TOLEDO.- Evitar los desplazamientos a título particular a la zona fronteriza de conflicto para recoger a refugiados, evitar las donaciones de materiales en especie y acudir al sistema de acogida temporal y tutela de menores no acompañados regulado por la Junta de Comunidades, son algunas de las peticiones que de forma conjunta realizan las entidades de acogida a refugiados e intervención humanitaria de la región y las administraciones castellanomanchegas.
Así lo han señalado en un comunicado conjunto tras la reunión mantenida en el Palacio de Fuensalida de Toledo entre el Gobierno regional, representantes de la FEMP y de las diputaciones provinciales, con las principales entidades de acogida de población refugiada y entidades de referencia en la intervención humanitaria en la crisis de Ucrania.
ACNUR, Unicef, CONG-CLM, ACCEM, Fundación Cepaim, Cruz Roja, Provivienda, Guadacoge y MPDL firman este comunicado junto al Gobierno de Castilla-La Mancha, la Federación de Municipios y Provincias de la región, así como las diputaciones provinciales de Toledo, Cuenca, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, en el que se insta a la ciudadanía a canalizar de forma "adecuada y efectiva" la ayuda a la población refugiada de Ucrania.
Un comunicado en el que tras agradecer la red de solidaridad que desde particulares, entidades e instituciones ha surgido en relación a esta emergencia, realizan una serie de recomendaciones para canalizar toda esa ayuda.
Así, recomiendan "encarecidamente" que en este momento se eviten todo tipo de donaciones en especie que puedan ocasionar perjuicios e impactos negativos en el ámbito social, económico y medioambiental, y cuya gestión dificulta el trabajo especializado de las entidades humanitarias así como la distribución de ayuda con todas las garantías de seguridad que las víctimas de la guerra requieren y merecen.
Subrayan que en situaciones como la actual es más importante que nunca que la ayuda humanitaria llegue a las personas más vulnerables "sin dañar los mercados y canales locales, sin poner en peligro al personal humanitario ni a los actores de la ayuda internacional, y sin comprometer la seguridad de las personas ni de los bienes".
Pero además, es fundamental "optimizar" la eficiencia en la distribución de la ayuda, evitando el consumo de recursos adicionales, gastos superfluos y evitables, así como un daño ambiental excepcional, ocasionados por el traslado de mercancías entre países.
Señalan así que por "bienintencionadas que sean" las donaciones materiales "pueden no responder en absoluto a las necesidades detectadas o descubiertas sobre el terreno" por parte de las organizaciones humanitarias especializadas en la materia.
Por otra parte, piden también evitar los desplazamientos a título particular a la zona fronteriza con el conflicto para recoger a personas desplazadas "sin la coordinación imprescindible con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", al ser este el garante principal de acceso a servicios y ejercicio de derechos de la comunidad refugiada en España.
En lo que se respecta a los menores no acompañados, los firmantes recuerdan que la acogida temporal, tutela y adopción de estos está regulada por los servicios del menor de la Junta, que velan por la protección de los menores, por el cumplimiento de las normas jurídicas de su país de origen y por el cumplimiento de las leyes de esta comunidad.
En esta línea subrayan que "cualquier interés particular por la acogida temporal de menores debe realizarse a través de este sistema para no incurrir en potenciales irregularidades y vulnerabilidades".
Un peligro sobre el que ya se había llamado la atención hace unos días desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, apelando a la ciudadanía a recurrir al programa de acogimiento existente, así como también por parte de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, desde la que se pedía la comunicación de la llegada de estos menores no acompañados.
Por otra parte, recomiendan que ese "impulso solidario" de la ciudadanía, entidades bancarias, sociales, empresariales y administraciones públicas de todo nivel sea canalizado a través de ayudas económicas a entidades humanitarias acreditadas y solventes, a la Agencia Española de Cooperación Internacional a través de su Oficina de Acción Humanitaria, y a aquellas organizaciones no gubernamentales con experiencia acreditada que trabajan en la región dentro del Sistema Nacional de Acogida incluyendo o facilitando la cesión, donación temporal o alquiler a bajo coste de viviendas que permitan garantizar el bienestar y promover la dignidad de las personas acogidas.
Por último solicitan a los medios de comunicación "proporción" en la difusión del conflicto, al tiempo que hacen una llamada a la reflexión para "dimensionar adecuadamente la exposición de iniciativas particulares" que a corto y medio plazo podrían suponer un perjuicio para la población abordada, especialmente para aquellos casos en los que se encuentran involucrados menores, acompañados o no.
Piden así que se evite todo lo posible la difusión pública de su imagen, su ubicación temporal así como otros detalles que puedan poner en peligro su integridad física o emocional, su salvaguarda y seguridad.
