CIUDAD REAL.- Un paso más hacia la recuperación de las víctimas de la dictadura en Ciudad Real. Este lunes ha dado comienzo la exhumación de dos fosas comunes en la localidad manchega de Manzanares, dos semanas después de que se iniciase la primera de la provincia en Almagro. En ella se espera recuperar los restos de treinta víctimas de la represión franquista, asesinadas después de la guerra, entre junio de 1939 y noviembre de 1940.
Hasta el lugar se ha trasladado el alcalde de la ciudad, Julián Nieva, que ha señalado que la exhumación de hoy es "un hecho histórico" que cumple con la ley y dignifica "a quieres dieron su vida por defender la libertad y la democracia", y ha anunciado que, una vez se identifiquen a las víctimas, el Ayuntamiento rendirá homenaje a los represaliados dedicándoles un mausoleo en ese mismo espacio.
El regidor del municipio manchego también ha mostrado su apoyo a las asociaciones memorialistas y a las familias, algunas residentes ahora en Cataluña y Francia, que han asistido a presenciar la exhumación.
Según datos ofrecidos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, encargada de realizar los trabajos, en el municipio ciudadrealeño hay un total de 288 víctimas asesinadas durante los primeros años del régimen dictatorial.
La mayoría, unas 255, se encuentran en fosas comunes intramuros. Otras treinta, las que ahora se exhuman, se hallan en dos fosas del exterior. La separación de los enterrados se debe a la división de las zonas católica y civil del cementerio de Manzanares, una práctica habitual tras la victoria fascista, quedando los represaliados 'laicos' aislados en el extramuro.
María Alcarazo, la hija de uno de los represaliados, explica en una entrevista concedida a la iniciativa Mapas de Memoria y recogida en el informe de las exhumaciones de la ARMH que "había allí un barranco" para las personas "que no confesaban", además de aquellos que "se habían suicidado".
"Sabíamos que estaba allí", afirmaba entonces Alcarazo. El acceso a la zona civil del cementerio, llamado por los familiares "el corralillo", estuvo bloqueado durante varios años "con un cortado", en el que instalaron una puerta que permanecía siempre cerrada con un candado de gran tamaño.
"Eso fue la posguerra", asegura María en su testimonio. Su padre, Francisco Martín Alcarazo, fue de los últimos enterrados en las fosas de la zona civil. "Les echaron una poquita tierra", comenta la hija. Tan poca que "estuvo con una pierna destapada", porque los franquistas "no lo remataron".
Con la llegada de la democracia, fue destruido el muro que separaba el cementerio civil del católico, incluyendo las fosas dentro del mismo camposanto. En 1981, Josefa Peñuelas, la viuda de Francisco, promovió junto a sus familiares la colocación de una placa con los nombres de todos los asesinados.
En el informe se incluyen los datos de las treinta víctimas enterradas en las fosas de la zona civil, veintiuno en la primera y nueve en la segunda. Casi todos ellos fueron fusilados por 'adhesión a la rebelión', salvo dos hombres que fueron asesinados "por asfixia por suspensión", es decir, ahorcamiento. Los dos últimos, Ramón Ruiz y el ferroviario Antonio Díaz-Peñalver, se exhumaron hace varias décadas.
La mayoría de los represaliados eran afiliados de sindicatos y partidos defensores de la causa republicana. En la primera fosa del cementerio civil se encuentran Antonio Menchén y Pedro Gallego, tenientes de alcalde en la ciudad manchega de la mano del Partido Socialista.
También hay vecinos de localidades cercanas, como La Solana y Membrilla. De esta última, se encuentran enterrados los cuerpos de Francisco Arias y Avelino Bellón, que fueron respectivamente concejal y alcalde del Ayuntamiento por la CNT. Muchos de los enterrados en las fosas militaron en la organización anarcosindicalista, siendo la mayor parte humildes jornaleros, como el manzanareño Alfonso Fontiveros.
Treinta vidas de las que además forman parte médicos como el comunista Manuel Cebrián, policías municipales como el propio Alcarazo o capitanes del ejército Republicano como Juan José Camacho, afiliados ambos a la UGT.
La duración de los trabajos de exhumación dependerá del estado en el que se encuentren los restos. La ARMH tiene previsto recoger muestras de ADN de los familiares, aunque hay algunos que ya han hecho por su cuenta esa gestión. Igualmente, tratará de localizar a las familias que todavía no están en contacto; y recogerá información y documentación de los familiares de otras fosas con vistas a otras posibles actuaciones.
La intervención consiste prácticamente en constatar la presencia de los enterramientos en las fosas 1 y 4, teniendo como principal objetivo la identificación de los cuerpos rescatados tras la exhumación, que se hará mediante análisis de laboratorio. Una vez finalizado el proceso científico, se devolverán los restos a las familias.
La hija de Martín Alcarazo, que todavía no se siente "libre de miedo", desea que los restos de su madre puedan ser enterrados con su madre, que compró una tumba en propiedad para los dos. "A ver si pudiera llegar a ver eso", comentó en la entrevista concedida para Mapas de Memoria.
A la exhumación, además de la ARMH, ha asistido el colectivo local Memoria Histórica Manzanares. Su portavoz, José Luis de Gracia, se ha mostrado "contento por todo lo que este acto pueda implicar" a la hora de dignificar a las víctimas de la represión franquista. Del mismo modo, considera que la cuestión de los represaliados se ha abierto al debate social, y ha agradecido que se rompa con "tantos años de silencio".
El equipo que está desenterrando desde este lunes a los represaliados está coordinado por Marco Antonio González, el arqueólogo Serxio Castro y el antropólogo forense Sergio León; además de un equipo de una decena de voluntarios de la asociación. En el acto de hoy también ha asistido el portavoz de la asociación, Bonifacio Sánchez.
Los gastos de la exhumación serán sufragados exclusivamente con recursos de la asociación memorialista, sin contar con subvenciones de las administraciones públicas. Desde la ARMH se oponen a este modelo, apoyando que sea el Estado el que se encargue directamente de la recuperación de los cuerpos.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica defiende que en la futura ley de memoria democrática que prepara el Gobierno de España se cree un organismo público que atienda directamente a las familias, porque con el modelo actual se "está creando una discriminación entre las víctimas".
