TOLEDO.- Las acusaciones e invitaciones a acudir a los tribunales se suceden entre la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) y la Consejería de Desarrollo Sostenible se suceden, tras haber denunciado públicamente los primeros que la investigación de delitos no estaría llegando a los órganos judiciales "como debería" y pedir a la titular de este departamento que "ponga orden".
Un intercambio de declaraciones que comenzaba el martes pasado, cuando tras la reunión mantenida con el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Almodóvar, el portavoz de la asociación, Alfredo Poveda, lamentaba la "falta de propuestas" por parte de la Junta para modernizar un cuerpo "estancado" y que sufre "un gran deterioro".
Preocupación que trasladaban al viceconsejero, junto a la relativa a las operaciones que llevan a cabo los agentes medioambientales en la persecución de delitos y de presuntos actos ilícitos penales en el medio natural, ya que muchos de los atestados y diligencias presentadas en las delegaciones no estarían acabando en los órganos judiciales como debería ocurrir.
Desde la asociación consideran que esta situación es "grave", puesto que no solo se están "bloqueando" las competencias en materia policial y judicial que les confiere la ley, sino que la investigación de los delitos no llega donde debiera.
Un problema que vendría dado por la existencia de una instrucción interna que obliga a los agentes a pasar "por una supuesta estructura de mando", en la que se valora cada expediente, impidiéndoles así acudir directamente a los juzgados "salvo delito flagrante". Una estructura que, denuncian desde APAM-CLM, "no está funcionando adecuadamente".
Denuncia pública a la que desde el Gobierno regional contestaban unas horas después, invitándoles a acudir "a los tribunales" a demostrar que haya algún expediente que no se esté tramitando de manera adecuada.
Así lo señalaba la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien reaccionaba a las manifestaciones de los agentes medioambientales instándoles a decirle "cuál es el trabajo que no estoy haciendo".
Según Gómez, todas las demandas que competen a su departamento "se tramitan siempre por parte de esta Administración y en la Fiscalía de Medio Ambiente", por lo que si los agentes medioambientales consideran que hay "alguna cosa concreta" que se esté eludiendo, lo deben trasladar al equipo de la Consejería o bien demostrarlo en los tribunales.
Asimismo recordaba que la consejería que dirige se reúne con todo el mundo, incluida la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales, representante de sus asociados aunque no cuente con representación en las mesas de negociación.
DECLARACIONES "IRRESPONSABLES"
Palabras de Gómez a las que han contestado los agentes medioambientales, que consideran "irresponsables" las declaraciones de la consejera, a la que recuerdan que en 2019 la asociación comunicó a la Fiscalía General del Estado, a través de la Sala de Medioambiente y Urbanismo esta problemática, lo cual motivó la apertura de un expediente gubernativo por parte de este órgano.
Un expediente, recuerdan desde APAM-CLM, en el que la Fiscalía "desacredita los argumentos -a nuestro juicio soeces- que esgrime la administración para no tramitar en los órganos judiciales ciertos casos concretos por presuntos delitos de incendio forestal y electrocución de especies en peligro de extinción remitidos, a través de los atestados, por los agentes medioambientales vía los órganos administrativos a los que pertenecen, y se le insta a remitirlos".
De este modo, y pasado un tiempo desde entonces, desde la asociación consideran que la situación "aún no se ha solventado", por lo que instan a la consejera a "dejar atrás su actitud irresponsable" y "eliminar de una vez por todas la instrucción que impide a los agentes medioambientales cumplir, de forma plena, con sus funciones de Policía Medioambiental". Asimismo piden a Mercedes Gómez que "ponga orden dentro de su Consejería" para que se cumpla de forma plena con la ley y los requerimientos de los órganos judiciales.
Y es que, concluyen en su comunicado, toda esta situación "pone en una encrucijada legal a los agentes" que se ven entre la tesitura legal de cumplir con las instrucciones internas o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que les habilita para la persecución, averiguación de delitos y su puesta a disposición del juez o el fiscal.
ECOLOGISTAS, CON LOS AGENTES
Por su parte, con sorpresa era recibida en Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha la reacción a las críticas por parte de la consejera de Desarrollo Sostenible, cuando "hay múltiples ejemplos, especialmente en los últimos años, de asuntos que han sido paralizados por la Consejería".
En este sentido, recuerdan que llevan años mostrando su preocupación por "las dificultades" que se ponen desde la Junta a que los agentes medioambientales cumplan con las funciones que tienen encomendadas, lo cual se traduce en la "impunidad" de los delincuentes ambientales. Algo que, apostillan, responde a una "deriva economicista del Gobierno regional" que les preocupa.
Desde el colectivo conservacionista muestran su "estupor" por las palabras de la consejera, puesto que "estos problemas han sido transmitidos en numerosas ocasiones" por la organización "tanto en reuniones con los responsables políticos de la Junta como en diversos foros participativos, como el Consejo Asesor de Medio Ambiente".
Así, para ilustrar la "inacción" de la Administración regional en casos denunciados por los agentes medioambientales, señalan dos casos recientes -que no son los únicos, precisan-, como la destrucción en la localidad toledana de Yeles de "parte de la mayor población castellanomanchega de una planta en peligro de extinción", cuyas denuncias iniciaron los agentes medioambientales y posteriormente Ecologistas en Acción, pero que no fueron tramitadas a los tribunales por parte de la dirección de la Consejería "pese a la gravedad de los hechos, que podrían ser tipificados como delitos contra los recursos naturales"; o lo sucedido en la Cañada del Mostajo, por una corta abusiva en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca y la destrucción de hábitats protegidos, denuncias ante las que desde el Gobierno regional "se negaron los hechos y se pusieron del lado de los investigados".
Por último, desde Ecologistas en Acción instan a la consejera a inclinar más la balanza de sus preocupaciones hacia proteger el medio ambiente denegando autorizaciones a proyectos "manifiestamente dañinos" que, "ante su inoperancia" acaban necesitando el amparo de los tribunales, como ha ocurrido recientemente con la sentencia relativa a una macrogranja porcina de Huerta de la Obispalía, en la que tras el recurso presentado por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey se han detectado "graves deficiencias" en la evaluación ambiental realizada.
