TOLEDO.- La Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha confirma la remisión a la Fiscalía General del Estado de una copia íntegra del procedimiento penal incoado por la muerte de 75 personas en la residencia de mayores Elder de Tomelloso durante la primera ola de la pandemia de covid-19, y recuerda que el caso fue sobreseído tras trece meses de instrucción.
Así lo señala en un comunicado emitido este viernes por la Fiscalía Superior, tras la publicación por parte de PeriódicoCLM de la oposición a la reapertura del caso por parte de la fiscal encargada del mismo, de fecha 18 de enero, y a la que ha seguido en el tiempo la petición de información detallada sobre las muertes en residencias de Madrid, Cataluña y esta de Tomelloso en concreto, por parte de la Fiscalía General del Estado.
Un comunicado en el que el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, recuerda la fase en la que se encuentra el proceso, cuyo sobreseimiento se encuentra recurrido ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real por parte de las acusación particular y al que se han opuesto la defensa del investigado, el director de la Elder, José Manuel Sampedro, y la fiscal del caso.
Fernández recuerda que se incoaron diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso, en base a la denuncia de la representación de los familiares de varias personas fallecidas en la residencia. Una denuncia que el fiscal resume en señalando que venía a manifestar "que la responsabilidad del fallecimiento de un total de 75 personas en el centro Elder durante los primeros días de la pandemia recaía en la actitud omisiva del director", al tiempo que también se dirigía el escrito contra el patronato de la fundación titular del centro residencial como responsable civil.
Según el fiscal superior, en esa denuncia "se atribuían dos graves hechos a la dirección del centro", por un lado la "falta absoluta" de medidas preventivas contra la covid-19 a pesar de los requerimientos que le hacía el personal del centro, y por otro lado, el "abandono sin causa justificada" de la residencia en los peores momentos de la crisis sanitaria. "Hechos que a juicio de los denunciantes podrían constituir diversos delitos de homicidio por imprudencia grave y de omisión del deber de socorro", ha recalcado.
Sin embargo, "en base a las numerosas diligencias que se practicaron durante los 13 meses que duró la instrucción y a pesar de la indudable gravedad de los resultados que se denuncia, que el Ministerio Fiscal lamenta" -precisa Emilio Fernández en el comunicado-, los cuales se han investigado, "el juez de instrucción, el 9 de diciembre de 2021, decretó el sobreseimiento de las acusaciones al considerar que no había quedado acreditada la comisión de ilícito penal alguno".
Argumentos de un auto, precisa también, que "fueron compartidos por la fiscal encargada del caso y por su superior jerárquico".
Entre ellos, cabe recordar, el juez instructor (cuyo cambio de destino se publicaba en el Boletín Oficial del Estado casualmente el mismo día que firmaba el auto de sobreseimiento, aunque era ya conocido al ser fruto de un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial el 4 de noviembre) señalaba que la mayoría de las muertes en esta residencia se había debido "a circunstancias desafortunadas", excluía cualquier infracción del deber de cuidado y aseguraba que en ningún momento había existido "una actuación indolente por parte del director", tal y como denunciaban los familiares.
Cuestiones que la fiscal comparte en su argumentación para oponerse a la apelación planteada por el abogado de las familias, Luis Miguel Polo, tal y como avanzaba este jueves PeriódicoCLM.
El fiscal superior de Castilla-La Mancha explica que es por ello que no se recurrió la citada resolución, y por ello, con fecha 18 de enero, se impugnaba el recurso de apelación "de forma fundada, detenida y rigurosa, y siempre respetuosa, como no puede ser de otro modo, con los derechos de todos los intervinientes en la causa, y en especial de las víctimas y sus familiares, personados o no".
Concluye el responsable de la Fiscalía Superior reiterando que lamenta profundamente los fallecidos de las residencias "en ésta y en todas las demás" y que comprende "el dolor de las familias de los fallecidos". Al mismo tiempo, y reproduciendo literalmente el punto octavo del escrito de oposición de la fiscal del caso, expresa el "respeto absoluto" a todos los familiares de las personas fallecidas en la residencia Elder y asegura comprender "perfectamente" el interés de los denunciantes en conocer la verdad de lo sucedido, lo cual -insiste- "se ha intentado conseguir durante la instrucción".
