TOLEDO.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ratificado las medidas adoptadas por el Gobierno regional para prevenir la expansión de la covid-19 y su variante ómicron por los centros sociosanitarios residenciales de la comunidad autónoma.
Medidas acordadas en la Comisión de Salud Pública y Vacunación, y recogidas en la resolución de 29 de diciembre de 2021 de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.
Una de las medidas, establece la limitación de las visitas tanto a las residencias de mayores como a las de personas con discapacidad, señalando una por semana y de un único familiar por residente. Asimismo estas visitas se concertarán mediante cita previa de forma coordinada con los centros.
Por otra parte, también se establecía la realización de pruebas diagnósticas de covid con carácter semanal a los trabajadores de estos centros, una por semana a los vacunados y dos por semana a los no vacunados.
Desde el Ejecutivo regional han manifestado su satisfacción por la ratificación de las medidas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
En este sentido destacan que el Tribunal confirma que se trata de medidas que están justificadas y tienen como finalidad última salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de personas especialmente vulnerables y que pueden considerarse necesarias e idóneas para hacer frente a esa situación de tasas ascendentes de contagios, valorando igualmente la escasa incidencia que tienen respecto a los derechos fundamentales afectados.
Así, en cuanto a las visitas, el Tribunal ratifica la limitación de una visita por residente y semana, y de duración máxima de dos horas.
Se ratifica también la realización de pruebas de diagnóstico de infección activa a las personas que ingresen o reingresen al centro y también a las personas trabajadoras de los centros, diferenciando respecto a estas según hayan sido o no vacunadas, que se justificarían por la necesidad de evitar transmisión para los pacientes o residentes en esos centros dada su mayor vulnerabilidad, y evitando así que quede afectado el funcionamiento de los centros.
En este caso, el Gobierno regional pondrá a disposición de los centros residenciales para mayores y personas con discapacidad, pruebas diagnósticas de infección activa. Estas medidas preventivas, estarán vigentes finalmente hasta el próximo 17 de enero de 2022.
