Podemos aguanta en el Gobierno de Emiliano García-Page con sus leyes retenidas

  • Mientras que el Ejecutivo regional ha paralizado la tramitación de las leyes de garantías y de Participación Ciudadana escudándose en la división interna del partido morado, sí asegura continuidad en las Cortes para otras como el Estatuto de la Mujer Rural o la ley de Economía Circular.
  • En Podemos conviven dos posiciones respecto a este bloqueo legislativo, por una parte quienes forman parte de la Junta, que eximen de cualquier culpa al Gobierno y atacan al Parlamento, y por otra la del portavoz del grupo parlamentario, que responsabiliza directamente al presidente socialista.

TOLEDO.- El bloqueo legislativo del Gobierno de Castilla-La Mancha ‑del que forma parte Podemos‑ a la tramitación de leyes impulsadas por el propio partido morado ‑tanto desde dentro del mismo Ejecutivo como por parte de su grupo parlamentario‑ es ya el culebrón político de la región este año. Reanudación de las proposiciones de Podemos que sigue sin solución después de que el presidente Emiliano García-Page la condicionase a la crisis que arrastra la formación morada a nivel autonómico. Un conflicto interno que se ha suavizado en los últimos días con la unificación de buena parte del discurso para culpar de esta situación al PSOE, aunque todavía con notables diferencias.

Ante este dilema se encuentra Podemos que, con sus textos normativos en el aire, como su ley estrella ‑la de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas‑ retenida y la legislación contra la minería de tierras raras atrapada entre recursos, aguanta en el Gobierno regional.

Obviando cualquier tipo de choque con los socialistas en el Gobierno se encuentra José García Molina, vicepresidente segundo de la Junta y secretario regional del partido morado, que este lunes, frente a las cámaras de la televisión pública castellano‑manchega, ha acabado con varios días de silencio en relación al bloqueo de sus leyes, optando por poner el foco y responsabilizar de esta paralización al Parlamento autonómico, tal y como hizo el pasado miércoles su secretaria de Organización y presidenta del grupo parlamentario de Podemos, María Díaz.

"No acabo de entender lo que está pasando en las Cortes", ha asegurado Molina, quien tilda de "sorprendente" y "preocupante" que muchas leyes no continúen su tramitación. "Vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para que la actividad parlamentaria que está pendiente siga adelante hasta que acabe la legislatura. Nosotros no tiramos la toalla", ha sentenciado el líder de Podemos, que en ningún momento ha puesto en duda su continuidad, ni la de su compañera de filas, la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, en el Gobierno regional.

NUEVOS OBSTÁCULOS

Mientras tanto, la tramitación de la proposición de ley sobre minería de tierras raras sigue encontrando obstáculos en su camino y ahora, después de que la Mesa de las Cortes reconsiderase su decisión inicial de asumir el veto del Gobierno a la iniciativa, es el Ejecutivo autonómico el que anuncia su intención de solicitar la reconsideración de dicho acuerdo. Un recurso que, según David Llorente, portavoz del grupo parlamentario de Podemos y responsable de abanderar el ala interna del partido morado más crítica con el Gobierno regional, no tiene cabida al no estar contemplada en el reglamento de las Cortes la posibilidad de que sea el Ejecutivo el que recurra una decisión de la Mesa y cuyo simple planteamiento representa "una aberración jurídica y política".

Era el pasado jueves cuando, durante su intervención en el Pleno de las Cortes, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, anunciaba este nuevo giro de tuerca en este proceso, al considerar que la Mesa del Parlamento autonómico tomó la decisión ‑con la oposición de los representantes socialistas‑ en contra del criterio de los servicios jurídicos de la Cámara.

Un anuncio que se producía solo unos días después de que desde el propio grupo parlamentario socialista, su portavoz Blanca Fernández, apuntara que sus diputados votarían en el Pleno a favor de la toma en consideración de la iniciativa, para después realizar "un trabajo serio" con las enmiendas.

