TOLEDO.- Nerviosos, asustados, desesperados y con miedo. Son algunas de las palabras que utilizan los vecinos de la urbanización Calalberche en la localidad toledana de Santa Cruz del Retamar, para explicar cómo se sienten ante la presencia de okupas conflictivos en uno de los chalés. Individuos que profieren gritos y amenazas constantes a los vecinos, a quienes les dicen que les van a "cortar las manos y violar a las mujeres".
Una situación insostenible que este vecindario ha decidido denunciar públicamente y a través de sus redes sociales para exigir una solución en esta lucha contra la delincuencia y la okupación que se agravan al llegar la temporada de verano, no siendo esta la primera vez que ocurre.
La urbanización cuenta con más de 2.500 viviendas en las que residen "gente buena y trabajadora", tal y como ellos mismos se definen, si bien hay alguna casa que no está habitada y se convierte en el objetivo de estos intrusos, cuyo comportamiento deja mucho que desear.
Se enganchan a la luz y al agua ilegalmente, hasta el punto de que llenan las piscinas para su uso y disfrute durante el tiempo que permanecen en los chalés, tiran basura, queman rastrojos y hacen ruido sobre todo por las noches, lo que impide a los vecinos poder descansar con tranquilidad. Esto les obliga, cada dos por tres, a llamar a la Guardia Civil y ni aún así consiguen echarlos.
Lamentan los vecinos que los okupas "hacen lo que les da la gana" y que "tienen más derechos que nosotros", además de que es imposible hablar con ellos porque solo insultan e increpan, incluso a los agentes de la Guardia Civil, con una actitud violenta que hace que algunas noches no puedan pegar ni ojo porque "no sabes lo que va a pasar, es gente que no mide y van puestos de todo hasta arriba", aseguran.
Algo que han mostrado ante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación los propios okupas, que acusan a los vecinos de molestarles y llamar a la Guardia Civil. Uno de ellos incluso asegura que han entrado en lo que él llama su casa, que le han roto los cristales y que "eso es allanamiento de morada".
Lo peor de todo, insisten los vecinos, es que se está convirtiendo en una "tradición", puesto que "es llegar el verano y empezar a okupar chalés", tal y como ya ocurrió en el año 2020, el primer año de la pandemia de la covid-19 y después del confinamiento. Desde entonces, no han parado de pedir soluciones al Gobierno para que "legisle con justicia" y que la Justicia "sentencie con valor y en pro de quienes cumplen las leyes y no de quienes las incumplen".
"¡Basta ya de okupación!" y "¡Okupas fuera!" son los gritos de guerra del vecindario de Calalberche que cada vez que ocurre algo así y llegan intrusos a la urbanización, organizan caceroladas para intentar que se marchen. También para llamar la atención de las administraciones competentes y que, de una vez por todas, den una solución definitiva.
Una problemática a la que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere pone coto y, para ello, redactó una proposición de Ley Antiokupación que fue aprobada en las Cortes regionales en diciembre de 2020 para enviarla al Ejecutivo central, que es el que tiene las competencias en este ámbito, pero por el momento no se ha tramitado nada a nivel nacional pese a ver con buenos ojos la iniciativa.
No obstante, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se comprometió hace tres meses, en una reunión con el presidente regional, Emiliano García-Page, a estudiar la Ley Antiokupación de Castilla-La Mancha, de la que destacó su rigurosidad e importancia para garantizar la seguridad y la convivencia.
Además, García-Page recuperó también su idea de crear una Fiscalía Antiokupación para homogeneizar los trámites en todo el país a la hora de abordar el proceso jurídico, y propuso, a principios de este año y tras reunirse con representantes de las entidades bancarias, elaborar un censo común de las viviendas nuevas vacías para mejorar las coordinación en las actuaciones contra la okupación.
Cuestiones todas ellas aún pendientes de materializarse, mientras que los vecinos de urbanizaciones como la de Calalberche en Santa Cruz del Retamar se ven obligados a 'convivir' con estas situaciones.
