Castilla-La Mancha contará con un Consejo Asesor de la Memoria Democrática a partir de 2022

El nuevo órgano se encargará de estudiar medidas encaminadas a la rehabilitación moral de las víctimas que sufrieron la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Trabajos de exhumación en una fosa del cementerio de Manzanares. ARCHIVO
photo_camera Trabajos de exhumación en una fosa del cementerio de Manzanares. ARCHIVO

TOLEDO.- Castilla-La Mancha avanza en el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM) ha publicado este lunes el decreto que crea y regula el Consejo Asesor de la Memoria Democrática, destinado al estudio de medidas encaminadas a la rehabilitación moral de las personas que sufrieron la represión franquista.

Se trata de un órgano de carácter técnico, similar a los constituidos por parte de otros gobiernos autonómicos, que se apoya en la Ley 52/2007 de Memoria Histórica y en las recomendaciones de Naciones Unidas para que se lleven a cabo políticas públicas dirigidas al fomento de la memoria democrática en la región.

Tiene la finalidad de impulsar los derechos humanos en torno al reconocimiento institucional de las personas represaliadas y desaparecidas en Castilla-La Mancha, además de mejorar el conocimiento de la reciente historia regional en la lucha por las libertades democráticas.

El decreto publicado en el DOCM también establece que las iniciativas desarrolladas por el Consejo Asesor estarán destinadas a la promoción de los valores democráticos entre la ciudadanía, así como los principios de verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición, amparados por el derecho internacional.

Entre las funciones de este órgano colegiado se encuentran asesorar al Gobierno regional en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica o debatir y presentar propuestas que den cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Igualmente, el Consejo Asesor deberá facilitar la colaboración de las Administraciones Públicas con instituciones públicas o privadas, fomentando la cooperación en la materia mediante la celebración de convenios y acuerdos en beneficio del Patrimonio Cultural castellanomanchego.

Por último, el nuevo órgano informará de los planes y programas que realicen las administraciones, divulgará las investigaciones científicas que se realicen en el ámbito y deberá presentar iniciativas para promover la cultura democrática en los centros de enseñanza.

En cuanto a la composición del Consejo Asesor, el mismo será paritario y estará formado por un presidente y doce vocales. La Presidencia recaerá en la persona titular de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro.

Dentro de las vocalías habrá tres personas representantes de las asociaciones de memoria histórica y otras tres de las universidades de Castilla-La Mancha; un representante de cada diputación provincial y otro de la Federación de Municipios y Provincias. Asimismo, la Junta contará con un representante en materia de cultura, otro de universidades, un tercero vinculado a la administración local y el que desempeñará las funciones de secretario.

Desde la Presidencia se podrá convocar, con voto pero sin voto, a personas que sean especialistas en las materias objeto de las reuniones. Cuando la complejidad del asunto lo precise, también podrá constituirse una ponencia técnica.

Los vocales del órgano desempeñarán su cargo durante un periodo de dos años, salvo que sean sustituidos con anterioridad, y podrán ser reelegidos a su vencimiento.

Según las disposiciones del decreto, el mismo entrará en vigor a los veinte días de su publicación. A partir de entonces, el Consejo Asesor deberá constituirse en un plazo máximo de tres meses, es decir, en febrero de 2022.

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