TOLEDO.- El Consejo de Gobierno aprobaba este miércoles la modificación del Decreto 215/2010 por el que se regula el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Norte de Guadalajara, abriendo la puerta a la posibilidad de autorizar actividades económicas donde hasta ahora no estaba permitido.
Para ello, además de incluir en este ámbito la reserva fluvial de Pelagallinas, se crean 43 zonas periféricas de protección correspondientes a diferentes municipios y pedanías, en las que se podrán, a partir de ahora sí, autorizar determinadas actividades económicas.
Una modificación que el Gobierno regional plantea "para activar la economía en las zonas rurales de este entorno" y luchar así contra la despoblación, tal y como señalaba la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.
Aseguraba que el objetivo es que pueda producirse un desarrollo económico en la zona, la implantación de empresas y actividad.
Algo, precisaba, que "entronca directamente con la línea fijada" por el Ejecutivo autonómico en lo relativo a la lucha contra la despoblación y la apuesta por vincular el desarrollo rural a lo sostenible, "sin renunciar" a la protección del medio natural.
Lo consideran así un "compromiso" con el territorio, con el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, con el que se da respuesta a una "demanda histórica" de los municipios.
"RESUCITAR" EL TRASVASE SORBE-BORNOVA
Sin embargo para los colectivos Ecologistas en Acción y WWF lo que ha hecho la Junta de Comunidades es "desproteger" el Parque Natural "para permitir trasvases y crear más suelo urbanizable".
Y es que según estas organizaciones conservacionistas, el contenido de la modificación que afecta al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Norte de Guadalajara, entre otras cuestiones, incorpora como actuaciones susceptibles de autorización dentro del espacio protegido "los sistemas de interconexión y explotación conjunta de los recursos hídricos".
Una genérica denominación bajo la que aseguran se "esconde" en realidad "un proyecto con nombre y apellidos", como es el trasvase de conexión entre los ríos Sorbe y Bornova, reclamado reiteradamente por las organizaciones agrarias, urbanizadoras y varias formaciones políticas de la provincia de Guadalajara.
Así lo señalan en una nota de prensa en la que recuerdan que este proyecto recibió en febrero de 2011, por parte del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, una "rotunda declaración de impacto ambiental en sentido negativo".
Entonces, recuerdan, el promotor de dicha interconexión, en su día la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Tajo S.A., dependiente de la Confederación Hidrográfica, planteaba la construcción de una presa de derivación de 9,5 metros de alto en el Sorbe y un túnel de más de 10,7 kilómetros hasta el embalse de Beleña, trasvasando 30,9 hectómetros cúbicos al año entre ambas cuencas.
Todo ello, recalcan, dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, cuya protección se aprobó por la ley 5/2011 de 10 de marzo, y dentro de los escenarios ZEPA y ZEC de la Red Natura 2000 denominados 'Sierra de Ayllón'.
Los colectivos ecologistas recuerdan asimismo que el impacto sobre la hidrología, la fauna, la flora y los espacios protegidos fueron evaluados "de forma crítica e irreversible" no solo por el Ministerio, sino también por el propio Gobierno de Castilla-La Mancha, "que presentó informes negativos a la obra por parte del Organismo Autónomo de Espacios Naturales y de la Dirección General de Evaluación Ambiental".
Un proyecto que, además, no figura en las previsiones de medidas del Plan Hidrológico del Tajo actualmente vigente.
Sin embargo, ahora es ese mismo Gobierno que en su día "combatió" hasta el punto de blindarse frente a él en la normativa del parque natural, el que "abraza" el proyecto.
ACTIVIDAD URBANIZADORA
Pero no es solo la amenaza del proyecto del trasvase la que denuncian los colectivos ecologistas, puesto que la modificación publicada este viernes el DOCM introduce también otros cambios que pueden resultar "muy perjudiciales" para el parque natural.
En este sentido, señalan cómo el Gobierno regional ha desafectado de la parte protegida del parque, reclasificándola como zona periférica, una significativa superficie de terrenos en torno a poblaciones "para que puedan urbanizarse". En concreto se trata de 1.311,37 hectáreas, "en las que se podrá construir cuando se aprueben los correspondientes planes de actuación urbanizadora".
Asimismo consideran que con esta modificación se da un paso hacia una gestión forestal "insostenible", al eliminar la normativa que impedía el uso de maquinaria pesada y del fuego en la gestión forestal en las zonas de máxima protección, como son el Hayedo de Tejeda Negra y la Reserva del Pico del Lobo-Cebollera.
Pasos atrás que, según los colectivos ecologistas, se pretenden "compensar de alguna manera" ampliando la superficie del parque e incorporando al mismo zonas de máxima protección como la reserva fluvial del río Pelagallinas.
Pero además de perjudiciales, Ecologistas en Acción y WWF alerta de que estos cambios "podrían ser ilegales", entre otras cuestiones por carecer de justificación o resultar ésta "notoriamente insuficiente y contradictoria con anteriores actos de la propia Administración regional".
Así, consideran que la modificación del grado de protección del parque natural debe atender a cuestiones "de verdadera necesidad" y que no afecten al espacio protegido, circunstancias que "no quedan justificadas en absoluto en el texto".
Por ello, anuncian que una vez estudiado "con más detalle" el decreto, harán públicas las iniciativas a adoptar tanto para evitar que se apliquen los cambios como para frenar el intento de "resucitar el proyecto de trasvase Sorbe-Bornova.
