TOLEDO.- La asociación Manuel Azaña denuncia la situación de "desamparo" en la que lleva casi un año, al encontrarse con la negativa del Registro Civil de Talavera de la Reina a permitirles el acceso para desarrollar un proyecto de investigación sobre la represión franquista, así como el silencio del Ministerio de Justicia ante sus reclamaciones por ello.
Una situación que denuncia el presidente de la asociación, Isabelo Herreros, quien pide el máximo apoyo de la ciudadanía talaverana y toledana ante este "atropello" al conocimiento de la historia, aún reciente, de la Ciudad de la Cerámica.
Y es que, según denuncian desde la asociación, hace más de un año que el Registro Civil de Talavera de la Reina les impide el acceso para fotografiar los certificados de defunción fechados entre 1936 y 1947 que existen en su archivo, en el marco de un proyecto de investigación sobre la represión franquista en la ciudad. Una iniciativa que cuenta con financiación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que la incluye en su plan cuatrienal, y la propia Asociación Manuel Azaña.
Labor de investigación que constituye la primera fase de un proyecto más ambicioso, la investigación sobre la fosa común del cementerio municipal de Talavera que alberga los restos de los represaliados por el franquismo durante la guerra civil y la posguerra. Un trabajo en el que esta primera fase, consistiría en documentar los enterramientos, puesto que ni siquiera existen datos aproximados respecto al número de personas que pudieran estar en esta fosa.
Acceso al archivo del Registro, concretamente a los tomos de defunción, que fue solicitada por el colectivo el 8 de julio de 2022, con el objetivo de poder cotejar los certificados existentes con el libro de registro de enterramientos del cementerio de Talavera de la Reina.
Una solicitud que fue denegada el 22 de septiembre por la encargada del registro, la jueza Lourdes Ramírez Castro -precisan desde la asociación-, argumentando que la entrada y consulta de dichos fondos documentales públicos "crearía dificultades y perturbaciones del servicio", dada la saturación del mismo.
Ante esta negativa, la asociación planteaba un recurso de alzada ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, en noviembre de 2022, sin que hasta la fecha hayan tenido contestación por parte del departamento que dirige Pilar Llop.
Siete meses después, en junio de este año, preguntaban a través del registro al Ministerio de Justicia en qué punto se encontraba el trámite, sin que hayan tenido desde entonces respuesta.
Así, tras meses de espera, el pasado lunes la asociación Manuel Azaña volvía a presentar un escrito solicitando el certificado de silencio administrativo que les permita seguir con otras vías jurídicas en esta "pelea" contra el aparato administrativo de un estado que, "por una parte aprueba una ley de Memoria Democrática que faculta a las asociaciones y a los investigadores para la consulta de la documentación sobre la represión franquista en los archivos públicos y privados", y por otra, "un grupo de funcionarios públicos y administraciones, utilizando un entramado de normas tanto jurídicas, de funcionamiento y administrativas, impiden la investigación de lo sucedido durante los años de la represión franquista".
Trabas que impiden avanzar en la comprensión de lo ocurrido durante estos años, explican desde la asociación, y que se han ido trasladando en diferentes reuniones a la Secretaría de Memoria Democrática y a su titular, Fernando Martínez López.
"Queremos pasar página con lo que aconteció durante la dictadura de Franco", señalan desde la asociación, "pero no queremos que ninguna hoja se quede en blanco".
Por ello piden al Registro de Talavera y a su titular, que "recapacite" y permita a la asociación realizar su trabajo sin perjuicio de la labor pública que ante la ciudadanía realizan día a día.
Cabe recordar que desde la Asociación Manuel Azaña se desarrolló un proyecto similar en Toledo, con el objetivo de cuantificar, identificar y ubicar en el cementerio de la capital regional a los fusilados por el franquismo. Un estudio que dio como resultado una estimación de la existencia de 1.787 víctimas de la represión enterradas en el camposanto toledano, de las cuales 783 siguen sin identificar.
