TOLEDO.- A menos de quince días para que se cumpla el primer año de la aprobación de la Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, que salió adelante en las Cortes regionales el 22 de julio de 2021 con el voto a favor del PSOE y Cs y la abstención del PP, la región se ha dotado de un nuevo órgano fruto de la normativa: el Observatorio del Juego Responsable.
Un órgano que tratará de promover y elaborar estudios e informes sobre el impacto del juego en la sociedad y los efectos de una práctica no adecuada, así como realizar propuestas para la puesta en marcha de acciones orientadas al juego responsable, como su propio nombre indica.
Entre sus funciones, la sensibilización, información y difusión de las buenas prácticas del juego y llevar a cabo campañas preventivas y educativas en colaboración con otras administraciones públicas y organismos públicos o privados.
Unas acciones que estarán diseñadas por la propia Administración y los distintos colectivos que forman parte del Observatorio, expertos con competencia técnica reconocida, representantes empresariales, sociales y de otras administraciones. De hecho, en la constitución del órgano, presidida por la directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor, se ha decidido que por parte del Gobierno regional haya personas con competencias en salud pública, infancia y familia, juventud, consumo y educación.
A estos representantes se suman miembros de la Asociación de Empresarios de Juego de Castilla-La Mancha (Ejucaman), la Federación de Asociaciones de Máquinas Recreativas de la región (Famacasman), la Confederación de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios; Ludópatas Asociados en Rehabilitación (Larcama) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
De esta manera, el Observatorio materializará buena parte de la Ley que entró en vigor en enero de este año 2022 a fin de garantizar una mejor ordenación de la industria del juego en la región y para que su actividad sea moderada y responsable, compatibilizándola con la protección de los usuarios.
Buscaba también el Ejecutivo socialista presidido por Emiliano García-Page corregir ciertas "anomalías" de la anterior ley del PP, de 2013, que permitió la proliferación de establecimientos de juego en la comunidad autónoma y, a la vez, una creciente preocupación social por los efectos entre la población que ya estaba acarreando la amplia oferta de locales.
Y es que los establecimientos de juego autorizados en Castilla-La Mancha se multiplicaron por cuatro, ya que en 2013 había 51 locales mientras que en 2020 la cifra alcanzó los 200, situando a la región como una de las de mayor densidad en relación con el número de habitantes.
La Ley del Juego es, por tanto, más controladora del sector y obliga a que la oferta se adecúe a la demanda social con políticas de juego responsable, la reducción de los efectos negativos de la publicidad, una mayor actividad inspectora y, sobre todo, la protección de los colectivos más vulnerables como menores y personas con problemas de adicción.
Todo ello será analizado por el nuevo Observatorio del Juego Responsable de Castilla-La Mancha que pondrá coto, a través de diferentes acciones, a la actividad y fundamentalmente al impacto negativo que puede provocar entre la población castellanomanchega.
