TOLEDO.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo ha confirmado la nulidad de un contrato adjudicado la pasada legislatura por el entonces equipo de Gobierno municipal de Talavera de la Reina, del Partido Popular, al existir una relación familiar entre uno de sus concejales, hoy edil en la oposición, presidente del PP a nivel local y vicesecretario de Comunicación de la formación en Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, y la propiedad de la sociedad adjudicataria.
El conocido como 'caso cloro' acababa en los tribunales tras la decisión municipal de anular el contrato de suministro de productos para el tratamiento del agua de las piscinas y limpieza de instalaciones municipales, al constatarse que la madre del concejal tenía participación en la sociedad que concurría a la licitación y que, por tanto, tenía prohibido por ley presentarse a la misma.
Una situación sobre la que ya había advertido desde el propio Ayuntamiento el secretario municipal y posteriormente ratificaba el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en su dictamen respecto a la anulación del contrato, pese a lo cual desde la mercantil Godoy Droju S.A. se ha seguido insistiendo en la inexistencia de dicha incompatibilidad.
Ahora el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo ha desestimado el recurso planteado por la empresa Godoy Droju S.A. contra la anulación, por parte del Ayuntamiento de Talavera -en julio de 2019-, de este contrato. Una anulación que se decretaba por existir una relación de parentesco -madre e hijo- entre la propiedad de la sociedad y uno de los miembros del órgano de contratación, la Junta de Gobierno local del Consistorio talaverano en el momento en el que se presentó la oferta.
Situación de incompatibilidad cuya existencia reconoce esta sentencia, de fecha 19 de febrero y a la que ha tenido acceso PeriódicoCLM, en la que el juez señala que la actuación del Ayuntamiento al anular el contrato fue "correcta", ya que la empresa automáticamente debía quedar excluida del proceso debido a esta relación de parentesco.
DOCUMENTO | Sentencia que declara nulo el contrato a la empresa de la madre de Santiago Serrano
Así, señala el juez, "no se trata que el concejal" -Santiago Serrano- "haya influido en la adjudicación", puesto que "si lo hubiera hecho estaríamos probablemente ante otro procedimiento y en otra jurisdicción", sino del hecho fehaciente de que la empresa "no podía licitar", al carecer de capacidad para ello e incumplir los requisitos al firmar la declaración responsable en la que afirmaba que no concurría ninguna causa, "pues sí que concurría".
Una declaración responsable cuyos requisitos deben concurrir al finalizar el plazo de presentación de las proposiciones, y que en este caso la mercantil presentó junto a la oferta, a pesar de existir esa relación de parentesco con uno de los miembros del órgano de contratación.
Un hecho al que ya hacía referencia en su dictamen de fecha 10 de julio de 2019 el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, a raíz del expediente para la revisión de oficio del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 17 de mayo de 2018 -cuando aún gobernaba en Talavera el Partido Popular y Serrano era viceportavoz del equipo de Gobierno y concejal de Acción Comarcal, Régimen Interior y Transparencia- por la que se adjudicaban a la mercantil Godoy Droju SA dos de los lotes contemplados en el contrato.
Informe del Consultivo al que también ha tenido acceso PeriódicoCLM, que recoge cómo ya el secretario municipal, el 15 de noviembre de 2018, advertía de que la empresa Droju S.A. incurría en la prohibición de contratar, puesto que en la escritura de la sociedad "figura como accionista y miembro del Consejo de Administración un familiar de un concejal del Ayuntamiento perteneciente a la Junta de Gobierno Local", resaltando además que el órgano de contratación para dicha licitación era la propia Junta de Gobierno Local.
Fue entonces, a la vista de este informe del secretario municipal, cuando la Junta de Gobierno Local, de la que aún formaba parte Serrano, acordaba iniciar un procedimiento para declarar la prohibición de contratar por parte de esta empresa.
Desde la mercantil alegaban entonces -14 de diciembre de 2018- la inexistencia de tal incompatibilidad, señalando que la madre del concejal no era administradora de la sociedad entonces ni tampoco a la fecha de la contratación. Asimismo, como recoge el informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, habría negado en dichas alegaciones al Ayuntamiento la existencia de conflicto de intereses "pues la relación de parentesco en sí misma no presupone dicho conflicto", argumentando que la empresa había sido adjudicataria "durante muchos años" del contrato de suministro de cloro y en esta última haber llegado a serlo tras desistir los cuatro adjudicatarios precedentes.
Razones que no convencieron al secretario municipal, quien ya en enero de 2019 contestaba con un informe reiterando la existencia del conflicto de intereses debido a esa relación de parentesco por consanguinidad, y por tanto tener vigencia la prohibición de contratar en la entidad Droju S.A. en este procedimiento.