Sin embargo, desde el Gobierno regional se ha preferido optar por otra vía antes, como es la presentación de un recurso de reconsideración a la propia decisión de la Mesa de las Cortes y así, de paso, ganar tiempo en una legislatura que está a punto de tocar a su fin.

Un cambio de parecer con el que Guijarro "desmintió" públicamente a su portavoz de grupo en las Cortes, Blanca Fernández, quien ahora, según Llorente, deberá explicar "a la plataforma ‘Sí a la Tierra Viva’ ‑impulsora de la ley, que fue registrada en las Cortes por Podemos‑ y a la gente de Ciudad Real que la verdadera intención del PSOE ha sido siempre impedir, a toda costa, la tramitación de esta proposición de ley", y que se sumó a las protestas convocadas en su día "para hacerse la foto".

Durante su intervención en las Cortes, el vicepresidente primero recordó que el Consejo de Gobierno rechazó la tramitación de este proyecto de ley, presentado por Podemos, al tener "implicaciones presupuestarias". Por ello consideran que en la reunión de la Mesa de las Cortes del pasado viernes 15 de febrero, "se actuó de manera irresponsable, tomando una decisión en contra de los servicios jurídicos de las Cortes".

Sin embargo, el portavoz de Podemos, David Llorente, ha asegurado este lunes que el Gobierno "no puede recurrir ya esa decisión de la Mesa", puesto que el artículo 32.2 del Reglamento de la Cámara sí contempla esa posibilidad de solicitar la reconsideración de una decisión de la Mesa por parte de un diputado o grupo parlamentario, no al Gobierno, señalando además que una vez adoptada una decisión ‑como en este caso‑ ésta será definitiva.

Es por ello que Llorente considera que tanto Guijarro como Page "tendrán derecho a la pataleta", pero "no tienen derecho a presentar ya ningún recurso de reconsideración contra la decisión definitiva adoptada por la Mesa".

A su juicio, lo que plantean es una "aberración", jurídica y política, ya que la democracia parlamentaria y el Estado de Derecho "se fundamentan en la separación de poderes y las Cortes no son del Gobierno". Parlamento que es la representación de la soberanía del pueblo de Castilla-La Mancha, ha subrayado, lo que el Ejecutivo "tiene que acatar y respetar la facultad de las Cortes para legislar".

En este sentido, recordaba que la doctrina constitucional "ya ha establecido que el Gobierno no puede vetar caprichosamente la tramitación de leyes en las Cortes simplemente porque no le guste lo que se pretende legislar".

Un veto impuesto por parte del Ejecutivo autonómico que llevó al portavoz del grupo parlamentario Podemos, David Llorente, a ausentarse de la Comisión de Empleo y del Pleno como medida de protesta contra lo que consideraba una decisión "injusta" y sin argumentos, demostrando así a los socialistas que no podían dar por descontado el apoyo mayoritario de la Cámara.

Tira y afloja que llevaba por su parte a la Junta presidida por Emiliano García-Page a plantarse y anunciar que no remitiría a las Cortes más proyectos de ley hasta que el diputado de Podemos volviese a la disciplina de su partido. Una decisión del propio jefe del Ejecutivo, al parecer con efecto sorpresa, que el portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, anunciaba tan solo unos minutos después de que los dos miembros de la formación morada en el Consejo de Gobierno, José García Molina e Inmaculada Herranz, ofrecieran una rueda de prensa para informar sobre la aprobación de la ley de garantías y su envío al Parlamento, algo que ha quedado paralizado.

OTRAS LEYES SÍ SE TRAMITAN

Este jueves Martínez Guijarro se mostraba confiado en que esta decisión de no remitir proyectos de ley a las Cortes sea "coyuntural", asegurando que con esta medida el Ejecutivo persigue "defender el prestigio de las instituciones". Junto a ello, el vicepresidente primero denunciaba que en Castilla-La Mancha se está produciendo una "pinza" entre el PP y la izquierda anticapitalista, pues señalaba que Llorente pertenece a esta corriente y acusaba al diputado de Podemos de "querer agarrarse al PP para satisfacer su estrategia personal", mientras que el PP se "deja utilizar".

