Los vigilantes de seguridad del Museo del Ejército, ubicado en Toledo, han quedado tras la última adjudicación del Ministerio que dirige María Dolores de Cospedal en manos del conocido como 'capo' de la seguridad privada, Miguel Ángel Ramírez. Exitoso empresario del sector que desde 2012 encadena éxitos en las adjudicaciones públicas y una de cuyas empresas aparece como donante de la contabilidad del PP en los años 2010 y 2011, con aportaciones de 100.000 y 50.000 euros respectivamente.
Una adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad del Museo del Ejército a la empresa Marsegur S.A., compañía "del mismo entorno empresarial" que Sinergias Seguridad, la cual –en UTE con Cyrasa Seguridad- también acaba de conseguir la contrata del servicio de seguridad de las sedes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, poniendo también en jaque a sus 130 vigilantes ante la posibilidad de que sus condiciones laborales y salariales se vean afectadas al contar estas empresas con convenio propio.
Una incertidumbre que comparten ahora los 13 vigilantes del Museo dependiente del Ministerio de Defensa, y al que desde el sindicato Comisiones Obreras ya se ha rebautizado como "Museo de los Horrores Laborales y de la Explotación de Trabajadores de España", debido a las contratas que se están haciendo con los distintos servicios adjudicados por el departamento de Cospedal.
La empresa adjudicataria forma parte del conglomerado empresarial del también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, quien también controla Sinergias Seguridad. Ambas cuentan con un convenio colectivo propio, "legitimado por la escandalosa reforma laboral del PP", según el sindicato, lo que les está permitiendo hacerse con multitud de contratas públicas al pagar a sus trabajadores 400 euros mensuales menos que el resto de las empresas del sector que sí aplican el convenio colectivo estatal.
Una práctica por la que ya fue denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional del sindicato FTSP-USO en 2013. Entonces se le acusaba de "reventar" los precios en los concursos públicos, a costa de no pagar impuestos; para ello, presuntamente, habría abonado parte del salario de la plantilla en dietas y kilometraje, conceptos estos exentos de tributación. Una práctica que le habría permitido presentar ofertas un 40% más bajas que sus competidores en las distintas licitaciones.
Una práctica por la que el nuevo jefe de los vigilantes del Museo del Ejército también está siendo objeto de investigación, en concreto por la presunta comisión de un fraude fiscal de 13,78 millones de euros entre 2008 y 2013, al pagar "sistemáticamente" las horas extras como dietas a empleados de Seguridad Integral Canaria SA, hechos que -denuncian desde CCOO- "no ha impedido a Cospedal darle un nuevo contrato de 15 millones de euros".
Pero en el 'haber' judicial de Ramírez no solo se encuentra esta denuncia, puesto que también en 2010 fue condenado a 3 años de cárcel por un delito urbanístico, al construir ilegalmente en una zona protegida de las afueras de Las Palmas. Una condena que no llegaba a cumplir, al ser indultado en octubre de 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Un indulto que fue anulado en junio de 2015 por el Supremo al estimar la existencia de un defecto de forma, puesto que el departamento de Ruiz Gallardón 'se olvidó' de pedir el informe preceptivo a la Audiencia de Las Palmas, tribunal que le condenó.
Detallan desde el sindicato, que al llegar a Defensa Cospedal y su equipo, la junta de contratación del Ministerio otorgó a Marsegur la contrata de los servicios de seguridad de todas las sedes del Ministerio y de sus organismos autónomos, incluido entre ellos el Museo del Ejército. Un contrato de un año de duración que partía de un presupuesto base de licitación de 18.960.000 euros y que fue a esta empresa por 15 millones, al ser la suya, de las siete ofertas presentadas, "la más ventajosa económicamente".
Simultáneamente, la empresa Sinergias Seguridad, en Unión Temporal de Empresas con Cyrasa Seguridad, también presentó la "oferta más ventajosa económicamente" en el concurso de la Junta para adjudicar los servicios de vigilancia y seguridad de sus sedes de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
Recuerdan que los 130 vigilantes de la Junta afectados llevan meses movilizándose para exigir que el cambio de contrata no suponga que dejan de estar amparados por el convenio estatal del sector. Será la nómina de mayo la que desvele si Sinergias pretende aplicarles su propio convenio de empresa. Ese mismo miedo y esa misma ansiedad embargan ahora a los 13 vigilantes del Museo del Ejército.
Para García Montoya esta situación es "intolerable", al confluir "una legislación laboral aberrante y unas fórmulas de contratación de servicios públicos que sólo benefician a piratas como el señor Ramírez, en perjuicio de los trabajadores, de los empresarios honrados y del conjunto del sector".
"Habría que exigir a la patronal de seguridad privada, y las empresas del sector que sí aplican el convenio estatal, que denuncien la posición de ventaja con el que las compañías ligadas al señor Ramírez acuden a los concursos, puesto que sus ofertas económicas, sustentadas en salarios escandalosamente más bajos y en recortes de derechos a los trabajadores, les da como seguros adjudicatarios de estos servicios, y además avalados por la reforma laboral de Rajoy", declaran desde el sindicato.
