El trabajador marroquí durante su declaración en el juicio, junto a un intérprete y, sentado, el agricultor condenado. Foto: Carlos Díaz/LANZA

CIUDAD REAL.- Dos años de cárcel, una indemnización de 34.300 euros más intereses y el pago de la mitad de las costas procesales. Esta es la condena que la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha dictado para el agricultor de Tomelloso que explotó laboralmente a un jornalero marroquí al que pagaba con "tabaco, cerveza y, de forma esporádica, algún billete de diez euros".

La sección primera del tribunal provincial considera a Francisco José L.S.R. culpable de un delito contra los derechos de los trabajadores, aunque lo ha absuelto del presunto delito de estafa agravada del que estaba acusado por la acusación particular.

Según la sentencia, se considera probado que el condenado tuvo la intención de "obtener un beneficio patrimonial ilícito", además de ser consciente de la "situación de carencia" en la que se encontraba Mustafá E.A., un migrante sin recursos económicos, con un bajo nivel cultural y que tenía una gran dificultad para encontrar otro trabajo con el que subsistir.

Los hechos se remontan al año 2016, cuando el agricultor y el jornalero acordaron verbalmente que el segundo desempeñaría tareas agrícolas consistentes en la preparación, siembra, crianza y recogida de los melones, así como la poda de sus viñas de su propiedad, una finca situada en el paraje de la Carriza, dentro del término municipal de Socuéllamos.

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A cambio, Francisco José se comprometía a pagarle a su jornalero con "comida, tabaco, cerveza y, de forma esporádica, algún billete de diez o veinte euros". Unas condiciones que impuso el propietario de las tierras buscando eludir sus obligaciones legales y siendo completamente consciente del "desprecio a las normas laborales vigentes".  

La sentencia sostiene que el condenado mantuvo de manera sistemática al trabajador para sí y bajo sus órdenes durante un periodo aproximado de tres años, sin percibir ningún salario a cambio, sin contrato de trabajo ni darle de alta en la Seguridad Social.

Tampoco había concertado un servicio de prevención ajeno, ni había realizado previamente una evaluación de los riesgos laborales, ni había formado al jornalero respecto a los riesgos de su puesto de trabajo.

En el año 2017 el agricultor, aprovechándose de la situación de necesidad del trabajador, que no tenía descansos semanales ni vacaciones, acordó con él que las ganancias derivadas de la venta de melones durante las campañas de ese año y de 2018 se repartirían a medias entre ambos.

A fin de garantizar la seguridad del producto y evitar robos, pactaron que Mustafá ejercería además labores de vigilancia y control en el campo, para lo cual el acusado le cedió el uso de un 'bombo' –construcción típica de la comarca de Tomelloso- que "carecía de las más mínimas condiciones de habitabilidad, higiene y salubridad".

Un alojamiento que no tenía luz eléctrica, cuarto de baño, gas y agua, viéndose obligado a beber y asearse en un pozo de la finca. Allí permaneció la víctima durante un periodo aproximado de dos años, incluidos los fríos inviernos.

En esos dos años el condenado obtuvo unos beneficios de derivados de la venta de melones de unos 73.767,37 euros, de los cuales la mitad corresponderían al jornalero en virtud del acuerdo alcanzado, aunque finalmente no le entregó nada.

Durante el juicio, celebrado el pasado mes de julio, Francisco José negó todas las acusaciones de su antiguo trabajador, afirmando que le pagó todo lo acordado durante el primer año y le dio 3.000 euros el segundo aunque no ganó "nada". Asimismo, aseguró que fue el migrante quien le "rogó" vivir en el bombo y que, por su parte, solo ha querido "hacer el bien".

En su versión de los hechos, el tomellosero sostuvo que Mustafá solamente "trabajaba cuando le daba la gana", pasando la mayor parte del día durmiendo después de estar "bebiendo cerveza y fumando canutos" toda la noche. "Me ha pasado esto por bueno", espetó ante los jueces.

Una versión de los hechos a la que el tribunal no ha dado ningún crédito, sobre todo después de escuchar las declaraciones de los testigos y comprobar el buen estado de las finanzas del ahora condenado.

No obstante, la Audiencia de Ciudad Real ha estimado oportuno dictar una condena inferior a las solicitadas por parte de la Fiscalía y la acusación particular. El representante del ministerio público pedía tres años de cárcel, una multa de 10 euros diarios durante doce meses y una indemnización de 40.000 euros para la víctima. La acusación ampliaba la prisión a cinco años.