GUADALAJARA.- Los tribunales asestan un nuevo revés a los intereses trasvasistas, después de que la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional haya avalado el recorte en el envío de agua para regadío vía trasvase, al desestimar el recurso interpuesto por el Gobierno murciano contra la orden del Ministerio que reducía de 20 a 16 hectómetros cúbicos el trasvase correspondiente a febrero de 2020, apelando a la contaminación por nitratos existente en el Mar Menor.
Una decisión que da esperanzas a los municipios ribereños de los embalses de cabecera en su lucha en defensa del patrimonio medioambiental español frente a los intereses trasvasistas, al considerar que esta decisión judicial "evidencia que el mal estado del Mar Menor responde directamente al envío continuado de agua desde el Tajo para el desarrollo de la agroindustria".
Cabe recordar que cuando se adoptó la orden recurrida, la cabecera del Tajo se encontraba en situación de nivel 3, siendo el máximo permitido a trasvasar de 20 hectómetros cúbicos, aunque dejando a discreción del Ministerio el rebajar ese volumen de forma justificada. Así, la ministra Teresa Ribera redujo el agua a derivar hacia el Levante a 16,2 hectómetros cúbicos, algo que según ha determinado la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, "se encuentra debidamente justificado" en la resolución.
Aquella orden ministerial dio lugar a polémica, puesto que el recorte afectaba no solo a la Región de Murcia, sino también a comunidades de regantes de Almería y Alicante, muy alejadas del Mar Menor.
Desde la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía consideran que "la burbuja del regadío tiene los días contados", al poner "las cartas sobre la mesa" esta decisión judicial.
En su opinión, "ya no hay trampas que valgan", salvo que "sigan haciéndoselas al solitario en la Región de Murcia". "Ni todo el dinero del SCRATS, ni todo el poder de la Fundación Ingenio pueden igualar la partida", apostillan.
Y es que para los ribereños ha quedado claro que "el Mar Menor se muere por culpa de la sobreexplotación agroindustrial" que lleva desde hace más de 40 años, cuando llegó la primera gota de agua del Tajo, "multiplicando las hectáreas de regadío en su entorno".
Para la presidenta de la Asociación de Municipios Ribereños, María de los Ángeles Sierra, está claro y considera que "la partida está ganada". Aunque el colectivo difiere "en los tiempos", creen que "no hay vuelta atrás" y que "si no cerramos nosotros el trasvase, lo cerrará el cambio climático con peores condiciones para todos".
Por su parte el vicepresidente de la asociación, Borja Castro, subraya que el trasvase "es perjudicial para el patrimonio de todos los españoles, para quienes vivimos a este lado de la tubería y quienes lo hacen a orillas del maltrecho Tajo, pero también al otro lado, para quienes ven cómo el Mar Menor muere envenenado por culpa de la codicia de las grandes empresas hortofrutícolas y de un Gobierno de la Región de Murcia superado por la situación, expuesto a la opinión pública y descompuesto por la podredumbre trasvasista", apostilla.
Un contexto en el que este martes se vuelve a reunir la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura y se prevé la aprobación de una nueva derivación de agua hacia Levante. La última, acordada el pasado 24 de junio, establecía un trasvase de 16 hectómetros cúbicos para el mes de junio, de los cuales 8,5 serían para regadío y los 7,5 hm3 restantes para abastecimientos urbanos.
La situación hidrológica excepcional se mantiene y sigue habiendo agua cuyo trasvase ha sido autorizado aún sin derivar, lo que sumado a esta decisión de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional lleva a los ribereños a confiar en que desde el Ministerio "se valore" esta sentencia y se abogue por "continuar en la buena línea de reducción de los envíos de agua". Máxime, apostillan, cuando la situación en los embalses de Entrepeñas y Buendía es "crítica".
