TOLEDO.- Crear una fiscalía 'antiokupación', dotada con recursos materiales y humanos suficientes para combatir la ocupación ilegal de viviendas, es la propuesta que este lunes ha realizado el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, frente a un problema creciente en algunas zonas de la región.
Hernando ha formulado esta propuesta durante su intervención en el pleno de las Cortes, en el marco del debate general sobre la situación de la ocupación ilegal de viviendas en Castilla-La Mancha, presentado por el grupo parlamentario de Ciudadanos.
El titular de Fomento, con competencias en materia de vivienda, ha lanzado un mensaje para lograr "unidad política" y "tolerancia cero" a la ocupación ilegal en la región. Una práctica que ha definido como un "acto violento", que según ha subrayado va a encontrarse "con la más absoluta oposición por parte de las administraciones públicas".
Y es que, ha subrayado, la ocupación ilegal es "usurpación de los bienes que tanto esfuerzo han costado a las familias trabajadoras", de ahí el "absoluto rechazo" de la comunidad.
"Ellos están organizados y unidos en una actividad criminal", ha comentado Hernando sobre los 'okupas', por lo que ha apostado por "actuar de manera coordinada" e implementar una serie de actuaciones que ha considerado imprescindibles.
En este sentido Hernando ha planteado la necesidad de impulsar cambios legislativos que articulen "mecanismos legales ágiles" que permitan la defensa de los derechos de los titulares legítimos que "se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de su vivienda".
Actuaciones como cambios legislativos en el ámbito estatal que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de los titulares legítimos de las viviendas, como por ejemplo denegar las inscripciones en el padrón municipal a quienes ocupan ilegalmente una vivienda.
De igual forma, ha abogado por que no sean solo los propietarios las personas legitimadas para interponer denuncias y que los costes de las mismas se subroguen "al gran tenedor que no denuncia", de manera que las comunidades de propietarios e inquilinos de las viviendas puedan también interponer la denuncia.
Además, ha defendido la necesidad de que se aumente "en muchos más años" la prescripción de la usurpación y "endurecer las penas" para infractores, sobre todo a los que sumen otros delitos como trata de seres humanos o pertenencia a organización criminal, así como legitimar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Policía Local para intervenir en la vivienda ocupada, desalojarla y devolver el inmueble a su legítimo propietario.
Hernando ha remarcado que así ocurre ya en Baleares, con una instrucción de la Fiscalía, y se ha preguntado por qué no puede extenderse al resto del territorio español con la unificación de criterios y coordinación, al tiempo que ha planteado la puesta en marcha de una fiscalía 'antiokupación', dotada de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para poder hacer su trabajo "lo más rápido posible".
En el caso de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando ha indicado que la Junta de Comunidades no cuenta con las herramientas competenciales para abordar este problema de manera unilateral, pero ha asegurado que es una "prioridad" y por ello lleva a cabo una política de "tolerancia cero" en su propio patrimonio de vivienda, a la vez que se coordina con otras instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ayuntamientos, Administración Judicial, Policía y Guardia Civil.
En el ámbito regional, el consejero de Fomento ha señalado, entre otras actuaciones, el diálogo constante con todos los actores implicados en la problemática de la ocupación ilegal, así como el asesoramiento que presta el departamento que dirige a través de las oficinas de Vivienda a las personas afectadas por la ocupación ilegal.
Por otra parte Hernando ha recordado la puesta en marcha por parte del Gobierno regional de un Plan Social de Ingresos Patrimoniales, con el que se promueve "la eficacia, la eficiencia y un uso adecuado del patrimonio público de viviendas", garantizando a los adjudicatarios que puedan vivir "lo más dignamente posible".
En este sentido, el titular de Fomento ha subrayado que no se trata de "una mera declaración de intenciones", sino que se trata de un programa, dotado presupuestariamente, que cuenta con un equipo multidisciplinar cualificado, el cual realiza una intervención 'in situ' en todas las promociones de vivienda de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Los tres grupos parlamentarios han expresado en la sesión plenaria su rechazo a la ocupación ilegal y han manifestado la necesidad de adoptar medidas urgentes en relación a esta práctica.