Una "delirante idea" como la calificaba este lunes Llorente, quien apelaba al "sentido del ridículo" de los socialistas para que dejen de esgrimir pretextos que "son un insulto a la inteligencia de la gente", ante una realidad "evidente" como el hecho de que "es Page quien está bloqueando el Parlamento".

En esta línea el portavoz de Podemos ha recordado que los socialistas "despreciaron" su compromiso y la "mano tendida", no quedando claro qué es lo que piden ahora, "salvo aparentemente una especie de rendición y entrega de la dirección de nuestro grupo parlamentario al señor Page".

Para ello apelan a un acuerdo de Gobierno "que el propio Page ha negado públicamente", recordando así la entrevista publicada en abril de 2018 por El Mundo, en la que el presidente regional subrayaba que se trataba "sólo de un acuerdo sobre un presupuesto".

Una negación pública de la existencia de un acuerdo que, sin embargo, ahora pretenden utilizar "para pasar el rodillo en las Cortes, anular la actividad de nuestro grupo parlamentario y que renunciemos incluso a defender nuestro programa mientras vetan y secuestran nuestras proposiciones y proyectos de ley". Un "doble rasero" que desde el Ejecutivo de García-Page se está aplicando de forma "injustificable".

En este sentido, Llorente ha recordado cómo la semana pasada se anunciaba públicamente que la ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, al contrario que la ley de Garantías de Podemos, "sí será remitida a las Cortes". Lo mismo que ocurría hace tres días, cuando anunciaron también que el proyecto de ley de Economía Circular llegará al Parlamento autonómico esta misma semana.

Sin embargo, tal y como se publicaba este domingo, ya dan por seguro que las leyes 'estrella' de Podemos ‑la ley de Garantías y la de Participación Ciudadana‑, "se quedarán en el cajón y no se tramitarán ya en esta legislatura".

Por ello, el portavoz de Podemos ha considerado que "no es cierto", como afirmó el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, durante el pleno del pasado jueves, que desde el Gobierno no se distinga entre los proyectos de ley del PSOE y los de Podemos, porque "mientras los del PSOE sí los remiten a las Cortes, los de Podemos los han mantenido aplazados y secuestrados durante año y medio de cogobierno".

Volviendo a la ley contra la minería de tierras raras, si a pesar de todo ello el Ejecutivo llegase a presentar el anunciado recurso, en contra de lo establecido en el Reglamento, "la Mesa no lo podría admitir a trámite". Asimismo, se ha mostrado convencido de que si la Mesa tuviese que votar de nuevo "volvería a rechazar el veto que pretende restablecer el Gobierno regional".

En este sentido, Llorente ha recordado que su compañera, María Díaz, "ha afirmado ya públicamente que seguirá apoyando la tramitación de cualquier iniciativa de Podemos, venga del Gobierno, venga del grupo parlamentario o venga de la sociedad civil". "Estoy seguro de que en la Mesa de las Cortes mantendrá esa posición y no cederá ante ningún intento de chantaje político", ha sentenciado.

Quien sí considera que debería pronunciarse al respecto de esta situación es el secretario regional de Podemos y vicepresidente segundo del Ejecutivo regional, José García Molina, quien debería aclarar "si apoya ese recurso y el bloqueo parlamentario que está practicando el Gobierno o si, por el contrario y como espero, apoya la tramitación de nuestras proposiciones y proyectos de ley".

En cualquier caso, ha apostillado, desde el grupo parlamentario de Podemos se seguirá defendiendo la tramitación de todos los proyectos y proposiciones de ley que están pendientes, para lo cual se va a solicitar la celebración de los plenos extraordinarios que sean necesarios para que puedan tramitarse.

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