TOLEDO.- Castilla-La Mancha, con un bajada de 0, 9 puntos porcentuales, es la comunidad autónoma de la zona sur de España en la que menos se reduce la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE en 2022, pese a haber reducido su tasa de pobreza severa en más de 3 puntos.
Así, consta en el informe sobre el Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas correspondiente a 2022, publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que refleja una desigualdad entre regiones, en función de si están al norte de Madrid, con tasas bajas, o al sur, más altas.
El citado informe refleja que en 2021 la tasa AROPE representaba en Castilla-La Mancha el 32,5 por ciento frente al 31,6 de 2022, es decir, casi un punto menos, aunque la diferencia con respecto a la media nacional es de más de 5 puntos (26 por ciento).
Este leve descenso de 0,9 puntos, positivo sobre todo por la caída de la pobreza severa en 3,2 puntos -en 2021 se situaba en 11,9 por ciento y en 2002 en el 8,7 por ciento-, se debe a que, a pesar de reducirse su tasa de riesgo de pobreza en un 1,3 puntos, al pasar del 27,4 al 26,1 por ciento-, la privación material social y severa se incrementó en 1,8 puntos.
Así, tomando como referencia los datos de 2015, se aprecia un importante descenso de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social de 4,7 puntos y se detecta como, hasta la llegada del covid-19, Castilla-La Mancha seguía la senda adecuada para alcanzar los objetivos de reducción de la tasa AROPE establecidos por la Agenda 2030.
Sin embargo, el impacto de la pandemia desvió este camino y en 2022 en Castilla-La Mancha se registraron unas 180.000 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión más de las que correspondería por lo comprometido.
Esto supone que, si en esta región no existiese ningún tipo de transferencia pública, la tasa de riesgo de pobreza crecería 23 puntos porcentuales, mientras que si sólo hubiese pensiones por jubilación y supervivencia, el incremento sería de 8,7 puntos.
Éste es el caso también de otras comunidades como Madrid, Castilla y León, La Rioja, Región de Murcia, Aragón y Andalucía, donde las transferencias reducen entre un 21 y un 25 por ciento las tasas de pobreza que se registrarían en la Comunidad, mientras que la acción del Estado se manifiesta con mucha intensidad en Cantabria, Baleares, Galicia, Canarias, Extremadura y País Vasco, donde las transferencias reducen entre un 30 y un 39 por ciento el valor de su tasa de pobreza.
A su vez, la pobreza severa casi se cuadruplicaría si el Estado no cumpliese su labor redistributiva (32,9 por ciento) y sería de cerca del doble si sólo hubiese pensiones por jubilación (16,0 por ciento).
El informe pone también de manifiesto, al analizar la evolución de estas diferencias, "una relativa estabilidad" a lo largo de la serie histórica, lo que muestra la gran importancia de la acción activa de las administraciones en el sostenimiento de las condiciones de vida de las personas y la reducción de la pobreza y las desigualdades.
Además, en 2021 se detectó un incremento del impacto de las transferencias, gracias a la implementación de las medidas incluidas en el escudo social, efecto que se ha mantenido en 2022 gracias a la continuidad dada a parte de las políticas impulsadas el año anterior.
