TOLEDO.- Ocho municipios españoles, dos de ellos situados en Castilla-La Mancha, siguen estando dedicados a quienes protagonizaron el golpe sufrido por la democracia en 1936; 'apellidos' aún vigentes que, sin embargo, tienen los días contados atendiendo a lo establecido en la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática.
Una situación sobre la que ha puesto el foco el abogado de víctimas del franquismo Eduardo Ranz, quien ha pedido a estas ocho localidades, así como a una veintena de obispados y arzobispados, que aún siguen conservando símbolos franquistas, la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad, retirando dicha simbología y contribución así al avance social y de derechos de un país como España.
Y es que, tal y como recuerda Ranz, pronto esta simbología de exaltación a quienes cometieron crímenes contra la humanidad en España "desaparecerá" y lo hará "gracias a una ley democrática".
Una Ley de Memoria Democrática que aprobaba definitivamente el Senado el pasado 5 de octubre, marcando "un día inolvidable para la democracia española", tal y como apuntaba el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
Sin embargo, todavía en las carreteras, en los mapas o centros religiosos del país sigue estando presente "la simbología que recuerda el golpe sufrido contra la democracia, la legalidad republicana, la constitución y la voluntad de las urnas", subraya el abogado.
Este es el caso de ocho municipios que conservan en su 'apellido' una dedicatoria al caudillo, a los generales Mola y Yagüe, o directamente toman el nombre de 'villafranco'.
En Castilla-La Mancha se encuentran dos de estas poblaciones, una en la provincia de Toledo, Alberche del Caudillo, y otra en la de Ciudad Real, Llanos del Caudillo.
En la EATIM toledana esta cuestión del 'apellido' ya se puso sobre la mesa con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007. Entonces su alcalde, el socialista David Rueda, se mostró favorable a cambiar el nombre si así lo establecía la legislación. Sin embargo, no se dio ningún paso más en ese sentido.
Años después, ya en 2016 bajo el gobierno municipal del Partido Popular, su alcaldesa entonces, Ana Rivelles, se encontró con las denuncias del abogado Eduardo Ranz, que consideraba que mantener la denominación del municipio incitaba al odio al tiempo que incumplía la Ley de Memoria Histórica.
Se planteó entonces la posibilidad también de someter a referéndum el posible cambio de nombre del municipio, aunque nunca se llevó a cabo.
También son dos los municipios extremeños en esta situación: Villafranco del Guadiana y Guadiana del Caudillo, ambos en la provincia de Badajoz.
Por su parte Castilla y León tiene tres de estas localidades: Quintanilla de Onésimo, en Valladolid; Alcocero de Mola, en la provincia de Burgos, y San Leonardo de Yagüe, en Soria; mientras que en Andalucía, concretamente en la provincia de Málaga, se ubica Villafranco del Guadalhorce.
Nombres que en aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática, conforme lo establecido en su artículo 35, serán considerados como "elementos contrarios a la memoria democrática". Un artículo que en su punto segundo recoge que "serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial".
Pero además de pedir a estos municipios que tomen medidas al respecto, desde este despacho de abogados se ha trasladado también esta solicitud a una docena territorios diocesanos, en los que "se puede observar simbología franquista", contradiciendo así el cuerpo legal.
Y es que en este mismo artículo 35, pero en su punto quinto, se indica al respecto que "cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos, en la forma establecida en el presente artículo".
A este respecto señala, ya en su útimo punto, que los elementos retirados de los edificios de titularidad pública "se depositarán, garantizando el cese de su exhibición pública, en dependencias que habrán de comunicarse al departamento competente en materia de memoria democrática, debiéndose de realizar y actualizar un registro de los mismos".
De este modo, el abogado ha dirigido su petición a los arzobispados de Oviedo, Mérida-Badajoz, Pamplona-Tudela, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Zaragoza; así como a los obispados de Getafe, Alcalá de Henares, Cartagena, Ciudad Rodrigo, Almería, Córdoba, Coria-Cáceres, Ourense, Orihuela-Alicante, Santander, Tui-Vigo, Calahorra y La Calzada-Logroño, y Segovia.
Todos ellos, tanto los municipios como los arzobispados y obispados, en caso de no acatar lo establecido por la ley y cambiar su nombre o bien retirar los elementos contrarios a la memoria democrática, pueden enfrentarse a multas de entre 2.001 y 10.000 euros.
En este sentido, la Ley recoge que se consideran elementos contrarios a la memoria democrática "las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial".
En este sentido la Ley de Memoria Democrática señala que supondrá una infracción grave el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, "cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares", ascendiendo a esas cantidades la multa en concepto de restablecimiento de la legalidad.
