuir que se trata de una empresa "fantasma", sin actividad y con movimientos artificiales contables.
Para la plataforma, a la vista de los datos reflejados en las cuentas, "parece deducirse que la promotora se encuentra altamente endeudada y carece de solvencia efectiva", lo cual supondría "un grave incumplimiento del procedimiento reglado", al no aportarse los documentos preceptivos relativos a la solvencia económica.
Por ello consideran que debería sancionarse esta actuación con el archivo del expediente y, facultativamente, con la declaración de caducidad del mismo, "máxime cuando ha existido una voluntad deliberada por parte de la mercantil de ocultación para evitar la verificación de garantía, dada la carencia de esta", y a la vista de los balances de cuentas anuales del ejercicio 2022 presentados ante el Registro Mercantil, en los que se refleja la carencia de bienes materiales y personales, constando únicamente deudas.
PIDEN LA MÁXIMA SANCIÓN
Para la plataforma el marco normativo que rige la actividad minera respecto a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, recoge en sus artículos 45, 48 y 70 la obligatoriedad de exigir solvencia económica tanto al solicitante como al proyecto en sí mismo. Por ello consideran que un incumplimiento de este precepto por parte de la mercantil, impidiendo así el control debido de la legalidad por parte de la Administración regional, debería conllevar "la máxima sanción" y derivar en el archivo del expediente y la caducidad del permiso de investigación otorgado. "La falta de rigor, la ocultación manifiesta de su solvencia económica y técnica y su falta de garantía financiera ni pueden ni deben ser obviadas por la Administración autonómica, bajo pena de incurrir en un caso de manifiesta discrecionalidad", argumentan.
Por este motivo, desde la asociación han instado a la Dirección General Industria, Energía y Minas de la Junta de Castilla-La Mancha a llevar a cabo las actuaciones necesarias para iniciar el procedimiento sancionador contra la empresa responsable del incumplimiento, se suspenda cautelarmente el expediente y tras la comprobación de los hechos denunciados, se archive la solicitud de Quantum Minería.
Consideran que el Ejecutivo regional y sus responsables deben de entender que "lo que no le conviene a Castilla-La Mancha son empresas especulativas que presentan proyectos puramente especulativos", sin aportar valor añadido a la región; que además "carecen de licencia social y presentan una actividad que con el paso del tiempo puede derivar en graves impactos".
Y es que, concluyen, para la clase política "no debe tratarse solo de una cuestión de evitar la connivencia; sino de sentido común, respeto a la población y protección del medio ambiente y la salud pública".
