TOLEDO.- La reacción oficial al trasvase máximo legal en pleno agosto no se ha hecho esperar. Instantes después de que el Ministerio para la Transición Ecológica lo hiciera oficial, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha salido a calificar públicamente las derivaciones de la cabecera del Tajo hacia el Levante como "totalmente insostenibles" y, por tanto, reclama un cambio en materia hídrica a nivel nacional en el que se tengan en cuenta los intereses de todos los ciudadanos, "también los de Castilla-La Mancha".
Tras este nuevo golpe al río, el Ejecutivo autonómico incide en que "existen alternativas para el regadío en la zona del Segura, como las desaladoras, que no harán necesario el trasvase". Algo para lo que "ya se están sentando las bases desde la Administración central", pues "existe el compromiso" de la ministra Teresa Ribera tras la reunión mantenida con el jefe del Gobierno regional, Emiliano García‑Page, la semana pasada en Toledo, para que los municipios ribereños puedan, por primera vez en la historia, contar con voz a la hora de adoptar decisiones en materia de agua, estando cada vez más cerca que se tengan en cuenta "los intereses de la cuenca cedente frente a la receptora".
Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien recuerda que , esta decisión técnica se produce "ni más ni menos" por la existencia del Memorándum del año 2013 -firmado por gobiernos del PP, entre ellos el de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha‑, el cual ha calificado de "injusto" y sobre el que ha indicado que "no tiene en cuenta los intereses de los castellano‑manchegos".
Y es que el mismo texto señala como cifra de referencia a tener en cuenta para el 1 de agosto hasta un máximo de 661 hectómetros cúbicos de agua acumulada en la cabecera del Tajo, para que se considere un nivel 3 ‑situación hidrológica excepcional‑, lo que conlleva una derivación automática de 20 hectómetros cúbicos como se ha dado el caso de la propuesta de este lunes, al estar Entrepeñas y Buendía en 546,4 hectómetros cúbicos el primer día de este mes de agosto, aunque el volumen embalsado es muy inferior a día de hoy, ya que el nuevo trasvase y las pérdidas de agua de las últimas semanas dejan al Tajo a las puertas del desastre medioambiental, rozando el nivel 4 que situaría al río en estado de emergencia.
Solo ahí, en ese nivel cuatro, no se podrían realizar trasvases, ya que es cuando los pantanos de cabecera del Tajo acumularían menos de 400 hectómetros cúbicos. Un límite que Martínez Arroyo considera inaceptable porque, a su modo de ver, "perjudica los intereses de Castilla-La Mancha y la salud medioambiental del propio río".
En este punto, ha agregado que se sigue a la espera de la conformación de un Gobierno en España para continuar con un diálogo "siempre abierto y con buena sintonía" como el que ha mantenido el Gobierno de Castilla-La Mancha con el Ejecutivo, ahora en funciones, de Pedro Sánchez.
TAMBIÉN SERÁ RECURRIDO
Siguiendo con la "misma línea" planteada desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la Junta de Comunidades, este nuevo trasvase, ha explicado Martínez Arroyo, también se va recurrir.
Además de la vía judicial, el consejero asegura que también "se van a buscar estrategias diferentes" para conseguir que se pongan por delante del Memorandum las normativas de aguas existentes a nivel nacional y europeo.
"Es simplemente una cuestión de cumplir con la legalidad", ha reseñado Martínez Arroyo, quien ha recordado que se va a hacer siempre "con la mano tendida" y con solidaridad hacia los agricultores del Levante, que "hoy riegan con agua del trasvase y que seguirán haciéndolo, pero con agua proveniente de la desalación".
"Queremos que siga habiendo agricultores en el Levante que puedan regar sus cultivos, pero también queremos que los agricultores de Castilla-La Mancha tengan agua para generar desarrollo y empleo" y que el agua nos permita, además, "mantener unos caudales ecológicos adecuados para la cuenca del río Tajo", ha finalizado.
