TOLEDO.- Cuatro años han pasado desde la firma del Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha y ya ha comenzado a dar sus frutos. Un acuerdo firmado por el Gobierno regional con sindicatos y empresarios, la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM) y la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (Recamder) en la Real Fábrica de Paños de Brihuega, al que se invitaba a sumarse a todas las instituciones de la región y avanzar así en una nueva estrategia para luchar contra el despoblamiento.
Avances logrados incluso antes de lo esperado que hoy ha valorado en un vídeo difundido en sus redes sociales el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien subraya lo que ha traído consigo la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Una norma, señala, que "propone medidas fiscales preferenciales para las zonas en despoblación y que ha marcado un cambio de mentalidad de casi todos los márgenes de servicios públicos, con la que nos hemos autoexigido priorizar y tomarnos en serio el fenómeno de la despoblación".
Page recuerda que el Pacto contra la Despoblación se firmó hace cuatro años "para afrontar un problema de esos difíciles, que se dicen pronto, pero que no se pueden resolver ni de la noche a la mañana, ni con un milagro. De los que requieren estrategia, tesón, constancia, intentar cambiar el curso de los acontecimientos y de la propia vida social", señala, antes de apuntar que esta firma "marcó el comienzo de una estrategia que se ha materializado en una ley".
En este sentido, el presidente castellanomanchego ha lamentado que la ley regional, que aborda "la despoblación obligatoria, la que hace que la gente se tenga que marchar porque le falta lo básico", sea "la única todavía en España".
Por ello, ha subrayado que después de cuatro años, "la estrategia está dando resultados antes incluso de lo que algunos nos imaginábamos, porque sabíamos que el tratamiento requería de largo tiempo. Se está notando en la población, en los empadronamientos, en los proyectos de inversión que van vinculados ya no solo a zonas urbanas, sino también rurales y, desde luego, se está notando, y mucho, en la consolidación de los servicios públicos".
UN ANTES Y UN DESPUÉS
Una Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, que era aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico en mayo de 2021, dotando así a la región de la receta para luchar contra el despoblamiento. Una iniciativa una iniciativa pionera, trasversal y participada, en la que por primera vez se introducía la política fiscal como elemento para retener y atraer población.
Una norma que blinda los servicios públicos en el medio rural para que los habitantes de las zonas afectadas por la despoblación -en riesgo, en intensa y en extrema despoblación- puedan acceder a ellos en igualdad de condiciones que aquellos que viven en las ciudades o municipios de mayor tamaño, y ha supuesto un antes y un después en la lucha contra la despoblación.
Además de las mejoras en el ámbito educativo, como las actuaciones en centros ubicados en las zonas más despobladas o las escuelas rurales en 250 pequeños municipios de la región, y en materia sanitaria con 101 centros de salud, 825 consultorios locales y 458 farmacias en zonas en riesgo, intensa y extrema despoblación, la Ley también ha permitido que por primera vez se aplique la fiscalidad diferenciada como una herramienta más para hacer frente al problema demográfico. Así, en la última campaña de la renta, 81.929 personas fueron beneficiarias de estas deducciones, un 30 por ciento más que el año anterior.
Por otro lado, y en cuanto a las ayudas para aquellos o aquellas que emprendan en los pueblos afectados por la despoblación, desde la entrada en vigor de la Ley de medidas contra la Despoblación se han concedido 1.400 ayudas de inicio de actividad en estas zonas por un importe total de 1.257.300 euros.
Asimismo, Castilla-La Mancha es receptora de población con un saldo migrante positivo de 42.492 personas desde 2021, que entró en vigor la Ley, y 11.368 personas han elegido las zonas de extrema, intensa y en riesgo de población para vivir.
"Yo creo que estamos en el camino correcto, porque lo verdaderamente importante es saber que no puede quedar en un titular ni en flor de un día. Tiene que ser una política estructural para bastante tiempo", ha finalizado García-Page.
