La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, durante su rueda de prensa de este miércoles. Foto: Esteban González

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha respalda la iniciativa planteada por el PSOE en el Congreso para convertir en delito el acoso y hostigamiento que sufren las mujeres que acuden a clínicas en las que se practican abortos, aunque a la vez pide que también se respete a los profesionales sanitarios que objetan.

Una iniciativa que obtenía este martes el respaldo mayoritario del arco parlamentario (199 votos a favor, 144 en contra y 2 abstenciones), y que contempla penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes "coarten u hostiguen la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", tanto promoviendo como favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para ello, al menoscabar así la libertad y la intimidad de estas mujeres.

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Una proposición de ley que para la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández, es "muy útil" y "necesaria", puesto que se producen situaciones de acoso a mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo, algo a lo que tienen derecho y con lo que "cumplen perfectamente la ley".

Por ello considera que las demás personas deben "respetar su decisión" y además "no someterlas a una presión que, muchas veces, es muy estresante y dura para las mujeres que la padecer".

DERIVACIÓN A CLÍNICAS PRIVADAS

Pero a su vez, y respecto a la situación en Castilla-La Mancha, Fernández ha señalado que al igual que en el resto de comunidades autónomas "hay un buen número de profesionales acogidos a su derecho a la objeción de conciencia", algo -ha recordado- que contempla la ley ya desde hace muchos años.

Así, ha explicado que cuando se produce "una situación de peligro para la madre o para el feto, se interviene directamente en el hospital", mientras que si se trata de una interrupción programada "se deriva a clínicas privadas".

Esto se debe, según ha justificado la consejera de Igualdad, a que el número de profesionales acogidos a la objeción de conciencia es "tan grande", que se tiene establecido ese sistema de derivación "para garantizar el derecho de las mujeres -que es, en definitiva, lo que nos importa- a poder interrumpir su embarazo en condiciones de salubridad absoluta, de calidad, de respeto, de máxima tranquilidad y de intimidad", lo cual -ha precisado- "es importantísimo".

Es por ello que en Castilla-La Mancha no se notificó al Ministerio de Sanidad ninguna interrupción voluntaria del embarazo en centros sanitarios públicos en el año 2019 -los últimos datos disponibles-, al igual que ocurrió en otras cuatro comunidades autónomas (Madrid, Extremadura, Aragón y Murcia), aunque sí se practicaron en dos clínicas privadas de la región.

Así, Blanca Fernández ha pedido que no se "demonice" a los profesionales de la pública, porque tienen derecho a acogerse a la objeción de conciencia "porque lo establece la Constitución, que es el marco que nos hemos dado entre todos y todas".

Por ello ha pedido el mismo respeto que se pide a las personas que acosan a las mujeres que interrumpen libremente su embarazo, para aquellos profesionales de la Sanidad pública que se acogen a su derecho de objeción de conciencia.