Rajoy pone en marcha los mecanismos del Estado para tumbar la jornada de 35 horas

El presidente del Gobierno ha enviado una carta a la Abogacía del Estado en la que se solicita el recurso contra la jornada laboral de 35 horas en Castilla-La Mancha, llevando la medida ante el Tribunal Constitucional.

A pesar de llevar varios meses con el Gobierno en funciones y negarse a someterse al control del Congreso de los Diputados, Rajoy sigue dispuesto a dar la guerra contra las comunidades autónomas. Concretamente, el presidente ha autorizado por carta a la Abogacía del Estado recurrir la supresión de las “horas Cospedal” ante el Tribunal Constitucional.

En la misiva, se incluye el recurso que ya había propuesto el Consejo de Ministros, pero se ha incluido una nueva medida que probablemente aumentará la tensión con el Ejecutivo de Emiliano García-Page. Rajoy ha pedido que se vuelva a obligar a los funcionarios de la región a jubilarse a los 65 años, algo que fue criticado por gran parte de los colectivos públicos, destacando los médicos y los docentes.

El presidente del Gobierno ha pedido en el texto que se cumpla en mandato del Consejo de Ministros, que considera que las dos leyes regionales “contravienen lo dispuesto en la ley de Presupuestos Generales del año 2012”, que se encarga de regular la jornada general de trabajo del personal del sector público.

Estos dos recursos han sido propuestos después del fracaso de las negociaciones entre el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda, que ya había amenazado por aquel entonces con recurrir ante el Constitucional la jornada laboral. A pesar de eso, el Ejecutivo de Rajoy se había mostrado dispuesto a aceptar que los funcionarios que lo pidieran no se jubilasen a los 65 años.

De esta manera, se han puesto en marcha los mecanismos del Estado para suspender las leyes autonómicas, que entraron en vigor en enero de este año.

La Junta intentará que no se despida a ningún funcionario

Por su parte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya ha anunciado que está buscando fórmulas legales para evitar que se produzca el despido de empleados públicos en caso de que se dicte la suspensión de estas leyes. El portavoz Nacho Hernando ha explicado a la prensa que la Junta tendrá como prioridad que no se produzca ningún despido, sobretodo en la sanidad.

El representante del Gobierno regional ha considerado “un atropello constitucional” que un Gobierno en funciones recurra un acuerdo de un ejecutivo autonómico aprobado en las Cortes regionales. Asimismo, recordó que la ley que reducía la jornada laboral y la que anulaba las jubilaciones forzosas fueron aprobadas el 2 de diciembre por PSOE y Podemos.

Nacho Hernando ha acusado directamente a María Dolores de Cospedal de ser la responsable del recurso contra estas leyes, declarando que la secretaria general de los conservadores “utiliza a los peones de un gobierno en funciones para seguir destruyendo nuestra tierra desde Madrid".

El portavoz autonómico recordó que Cospedal declaró en una entrevista que “seguiría siendo presidenta si hubiese sido menos dura con los trabajadores públicos”. Tras esto, Hernando afirmó que Cospedal ahora está actuando por “venganza política”, al no soportar que “2 de 3 castellano-manchegos votaran a favor de su jubilación forzosa”.

Para finalizar, nacho Hernando señaló que la vuelta a las “horas Cospedal” y a la jubilación forzosa hará que se resientan los servicios públicos.

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