TOLEDO.- Coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, Izquierda Unida y el PCE de la región han formalizado sus correspondientes enmiendas al borrador del decreto por el que se crea y regula el Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, tras comprobar cómo de sus 14 vocalías tan solo dos están destinadas a agentes externos a instituciones públicas.
Ambas formaciones entienden que la propuesta planteada por la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades para el Consejo Asesor "adolece de una falta de participación de representantes de las víctimas", tanto de carácter personal como de entidades políticas, sociales, sindicales o de cualquier otra índole "que pudieran verse identificadas con la represión franquista".
Es por ello que desde el PCE se alega a lo que considera "su condición especial", adquirida por su defensa de los derechos y libertades democráticas en España durante la Guerra Civil y la dictadura.
Una condición, explican en nota de prensa, que se basa en "una represión mayúscula, con un saldo de persecución, muertes, torturas, encarcelamientos, violaciones, destierros, exilio y embargos forzosos" hacia su militancia que le confiere esa condición "específica y exclusiva" que desde el PCE consideran sería "de gran ayuda y aportación" en el Consejo.
Tanto Izquierda Unida como el PCE recuerdan cómo ambas organizaciones vienen manteniendo un importante compromiso con la Memoria Democrática en Castilla-La Mancha, "allá donde tienen oportunidad de desarrollar dicha actividad", siempre que "tiene que ver con la promoción de los principios de verdad, justicia y reparación" -señalan- "para que se puedan establecer garantías de no repetición y de los valores democráticos entre la ciudadanía.
Por su parte explican que IU representa y defiende con vehemencia, siempre que tiene oportunidad, estos principios en aquellas instituciones públicas en las que está representada. "Son multitud los municipios de Castilla-La Mancha, así como en las tres diputaciones provinciales de la región en las que la formación está representada, donde se ha escenificado y comprobado "el compromiso de los cargos públicos de Izquierda Unida con la defensa de los valores de la Memoria Democrática.
Un compromiso, insisten, que no se limita al ámbito institucional, sino que también tiene un carácter público y social que se basa en "establecer a las víctimas en el eje principal de la atención hacia la memoria democrática, allá donde sea necesario, que es en todo caso imprescindible", subrayan.
