TOLEDO.- Castilla-La Mancha tendrá la obligación legal de proporcionar un recurso de acogida específico para las personas LGTBI que sean expulsados de su hogar por su orientación o identidad sexual. Se trata de uno de los recursos concretos que contempla la nueva ley de Diversidad Sexual y de Derechos LGTBI, cuyo proyecto ha recibido esta semana luz verde por parte del Consejo de Gobierno.
Una norma que prevé un servicio de atención integral a quienes hayan podido sufrir acoso, trauma, violencia o rechazo por su orientación o identidad sexual, para lo cual se regula la obligación de evaluar la necesidad de establecer un recurso de acogida específico en casos de salida obligada del hogar por esas circunstancias.
Una aprobación con la que se da cumplimiento a un compromiso que el Ejecutivo mantiene desde el principio de la legislatura, pero a la vez responde a una "deuda histórica" con un colectivo que ha sufrido discriminación, violencia e invisibilidad durante muchos años y que "todavía hoy, en el siglo XXI, necesita la protección de sus derechos".
Así lo señalaba en rueda de prensa este miércoles la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, quien insistía en que esta ley es un desarrollo de la Constitución para "garantizar la igualdad real, la igualdad de oportunidades, la igualdad efectiva y el derecho a la no discriminación por tu orientación o por tu identidad sexual".
Y aunque en este caso Castilla-La Mancha no ha sido pionera, como sí lo fue con la primera ley de Igualdad, la primera ley de protección a las víctimas de la violencia de género o la primera en adaptar el Convenio de Estambul a su normativa, con la ley para una sociedad libre de violencia de género, es importante "resarcir" finalmente esa deuda.
Desde el Gobierno se ha compensado ese retraso, el ser una de las últimas comunidades autónomas en aprobar una ley de protección a los derechos de las personas LGBI, con "mucho trabajo, escucha activa permanente" con numerosos colectivos y buena parte de la sociedad. En este sentido, Fernández destacaba que se trata de una norma "muy participada", que se podría decir que "ha surgido de la ciudadanía" y a la vez "muy bien armada jurídicamente".
La consejera de Igualdad quiso agradecer a las entidades, organizaciones y personas individuales que han contribuido presentando más de 500 alegaciones a los distintos borradores, lo que ha permitido "incorporar otras perspectivas" al texto, tratando de "aunar posturas", ya que esta ley "debe servir para lanzar también un mensaje de unidad: en Castilla-La Mancha no solamente estamos preparados para respetar a las personas en cuanto a su diversidad sexual, sino que estamos obligados a protegerles".
Por ello desde el Gobierno confían en que esta ley pueda contar con el consenso de todos los grupos políticos, con los que ya se ha mantenido "alguna conversación fructífera y positiva", que esperan se sustancie "en un voto unánime".
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Respecto a la estructura de esta norma, Blanca Fernández detallaba que está compuesta por 66 artículos, que tiene un título preliminar, cinco títulos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y cinco finales.
Asimismo subrayaba como sus principios rectores la protección de los derechos humanos y los derechos constitucionales; la atención a las reivindicaciones históricas del colectivo LGTBI; la garantía de la igualdad real efectiva y el derecho a la no discriminación que establece la Constitución.
Pero además, destacaba Fernández, se trata de una ley "con perspectiva de género", ya que "no nos debemos olvidar de las mujeres del colectivo que muchas veces están invisibilizadas".
Se trata de una ley "integral y trasversal", con prevalencia a la atención respetuosa a la diversidad sexual por parte de las administraciones; basada en la cooperación interadministrativa para dar visibilidad positiva a las personas LGTBI de la región, "con el deber de intervención frente a la discriminación y protegiendo el interés superior de la niñez", subrayaba Fernández.
Una ley que protege los derechos humanos y constitucionales, estableciendo mecanismos de implementación del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación; al libre desarrollo de la personalidad; a la integridad personal y frente a la violencia; así como a la intimidad personal y familiar; el derecho a la propia imagen y a la promoción de la salud.
PROHIBIDAS LAS TERAPIAS DE CONVERSIÓN
Pero además esta ley contempla una serie de recursos y "resarcimientos" para reparar en la medida de lo posible "los derechos violados", precisaba Fernández.
Así, entre las medidas concretas más destacadas de esta norma se encuentra la prohibición de las terapias de conversión, aversión y contracondicionamiento que tratan de curar la homosexualidad y la transexualidad como si fueran una enfermedad. Terapias conductuales "agresivas, estresantes, traumáticas y nocivas absolutamente para la salud mental de las personas que se someten a ellas, la mayoría de las veces obligadas", apostillaba la consejera.
Una prohibición que durante el proceso de participación tuvo sus detractores, llegándose a pedir por parte de un grupo de seglares de la Archidiócesis de Toledo, que defendían estas terapias destacando el "legítimo ejercicio" de las mismas "por parte de profesionales", que no se incluyera en la norma.
Al margen de esta medida, la nueva ley de Diversidad Sexual y de Derechos LGTBI prohíbe también la mutilación genital intersexual en los bebés, excepto si el criterio médico establece que es lo mejor para su salud; se establece la despatologización de la transexualidad, como principio rector de la norma; así como el establecimiento de medidas concretas en el ámbito rural; la creación del Consejo de Participación LGTBI y la determinación de que la Junta de Comunidades se personará como acusación popular en caso de asesinato por causa de odio a una persona por su orientación o identidad sexual.
Una norma para la que la consejera de Igualdad confía en conseguir "el mayor consenso", algo "imprescindible" en esta ley al deber demostrar que "la generosidad y los derechos están muy por encima de los intereses de un gobierno o de un partido determinado".
