TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha la maquinaria para aplicar políticas públicas de memoria histórica en la región, constituyendo el Consejo Asesor que participará en la definición de las líneas estratégicas en esta materia.
Un órgano que se ha reunido por primera vez este lunes en el toledano Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, bajo la presidencia del vicepresidente del Ejecutivo, José Luis Martínez Guijarro -ya reincorporado a la actividad tras dar positivo por covid hace algo más de una semana-, con la representación de las dos universidades de la región (Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Alcalá de Henares), las entidades locales a través de las cinco diputaciones y los ayuntamientos (representados por la Federación de Municipios y Provincias), y la sociedad civil a través de las asociaciones memorialistas.
Un órgano cuyo decreto de creación y regulación se publicaba el pasado mes de octubre en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, subrayando su carácter técnico. Este Consejo Asesor de la Memoria Democrática en Castilla-La Mancha será el encargado de coordinar el impulso y la promoción de los derechos humanos en torno a la recuperación de la memoria democrática de cara al reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas y represaliadas, así como a mejorar el conocimiento de la reciente historia regional en la lucha por las libertades democráticas.
Asimismo entre sus misiones se encuentran la de emitir informes sobre los planes y programas que lleve a cabo el Ejecutivo regional en esta materia.
Se empiezan a dar así los primeros pasos, con la invitación por parte del vicepresidente regional a todos los componentes del Consejo Asesor a plantear iniciativas de proyectos de divulgación, investigación y exhumación, con el fin de elaborar las propuestas que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha trasladará a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en el marco del Plan Cuatrienal 2020/2024 puesto en marcha por el Gobierno de España.
Un plan al que el Ejecutivo central destina 3 millones de euros, y que se encuentra estructurado en torno a tres líneas estratégicas. Por una parte la localización, exhumación e identificación de las víctimas; por otra la divulgación de trabajos y resultados de acuerdo con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición; y por último favorecer el enterramiento regular de las víctimas halladas o, en su lugar, dignificar los lugares de enterramientos irregulares conforme a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Mientras que las iniciativas y proyectos se ponen sobre la mesa, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha recuerdan que a lo largo de los últimos meses ya se ha venido trabajando en materia de memoria democrática en la región.
Muestra de ello, señalan, la firma del acuerdo marco con la Universidad de Castilla-La Mancha para la elaboración del Plan Regional de Estudio sobre Memoria Democrática, a través del cual se ha trabajado en la elaboración del mapa regional de fosas y su integración en el proyecto del mapa estatal que promueve el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, así como la creación del portal web de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha con el fin de divulgar todo el conocimiento que se tiene al respecto.
Asimismo destacan los proyectos de exhumaciones en los cementerios de las localidades de Tembleque (Toledo) y Manzanares (Ciudad Real) mediante convenios con dichos ayuntamientos. Precisamente en la localidad ciudadrealeña hace un par de semanas se procedía a la apertura de una nueva fosa, en la que se pretendía recuperar los cuerpos de trece víctimas del franquismo, asesinados durante el verano de 1940. Unos trabajos que se desarrollan también en el marco de ese convenio de colaboración entre la Junta y el consistorio manzanareño.
