El Tribunal Superior de Justicia de la región ha desestimado finalmente la solicitud del Ministerio de Industria que pedía la suspensión de la ampliación de la Zona Especial de Protección de Aves en la Laguna de El Hito de 1.000 a 25.000, cercana al basurero nuclear de Villar de Cañas. Con esta medida que ha tratado de suspender el Gobierno central, García-Page intenta paralizar la construcción del silo en la localidad conquense.
Según el auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM, esta resolución, "resuelve únicamente una petición de medida cautelar" y, por consiguiente, rechaza la suspensión solicitada de los efectos de dicho acuerdo del Consejo de Gobierno, "a expensas de la tramitación completa del proceso contencioso-administrativo y su terminación por sentencia".
El Tribunal argumenta en sus razonamientos jurídicos que “resulta llamativo”, que el Gobierno de Cospedal redujera en sus últimos días de legislatura la extensión de la zona ambiental correspondiente a la laguna, y que unos meses después, el nuevo Gobierno autonómico proceda a una "ampliación considerable de la misma".
Desde el tribunal también han explicado que las razones argumentadas por el Gobierno central se deben realizar mediante “otros mecanismos legales”, dado que "resulta prácticamente imposible la adopción de una decisión al respecto en esta vía cautelar". Añaden que la actuación de la Junta “está encaminada a la protección ambiental”, algo que entra en sus competencias.
En su análisis, el Tribunal considera que, frente a los perjuicios de carácter económico, que pueden ser reparados en un futuro, "se oponen los perjuicios para los intereses ambientales que supuestamente están en presencia, según el acuerdo de la Administración regional recurrido, y que pueden tener carácter irreparable".
Con la ampliación del área protegida, se prohibirá que se puedan realizar en la zona acciones que afecten sensiblemente a la realidad biológica del entorno, por lo que impediría continuar con la construcción del cementerio nuclear. Además, la Comisión Europea ya acabó dando la razón a la Junta. Al Gobierno central solo le queda jugar con una carta: declarar el basurero de interés público nacional, aunque con Rajoy en funciones y su posible relevo en el Gobierno, parece una decisión poco probable.