Se iniciaba así un ir y venir de recursos y alegaciones, desestimados por parte del Ayuntamiento, hasta que finalmente el 9 de mayo de 2019 la Junta de Gobierno Local acordaba suspender el procedimiento de declaración de nulidad y solicitar un informe al Consejo Consultivo, lo cual se hizo con fecha 11 de junio de 2019, quince días después de las elecciones y de que los populares perdiesen el Gobierno municipal en la Ciudad de la Cerámica, cabe recordar.
En dicho informe el Consultivo detalla cómo en las escrituras públicas de la sociedad incorporadas al expediente, figura "como presidenta el Consejo de Administración" de la mercantil Rosario Concepción Godoy Garrido -madre del edil del PP-, así como su condición de "socio suscribiente del 25 por ciento del capital social".
Asimismo subraya cómo en la documentación aportada por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina queda acreditado que el órgano de contratación era la Junta de Gobierno Local, de la que formaba parte Santiago Serrano, y que, según dicha documentación, "formó parte de las sesiones de dicho órgano colegiado en las que se clasificaron las proposiciones presentadas, de fecha 21 de marzo de 2018", en las que "se dio la conformidad para proceder a la adjudicación a Droju SA, previa renuncia efectuada por las empresas que le precedían en puestos anteriores".
Es por ello que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha consideraba acreditada la concurrencia de incompatibilidad para contratar y la existencia de un conflicto de intereses. En este sentido señalaba el Consultivo respecto a Serrano que "su decisión o participación en la toma de la decisión colegiada pudo de alguna manera estar influenciada, aun de modo indirecto, por intereses personales derivados de su relación de parentesco con una de las administradoras de la citada empresa, su madre", por lo que no cabe negar la existencia de "cierto riesgo de conflicto de intereses por contraposición del interés público", habiendo podido quedar comprometida "la objetividad, la imparcialidad y la independencia requerida en el procedimiento de contratación".
Algo que no queda desvirtuado, señalaba el Consejo Consultivo, por las alegaciones de la mercantil al argumentar que había sido adjudicataria durante muchos años del contrato o que hubieran desistido antes otros cuatro licitadores en este caso.
De este modo dictaminaba a favor de la revisión de oficio del acuerdo de adjudicación del contrato de dos de los tres lotes que salían a licitación, al concurrir en él la causa de "nulidad de pleno derecho".
DOCUMENTO | Dictamen del Consejo Consultivo contra la adjudicación a Godoy Droju S.A.
EL PSOE PIDE EL CESE DE SERRANO
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo tras la que el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado el cese inmediato o la dimisión del vicesecretario de Comunicación del PP autonómico, Santiago Serrano, al considerar que la justicia ha ratificado "la ilegalidad de la contratación que él mismo adjudicó a la empresa de su madre en la pasada legislatura".
En un comunicado, el PSOE se mostraba confiado en que Serrano "asuma responsabilidades o de lo contrario sea cesado por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, después de este varapalo judicial que ha puesto en cuestión no solo la legalidad del contrato adjudicado a su madre, sino la ética política de Serrano como cargo público".
Los socialistas llamaban así la atención sobre la actitud de un responsable municipal, ahora vicesecretario de Comunicación del PP en la región, que "enarbolaba las banderas de la ciudad contra el Gobierno regional en la legislatura pasada, mientras -según una resolución judicial- aprovechaba su cargo municipal para beneficiar a un empresa de su familia".
"Consideramos que no todo vale en política y mucho menos valerse de responsabilidades públicas para el lucro personal o de las personas próximas", señalaba el PSOE en un comunicado.
Por otra parte, confiaban en que los populares de la región aprovecharan sus comparecencias en rueda de prensa para pronunciarse sobre "si toleran las prácticas ilegales de su vicesecretario de Comunicación y sobre si consienten los sobresueldos en B que supuestamente cobraba su hipotética presidenta de honor".
En ese sentido, los socialistas recordaban que el extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado esta semana en el juzgado que la antecesora del señor Núñez "recibía sobresueldos del partido, mientras que supuestamente su asesor en la Junta de Comunidades, Andrés Gómez Gordo, guarda la prueba que acredita el conocimiento de la ‘caja B’ por parte de la dirección del PP".
Así, pedían al PP de Castilla-La Mancha que "no vuelva a recurrir al silencio ante hechos tan graves" y que "demuestre que su intención de renovarse no se queda solo en hacer una mudanza de sede".
Una petición que no 'calaba' entre los cargos populares, puesto que su portavoz regional, Francisco Cañizares, preguntado al respecto de esta sentencia en rueda de prensa aseguraba "no tener información" al respecto por tratarse de "temas locales", aunque precisaba que por lo que él sabía "el señor Serrano no ha sido condenado de nada".
